
El abogado Miguel Ángel de Río reveló una denuncia allegada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la que se advierte sobre una presunta compra de votos que se presentó en el municipio de Tuchín, Córdoba, el 31 de mayo de 2026, día en el que se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.
"Nueva denuncia en Córdoba de compra de votos y corrupción. Seguimos en cada lugar del territorio nacional“, indicó el abogado.

De acuerdo con el documento que compartió el jurista, además de la supuesta compra de votos, también hubo casos de constreñimiento electoral, presuntamente, promovidos por personas afines a la candidatura de Abelardo de la Espriella.
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“Algunos ciudadanos votantes manifiestan que en la casa de la madre de la señora Yesenia Agudelo Morales (excandidata a la alcaldía), en el barrio las Palmera, a 500 metros del puesto de votación del 1.E Álvaro Ulcue Chocue, estaban comprado votos (sic)”, se lee en la denuncia enviada a la DNI.
Presuntamente, las personas involucradas en los hechos movilizaron en carro a los electores hasta esa vivienda y allí les pagaron $50.000 por el voto. Para garantizar la entrega de los recursos, al parecer, debían tomar fotos de su tarjetón para demostrar que habían votado por Abelardo de la Espriella en las urnas.
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De igual manera, se percataron de que había camionetas circulando por el lugar con propaganda política a favor del aspirante de la derecha. Presuntamente, habitantes del municipio informaron sobre los hechos a las autoridades, pero no hubo acciones concretas por parte de ellas.
El hecho de que se exhibiera publicidad electoral el día de las elecciones supone una violación del Decreto 188 de 2026 del Ministerio del Interior, mediante el cual se dictaron medidas para la conservación del orden público con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y de Presidencia y Vicepresidencia de la República (primera vuelta).
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“Durante el día de elecciones no podrán colocarse carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave. Respecto de la propaganda que se hubiese puesto con anterioridad al día de las elecciones, se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente”, detalla el artículo 3 del decreto.

Así las cosas, la persona que denunció la presunta compra de votos en Tuchín sugirió a las autoridades que se ordene trasladar personal encubierto al municipio el 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esto, con el fin de que puedan “constatar lo narrado” y comprobar cómo se estaría gestionando la compra de los sufragios y quiénes estarían involucrados.
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También aseguró que podrían “enviar agentes de policía para controlar en la casa de la señora Agudelo y a las diferentes casas de las personas arriba mencionadas”.
Días atrás, el abogado Del Río también denunció ante la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades competentes presuntos riesgos electorales que se estarían presentando en el departamento del Cesar. De acuerdo con el profesional en Derecho, hay irregularidades que supuestamente vincularían a integrantes del clan Gnecco.

“Comenzamos una ofensiva territorial poniendo en conocimiento de la fiscalía y las autoridades los riesgos electorales en el Cesar comandados por el clan Gnecco y todos sus apoyos logísticos. Toda la semana recorreremos la Costa Caribe enfrentando las verdaderas mafias electorales (sic)”, indicó el abogado en su cuenta de X.
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Del Río afirmó que el mencionado clan está unido al “urinismo” gracias a la candidatura de Abelardo de la Espriella. “Así lo confirman Claudia Margarita Zuleta –senadora electa por el Partido Centro Democrático– y Ricardo Quintero Baute exdiputado del departamento por la misma colectividad”, detalló.
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