En la tarde del 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una indagatoria en la que tendrá que hablar sobre tres casos registrados entre 1996 y 1998.
“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.
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Además de la importancia de la diligencia a la que tendrá que asistir Uribe, el anuncio hizo que se recuerde lo registrado en las masacres de El Aro, La Granja y lo relacionado con el asesinato del abogado Jesús María Valle.
Masacre de La Granja
El primero de los hechos se registró el 11 de junio de 1996 en el corregimiento de La Granja, del municipio de Ituango, en donde paramilitares asesinaron a cinco campesinos que fueron acusados de ayudar a las Farc.
Este hecho sigue siendo recordado porque los integrantes de las AUC ingresaron a las viviendas del corregimiento para identificar a los presuntos colaboradores de la guerrilla, a los que ejecutaron en espacios públicos para advertir a los demás pobladores sobre las consecuencias de tener algún tipo de vínculo con el grupo armado enemigo.
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En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre de La Granja, señalando que las autoridades no protegieron adecuadamente a la población civil ni investigaron de manera efectiva los hechos.
La masacre de El Aro
El segundo caso sobre el que hablará el exmandatario se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango, Antioquia, en donde integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 17 campesinos a los que acusaron de ser militantes de las Farc.
Antes de asesinar a las víctimas, los paramilitares torturaron a los campesinos para enviar un mensaje al resto de la población. Antes de dejar el corregimiento, incendiaron 60 viviendas y se robaron la producción de varios cultivos.
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Las AUC reconocieron haber perpetrado la masacre para castigar a la población por ayudar a la guerrilla, lo que provocó el desplazamiento forzado de al menos 1.200 personas. En las investigaciones se mencionaron posibles omisiones por parte de la fuerza pública durante los hechos, motivo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por no haber protegido a las víctimas.
Asesinato de José María Valle
Este crimen se registró el 27 de febrero de 1998 en Medellín, la víctima era un abogado y defensor de derechos humanos que se encargó de denunciar lo registrado en las masacres de El Aro y La Granja.
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El jurista afirmó que había una alianza entre la fuerza pública y las AUC que permitía que el grupo paramilitar ejerciera varios tipos de violencia contra la población civil de la región, mientras la gobernación y las alcaldías municipales se mantenían en silencio.
A la par, el abogado denunció haber recibido amenazas, pero no recibió ningún tipo de protección. El 27 de febrero de 1998, dos sicarios ingresaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon en varias ocasiones.
Las investigaciones posteriores identificaron vínculos entre el asesinato de Valle y estructuras paramilitares que operaban en Antioquia. En 2012, la Corte Suprema de Justicia condenó a un exparamilitar y a un exfuncionario por su participación en el homicidio.
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El poder de las AUC en la hacienda Guacharacas
El expresidente también rendirá indagatoria sobre lo que sabe de la consolidación del bloque Metro de las AUC en la hacienda Guacharacas, una propiedad de 2.000 hectáreas ubicada en Antioquia.
Este inmueble fue propiedad de la familia Uribe Vélez entre 1978 y 1996, hasta que fue comprado por los hermanos Gallón Henao, responsables del asesinato del futbolista Andrés Escobar, que reconocieron haber financiado a las AUC.
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