Gobierno Petro modificó las tarifas de aseo en varias ciudades de Colombia: así se verán impactados los ciudadanos y las empresas

El gobierno de Gustavo Petro expidió un nuevo marco tarifario para el servicio de aseo en Colombia, dirigido a las empresas prestadoras que atienden municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. La medida quedó asociada en las resoluciones CRA 1039 de 2026 y CRA 1040 de 2026.

La decisión actualiza la metodología tarifaria para los grandes prestadores del servicio público de aseo e incorpora incentivos para la separación en la fuente, el aprovechamiento de residuos y el tratamiento con menor dependencia de los rellenos sanitarios. También extiende su alcance a la actividad de aprovechamiento en todos los municipios del país y a sistemas de tratamiento de más de 300 toneladas.

El acto administrativo fue suscrito por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, en calidad de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc y presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para esta expedición. La decisión se formalizó el 4 de agosto de 2026.

La nueva regulación actualiza el marco vigente para alinearlo con el programa Basura Cero, la sostenibilidad ambiental, la justicia tarifaria, la innovación y el cierre de brechas. El cambio apunta a dejar atrás un sistema centrado en la disposición final de residuos para impulsar su aprovechamiento, tratamiento y valorización.

Qué cambia en la metodología tarifaria del aseo

El ministro Palma resumió el giro del nuevo esquema con una definición que el Gobierno presentó como eje del cambio regulatorio. “Con esta decisión damos un paso histórico para modernizar el servicio público de aseo en Colombia. La regulación deja de concentrarse únicamente en la disposición final de los residuos y comienza a incentivar el aprovechamiento, la economía circular, la innovación y la dignificación de miles de recicladores de oficio”, explicó el funcionario.

Ahora, la metodología incorpora mecanismos para que municipios, prestadores y usuarios eleven las tasas de aprovechamiento y fortalezcan la separación en la fuente. También contempla esquemas de tratamiento con menor impacto ambiental y abre espacio a parques tecnológicos y ambientales.

Palma vinculó la medida con una política pública más amplia para el sector. “Firmar esta resolución como ministro de Vivienda ad hoc representa la responsabilidad de impulsar una política pública que pone en el centro a las personas, al ambiente y a la eficiencia del servicio”.

Cifras del nuevo esquema tarifario

El nuevo marco cobija a los prestadores que operan en ciudades y áreas urbanas con más de 5.000 suscriptores. Las resoluciones afirman que beneficia a más de 35 millones de colombianos e incluye la actividad de aprovechamiento en todos los municipios del país.

Los documentos presentan diferencias en algunos datos de identificación y proceso. La medida aparece asociada tanto a la Resolución CRA 1039 de 2026 como a la Resolución CRA 1040 de 2026, mientras el tiempo de elaboración se describe como “cerca de seis años” y también como “más de seis años” de estudios técnicos.

La participación ciudadana precisa un total de 43.658 aportes de usuarios, prestadores, organizaciones de recicladores, entidades territoriales y gremios.

Palma situó la expedición del nuevo esquema en la recta final del mandato presidencial. “Estamos a tres días de terminar este gobierno y el mandato del señor presidente ha sido gobernar hasta el último día, seis de agosto hasta la medianoche”, añadió.

El papel de recicladores, alcaldes y prestadores

Uno de los ejes del marco tarifario es el reconocimiento de las organizaciones de recicladores de oficio como parte del sistema. La regulación fortalece su inclusión dentro de la cadena de aprovechamiento, en línea con los criterios fijados por la Corte Constitucional.

Palma insistió en ese componente social al presentar el modelo. “Nos complace poderle entregar al país un modelo tarifario distinto para el servicio público del aseo, que además reconoce y dignifica el trabajo”, puntualizó.

El nuevo cuerpo normativo también asigna responsabilidades a las autoridades locales. Los alcaldes municipales deberán incorporar en los planes de gestión integral de residuos sólidos el marco regulatorio que deja el Gobierno saliente, en particular los Decretos 670 de 2025, 1381 de 2025 y 271 de 2026.

Para las empresas prestadoras, la regulación fija incentivos orientados a comprometerlas con la calidad del servicio y con modelos de manejo de residuos más enfocados en el aprovechamiento. Esa modificación busca reducir de forma gradual la disposición final en rellenos sanitarios.

Apuesta por Basura Cero y valorización de residuos

La directora ejecutiva de la CRA, Gloria Narváez Tafur, dijo que la decisión se da como una respuesta a cambios técnicos, ambientales y sociales en la gestión de residuos. Dijo que “la gestión de los residuos sólidos enfrenta hoy desafíos muy distintos a los de hace algunos años”.

Apuntó que, por eso, “el país necesitaba una regulación moderna, capaz de responder a las nuevas realidades ambientales, sociales y tecnológicas. Este nuevo marco tarifario cambia la metodología para calcular las tarifas y crea las condiciones para avanzar hacia un modelo más sostenible, donde el aprovechamiento y la economía circular ocupan un lugar central”.

El Gobierno también conectó el nuevo esquema con metas de acción climática y transición energética. Palma sostuvo que “una de las fuentes de energía, precisamente, es la basura. Y ya estamos viendo cómo a través de la tecnología, en distintas partes del mundo, se está desarrolla y genera energía eléctrica a través del biogás y de los residuos orgánicos que genera la basura”.

Dicha visión incorpora la valorización de residuos como fuente de nuevas materias primas y de energía, incluido el biogás y el combustible derivado de residuos. Palma condensó esa relación en otra frase: “Ahí está trabajo digno, transición energética”.