La salud es la mayor preocupación en Colombia y los pacientes de las EPS intervenidas son los más afectados, según estudio

Mientras el país debate quién se quedará en la Casa de Nariño para el cuatrienio 2026-2030, candidatos presidenciales, líderes políticos y de opinión, miembros del Gobierno Petro, discuten cuáles son los problemas que requieren soluciones urgentes en Colombia.

En algunas orillas exponen la seguridad nacional y el robustecimiento de grupos armados como una prioridad, en otras ubican a la economía y la deuda externa, y cada sector de la sociedad colombiana demuestra que hay numerosas preocupaciones que deberán ser atendidas por la persona que ocupe el despacho presidencial desde el 7 de agosto de 2026.

Sin embargo, un estudio independiente de percepción ciudadana, elaborado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y operado por Eureka Group, reveló que los mayores temores de los colombianos tienen que ver con la salud.

“Durante cuatro años, Colombia discutió su sistema de salud sin preguntarle al paciente. Entre el 11 y el 30 de mayo de 2026, el observatorio y la firma consultaron a 1.560 ciudadanos en 47 municipios, sobre lo que realmente piensan y viven en el sistema”, dice el estudio.

Según el análisis, el país atraviesa un momento crítico en su sistema sanitario. La investigación arrojó una señal que no se veía desde 2020: la salud superó a la corrupción como el mayor problema percibido por la ciudadanía, con 26,1% de las menciones, por encima del 19,8% que asigna esta preocupación a la corrupción.

Detrás de este dato surgió una nueva advertencia: el deterioro de la atención en salud no se distribuye de forma pareja, pues se concentra con más fuerza en las EPS (Entidades Promotoras de Salud) intervenidas por el Gobierno nacional.

Los datos de la encuesta reflejaron que en estas entidades solo el 33% de los afiliados reporta recibir atención “sin dificultades”, contra el 49,5% en EPS no intervenidas. Además, un 18,7% de quienes usan EPS bajo intervención no obtuvo ningún servicio cuando lo necesitó—a diferencia del 12,7% en las no intervenidas.

El doble golpe en EPS intervenidas: menos salud y menos economía

El informe, a través de la muestra, sacó a la luz una realidad contundente para quienes dependen de EPS intervenidas: además de la calidad decreciente, también enfrentan mayores cargas económicas.

Un 38,5% de estos afiliados encuestados debió pagar de su bolsillo para acceder a la atención, frente al 22,2% en EPS no intervenidas. El problema cobró fuerza cuando se contempló el gasto recurrente: el 22% de los consultados destinó más de 500.000 pesos mensuales de su bolsillo para financiar servicios de salud.

El acceso a medicamentos revela otro quiebre: apenas un 25% de los afiliados a EPS intervenidas logra recibir de manera completa los medicamentos prescritos. La proporción sube a 43,5% cuando se consulta a quienes están en EPS no intervenidas. Un dato complementario agrava el diagnóstico: el 17,1% de usuarios de EPS intervenidas tuvo que pagar todos sus medicamentos por cuenta propia.

Negaciones, demoras y desconfianza

Pese a que desde el Gobierno Petro, a través del Ministerio de Salud, en de cabeza Guillermo Jaramillo, insisten en una defensa a este sector, la frecuencia de las denuncias públicas y virales en redes está alineada con la percepción de la ciudadanía.

Especialmente en cuanto al riesgo de exclusión, que se elevó en los sistemas bajo intervención estatal: el 20,6% de los afiliados a EPS intervenidas fue negado al menos una vez en servicios de salud, mientras que en las EPS no intervenidas la cifra descendió a 10,5%.

Si se analiza la oportunidad de acceso, el 19,1% de quienes están en EPS intervenidas reportó que “casi nunca o nunca” logró obtener cita médica cuando la solicitó; en las no intervenidas, esa cifra fue de 11%.

El estudio reveló igualmente un quiebre en la confianza: tres de cada 10 colombianos en EPS intervenidas no confía en su entidad, casi el triple que en las EPS no intervenidas. El diferencial de confianza llegó a 20 puntos entre ambos grupos.

Por lo tanto, mientras el 43,6% de los encuestados aprobó la idea de una reforma al sistema de salud, solo el 30% se declaró de acuerdo con eliminar por completo las EPS y apenas un 20,8% afirmó que preferiría ser atendido únicamente en hospitales públicos.

La preferencia mayoritaria se inclinó por el modelo mixto: el 69% consideró importante el rol del sector privado en la administración del sistema y el 57,6% prefirió que Estado y privados compartan la responsabilidad.