
Los polémicos audios en donde se detallarían unos acuerdos previos entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, no solo ha generado reacciones en la clase política, sino que ha llegado hasta las instancias judiciales.
El concejal de Bogotá Marco Acosta denunció formalmente al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se indague la responsabilidad del mandatario nacional, a partir de hechos revelados recientemente por una investigación de Noticias Caracol.
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Según la denuncia, existen indicios de acuerdos entre altos funcionarios del Gobierno y representantes de esa organización, señalada como la principal estructura narcotraficante de Colombia.

Acosta sostuvo que el caso exige una verificación institucional por el alcance de los hechos atribuidos. “El país merece conocer la verdad. Si estas denuncias resultan ciertas, estaríamos frente a hechos de una gravedad sin precedentes que comprometerían la seguridad nacional, la independencia de las instituciones y la lucha contra el crimen organizado”, afirmó en declaraciones citadas por el equipo de prensa del Concejo de Bogotá.
La denuncia pidió la comparecencia de funcionarios y exfuncionarios mencionados en los hechos, entre ellos el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el exministro de Defensa Iván Velásquez.
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Acosta señaló presuntas acciones como “la reducción de operaciones militares, limitaciones a la acción de la fuerza pública y otras concesiones inaceptables para cualquier Estado de Derecho”. También afirmó que se habrían producido extradiciones para favorecer a miembros de esa organización.
La Comisión de Acusaciones tiene ahora la tarea de examinar el contenido de la denuncia, valorar la solicitud de pruebas urgentes y resolver si inicia una investigación preliminar sobre los hechos expuestos.

Detalles de la investigación
Según la investigación revelada por Noticias Caracol, la grabación corresponde a una reunión privada que se realizó el 2 de septiembre de 2022 entre Danilo Rueda, entonces alto comisionado de paz, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del grupo armado, junto con dos abogados y dos asesores de la organización ilegal.
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En esa conversación, alias Jerónimo recordó el cese al fuego unilateral anunciado el 7 de agosto de 2022, el mismo día de la posesión presidencial, y pidió retirar de sus zonas de influencia a grupos especiales infiltrados de la fuerza pública.
En la grabación difundida por el noticiero, el vocero del grupo dijo: “Si la organización dice de que hay un cese al fuego y está desde el 7 de agosto, de acciones ofensivas, entonces que también haya un gesto de parte del Gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área”.

La respuesta atribuida a Danilo Rueda fue aceptar esa petición y comprometerse a cancelar bombardeos contra la organización.
En el audio se le escucha decir: “Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿Qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres (...) Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío, pero juguemos a los congelados”.
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También, el entonces comisionado habría mencionado la depuración de integrantes de la fuerza pública. “Digamos, insisto, es que esto no es fácil porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda, hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas, muestras públicas (...) entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro (Iván Velásquez) para aclarar y tomar decisiones”, mencionó Rueda en el audio filtrado por el noticiero nacional.

La grabación avanzó luego sobre posibles garantías judiciales para integrantes del grupo si el proceso llevaba a una concentración de sus miembros. Alias Jerónimo insistió en que debía haber levantamiento de órdenes de captura y de extradición para crear confianza.
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Según la investigación, lo discutido en esa cita privada coincidió luego con el crecimiento del grupo armado y con el empeoramiento de la seguridad en amplias zonas de Colombia. Entre 2022 y 2025, esa organización pasó de 4.061 integrantes a 9.915 y su presencia territorial creció de 145 a 338 municipios, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa citadas por el noticiero.
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