Víctimas del atentado al Centro Comercial Andino alertaron por posible prescripción del caso tras nueve años del atentado: “El panorama es desolador”

Cuando se cumplen nueve años del atentado con explosivos perpetrado en el Centro Comercial Andino de Bogotá, las víctimas y sus representantes legales expresaron su preocupación por el estado actual de los procesos judiciales relacionados con el caso y advirtieron que el riesgo de prescripción podría impedir que se conozca una decisión de fondo sobre la responsabilidad de los acusados.

La alerta surge en momentos en que el juicio principal continúa en curso y, según la defensa de las víctimas, registra avances limitados frente al tiempo restante para que se cumpla el término máximo previsto por la ley.

El ataque se registró el 17 de junio de 2017 en el baño de mujeres ubicado en el segundo piso del centro comercial. La explosión ocurrió durante la tarde, en vísperas de la celebración del Día del Padre, cuando el establecimiento registraba una alta afluencia de visitantes. En el lugar se encontraban mujeres de distintas edades, entre ellas trabajadoras y clientas del centro comercial.

Como consecuencia de la detonación falleció de manera inmediata la ciudadana francesa Julie Huyn. Posteriormente murieron Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Leidy Paola Jaime Ovalle, de 31. Además, Irma del Pilar Molano perdió una de sus piernas y otras sobrevivientes sufrieron perforaciones timpánicas, heridas causadas por esquirlas y diversas secuelas físicas y emocionales.

Preocupación por el avance del proceso judicial

A propósito del noveno aniversario del atentado, el abogado de las víctimas, Francisco Bernate, manifestó su inquietud por la velocidad con la que avanza el juicio que se adelanta contra varios de los presuntos responsables del ataque.

Según explicó, el proceso se encuentra actualmente en etapa de juicio, pero su desarrollo ha sido lento, situación que, en su criterio, pone en riesgo la posibilidad de obtener una decisión antes de que opere la prescripción. “El proceso está en la fase de juicio, con un avance muy lento. Si ya hoy estamos conmemorando nueve años, el término máximo de prescripción en Colombia es de diez años, de manera que hoy podemos decir que difícilmente, en un año, vamos a terminar con este juicio, porque ha sido un juicio difícil, ha sido un juicio largo, realmente es muy difícil que se logre una condena en el año que queda. La situación es crítica, de ausencia de justicia”, señaló Bernate en declaraciones a medios de comunicación.

Reclamos por reparación y acompañamiento a las víctimas

Además de las preocupaciones relacionadas con el avance de los procesos penales, las víctimas también han expresado inconformidad frente a los mecanismos de reparación y acompañamiento institucional recibidos desde la ocurrencia del atentado.

Bernate sostuvo que, a pesar del tiempo transcurrido desde el ataque, las personas afectadas han enfrentado dificultades para acceder a medidas de reparación integral y reconocimiento como víctimas. “Las víctimas han estado olvidadas, donde a hoy no han tenido una reparación. Para lograr su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas fue necesario acudir a acciones judiciales. Finalmente se logró, pero no había una reparación (…) judicialmente el panorama es desolador. Pero también, en términos del acompañamiento de las víctimas, ha sido muy difícil la situación de estas víctimas, en su mayoría mujeres”, señaló.

En materia de reparación, algunas de las personas afectadas promovieron acciones de reparación directa contra el Estado. Como resultado de esos procesos, en determinados casos se han producido condenas económicas. No obstante, otros expedientes concluyeron sin que los jueces encontraran responsabilidad estatal por los hechos ocurridos en el Centro Comercial Andino.

De manera paralela al juicio principal, continúa otro proceso relacionado con Violeta Arango Ramírez, señalada por la Fiscalía de haber descargado los planos del Centro Comercial Andino días antes de la explosión y de participar presuntamente en la planeación del atentado.

Arango Ramírez fue capturada por las autoridades, pero en noviembre de 2022 fue designada gestora de paz del ELN. Posteriormente, esa condición fue revocada. Sin embargo, la orden de captura en su contra solo fue reactivada en febrero de 2026, después del fracaso de los diálogos con esa organización armada.

Hasta el momento, según la información conocida por las víctimas y sus representantes, se desconoce el paradero de la mujer.

Al referirse a esa situación, Bernate cuestionó las decisiones adoptadas durante el desarrollo del proceso. “Fue una situación absolutamente desafortunada, porque efectivamente se logró su captura en un campamento del ELN y ella estuvo detenida, posterior a lo cual fue designada gestora de paz. Decisión en la que nunca se atendieron los intereses de las víctimas, que se enteraron por los medios de comunicación”, afirmó.