Polémica por contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro por más de $42.000 millones: esto respondió la entidad

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) está siendo cuestionada por una serie de contratos directos en tecnología que sumarían más de $42.000 millones, una decisión que la entidad justificó aduciendo riesgos críticos de ciberseguridad y la cual abrió una polémica debido al momento en que se adjudicaron y por la similitud señalada con otros procesos.

Una investigación publicada por El Tiempo presentó cuestionamientos sobre recientes nombramientos de notarios y un proceso contractual por cerca de $19.439 millones en la Superintendencia de Notariado y Registro.

Estos hechos van a quedar sujetos a revisión durante el Empalme Anticorrupción entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella. El equipo de transición, encabezado en el área de Justicia por Iván Cancino, incluirá a la Supernotariado entre las entidades bajo observación.

La SNR aclaró, en el caso de los contratos de tecnología, que por ahora, solo existe una invitación a cotizar y que no hay una contratación en curso.

La explicación oficial de la SNR fue que la adjudicación a Infotic se produjo tras detectar “riesgos críticos e inminentes en materia de ciberseguridad, tales como ataques cibernéticos y la amenaza de secuestro de información, que exigían una mitigación inmediata”, según declaraciones reveladas por Blu Radio.

La entidad añadió que la prórroga del contrato tuvo como objetivo monitorear la efectividad de los correctivos adoptados.

Durante el cierre de año y en la etapa previa a las elecciones la superintendencia recurrió a la contratación directa con al menos dos firmas del sector.

El primer contrato, por más de $7.300 millones, fue adjudicado a Infotic para servicios de ciberseguridad con un plazo inicial de una semana, aunque su ejecución se extendió hasta el 30 de abril.

El segundo acuerdo directo se firmó el 30 de enero, último día habilitado para ese tipo de adjudicaciones antes de los comicios, de acuerdo con el medio. En esa fecha, la entidad otorgó a Colombia Digital un contrato por más de $16.000 millones para fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información.

Así mismo, sobre las observaciones por la similitud entre los acuerdos, la entidad rechazó que hubiera coincidencias en el objeto y en las obligaciones. Su posición fue que ambos contratos “atienden necesidades diferenciadas y específicas” y que “cada etapa ejecuta su propio alcance y cuenta con entregables particulares y distintos”.

Por su parte, el superintendente Ricardo Agudelo Sedano defendió ante El Tiempo que los nombramientos responden a la necesidad de mantener el servicio notarial y se ajustan a la ley.

Sobre la contratación, afirmó que aún no existe un proceso formal, sino un estudio preliminar para resolver problemas de conectividad en el servicio registral. Fuentes del equipo de empalme, le confirmaron a dicho medio, que estos temas serán revisados durante la transición.

“Con el fin de subsanar esta situación, la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información adelanta un estudio de mercado para la adquisición de bienes y servicios especializados, el cual requiere atención prioritaria”, dijo el funcionario a El Tiempo.

Entre tanto, el acuerdo con Infotic incluía servicios SOC/NOC y actualización de arquitectura empresarial, mientras que el de Colombia Digital apuntaba a una solución integral en tecnología bajo el marco de la arquitectura empresarial.

El tercer proceso mencionado involucra a cuatro compañías: Infotic, Colombia Digital, Red Summa y Megatic. Según dijo el medio citado, la propuesta más baja fue la de Colombia Digital, con un valor de $19.000 millones.

De acuerdo con el medio, esa empresa podría acceder a una nueva contratación directa por su composición mayoritariamente pública, una condición que habilitaría la figura del convenio interadministrativo. La SNR respondió que la contratación directa hace parte de las herramientas legales de la administración pública y negó la existencia de irregularidades en estos procesos.

El gobierno de Gustavo Petro acelera contratación por más de $57 billones antes de dejar el poder

A poco más de un mes del cambio de gobierno en Colombia, la administración de Gustavo Petro avanza en contratos y compromisos económicos que superan los $57 billones en sectores como Defensa, Educación, Salud y Transporte, con decisiones cuya ejecución y financiación se extenderían hasta 2035 o 2036.

El movimiento ocurre tras el levantamiento de la Ley de Garantías, que reactivó la posibilidad de contratar en el sector público. Funcionarios y expertos señalan que los procesos se retomaron, bajo supervisión de las autoridades de control, y con modalidades como la contratación directa o los convenios interadministrativos aún reguladas por la ley.

En la Superintendencia de Notariado y Registro se preparan proyectos tecnológicos por cerca de $19.439 millones, además de designaciones de notarios en distintas ciudades. La entidad sostiene que esas decisiones responden a vacantes y a normativas vigentes, aunque algunos nombramientos corresponderían a personas vinculadas a figuras cercanas al gobierno saliente.

En Transporte, el programa Vías para la Paz compromete $15,05 billones para obras viales hasta 2035, mientras que en Salud se asignan $3,02 billones para modernizar hospitales públicos entre 2026 y 2031.

El sector Defensa gestiona contratos por 13 billones de pesos para equipamiento y tecnología de las Fuerzas Armadas y la Policía, con procesos respaldados por un Conpes reciente. También se mencionan cuestionamientos por posibles sobrecostos y por la contratación del programa Escudo Nacional Antidrones, que implica $6,3 billones.

En Educación, el ministerio administra procesos de infraestructura por más de $13 billones para construir y mejorar colegios, con contratos relevantes con la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.