
En un sector caracterizado por la informalidad en el trabajo doméstico, el Ministerio del Trabajo de Colombia presentó un proyecto de decreto que busca transformar la situación de las personas que se desempeñan en labores de cuidado, limpieza, jardinería y otros oficios en los hogares del país. La iniciativa, que está en etapa de revisión y consulta ciudadana, propone medidas para formalizar el empleo, establecer más garantías laborales y ampliar la cobertura de la seguridad social tanto para trabajadores como para empleadores.
El decreto contempla cambios como la formalización obligatoria por medio de un contrato escrito, la afiliación inmediata a seguridad social, la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales desde julio de 2026, el pago de todas las prestaciones legales, incentivos estatales y nuevas obligaciones para los empleadores. Dichas disposiciones buscan igualar derechos y mejorar la protección en un sector históricamente excluido de la formalidad.
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Como se recordará, en Colombia, el trabajo doméstico (son más de 700.000 personas) remunerado se mantiene como una de las actividades con mayores índices de informalidad. Aunque es fundamental para el funcionamiento de miles de hogares y para la economía del cuidado, muchas personas en este sector no cuentan con contrato escrito ni cobertura plena de la seguridad social, algo que limita el acceso a derechos básicos y condiciones laborales estables.
Al respecto, el Ministerio del Trabajo plantea la propuesta normativa con el objetivo de “garantizar la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores domésticos en todo el territorio nacional”. El proyecto busca que todos los trabajadores del sector y sus empleadores cumplan obligaciones mínimas y puedan dejar de estar expuestos a la precariedad laboral.
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Contrato escrito y formalización en el trabajo doméstico
Uno de los pilares principales del decreto es la exigencia del contrato escrito como condición para toda relación laboral en el sector. El documento debe incluir las funciones, el salario, la jornada laboral, el lugar de trabajo y la duración del vínculo. Según el decreto presentado por el Ministerio del Trabajo, “deberá existir un contrato escrito que especifique funciones, salario, jornada laboral, lugar de trabajo y duración de la relación laboral”.
Dicho requisito aplica también a cuidadores, jardineros, conductores familiares y otros empleados contratados por hogares para tareas semejantes. Al establecer esta obligación, se busca reducir controversias y dotar de seguridad jurídica a las partes, además de facilitar la fiscalización por parte de las autoridades competentes.
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Incentivos del Gobierno para seguridad social
El proyecto crea un incentivo económico destinado a promover la seguridad social en el sector doméstico. De aprobarse, el Gobierno podría “cubrir total o parcialmente las cotizaciones a riesgos laborales para los empleadores que formalicen la relación laboral y cumplan con los requisitos establecidos”.
Con exactitud, el programa se dirige exclusivamente a trabajadores domésticos y sus empleadores, con el fin de reducir la informalidad y eliminar una de las principales barreras al acceso a la protección social: el costo de los aportes a la seguridad social. No está diseñado para beneficiar a todos los trabajadores independientes, sino para formalizar este segmento específico del mercado laboral.
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La meta es aumentar el número de personas con acceso a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, cubriendo parte de los aportes y consiguiendo mayor cobertura efectiva.
Protección y afiliación obligatorias desde el inicio
El decreto indica que la afiliación a la seguridad social debe hacerse “desde el inicio de la relación laboral”. Así, “los empleadores deberán afiliar a los trabajadores domésticos a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar desde el inicio de la relación laboral”.
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Con la medida, la protección ya no depende del tiempo trabajado ni del tipo de acuerdo. La norma estipula que la cobertura médica, el acceso a subsidios, la pensión y la protección ante cualquier riesgo laboral deben comenzar el primer día y mantenerse durante toda la relación contractual.
Esto facilitará que los que laboran en el sector doméstico disfruten de servicios de salud y prestaciones laborales completas desde el comienzo del vínculo, sin vacíos legales ni periodos de desprotección.
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Jornada laboral de 42 horas desde 2026
El proyecto de decreto también modifica la carga horaria máxima. Señala que “la jornada máxima semanal para el trabajo doméstico se reducirá a 42 horas a partir de julio de 2026”.
Dicho ajuste sigue la política nacional de reducción gradual de la jornada laboral y busca mejorar las condiciones y la calidad de vida de los empleados domésticos. A la vez, se equiparan sus derechos con los de otros sectores formales del mercado laboral.
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La medida está prevista para entrar en vigor dentro de dos años, siempre condicionada a la aprobación definitiva del decreto del Gobierno nacional y el cumplimiento de los trámites pendientes en la consulta pública.
Pagos y prestaciones garantizados
El documento expone qué pagos y prestaciones serán obligatorios para todos los empleadores del sector. Deben integrarse el salario, la dotación, la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías y el auxilio de transporte.
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Además, se ratifica la obligación de abonar horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos conforme a la ley laboral vigente. “Las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos deberán pagarse de acuerdo con la legislación laboral vigente”, afirma el proyecto.
Las garantías refuerzan el reconocimiento de derechos ya establecidos y aclaran puntos que son motivo de conflicto en el trabajo doméstico, promoviendo el cumplimiento de la legislación en todos los hogares empleadores.

Seguridad y prevención de riesgos en el trabajo doméstico
En materia de seguridad y salud en el trabajo, el decreto exige que los empleadores identifiquen los riesgos en el hogar, entreguen los elementos de protección personal adecuados y tomen medidas para prevenir accidentes. Impone la responsabilidad de actuar frente a riesgos físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales presentes en el entorno doméstico.
De igual forma, el texto promueve la capacitación, la adaptación de los espacios laborales y un seguimiento activo para garantizar la reducción de peligros, reforzando así la protección de los trabajadores en cada etapa de su actividad.
Proceso de aprobación y entrada en vigencia
El proyecto de decreto fue presentado en 2024 y continúa en fase de consulta pública. Actualmente, cualquier ciudadano, trabajador, empleador, gremio u organización interesada puede aportar comentarios o propuestas sobre el texto.
Una vez finalizada esta etapa, el Ministerio del Trabajo analizará las observaciones recibidas y ajustará el proyecto si es necesario. Solo después de la firma del Gobierno nacional el decreto será expedido y podrá entrar en vigor. De cumplirse el cronograma previsto, la mayoría de las medidas, como la jornada laboral de 42 horas semanales, comenzarían a aplicarse desde julio de 2026, impulsando cambios sustanciales en el sector.
Si el decreto llega a convertirse en norma obligatoria, significará un avance para quienes han laborado en condiciones informales y permitirá que el país avance hacia un sistema de regulaciones que protege más y mejor a los trabajadores del hogar.
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