El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y Andeg se pronunció: “Es irresponsable e ilegal”

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y planteó crear una nueva empresa pública en el Caribe con sus activos, una decisión que llega después de casi dos años de intervención estatal y que reabre la discusión sobre la continuidad del servicio eléctrico, las deudas acumuladas de la compañía y el riesgo de un “apagón financiero” en el sector.

La empresa representa cerca del 12% de la demanda nacional de energía, y su situación financiera se agravó durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Gremios del sector y organismos de control habían advertido que los retrasos en pagos y el deterioro patrimonial podían afectar la estabilidad del sistema eléctrico.

A través de su cuenta de X, Petro afirmó que su propósito es que los activos de la compañía “configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”.

El mandatario añadió que el Congreso debería habilitar a Ecopetrol para generar energía eléctrica para el público y sostuvo que el programa Colombia Solar tiene $8 billones aprobados en vigencias futuras para expandirse en la región Caribe.

Air-e presta el servicio de distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. De acuerdo con el texto fuente, la compañía está intervenida por el Gobierno desde septiembre de 2024 y acumula más de 20 meses bajo control estatal.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, dijo a La FM que al momento de la intervención Air-e tenía deudas cercanas a $560.000 millones con el sector eléctrico y que esa cifra se elevó a cerca de $2,5 billones durante la administración estatal. Según Castañeda, a esas obligaciones se suman compromisos con otros acreedores.

Al explicar el alcance de la medida, Castañeda sostuvo: “Liquidar la compañía requiere primero honrar esas deudas. De lo contrario, sería un desfalco a los acreedores”. En otra declaración citada en el texto fuente, el dirigente gremial agregó que una liquidación “sería como no pagar”.

El presidente de Andeg afirmó que la responsabilidad de garantizar el servicio en los tres departamentos recae hoy sobre la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos. También cuestionó que no exista claridad pública sobre la situación real de la empresa y aseguró que “no hay estados financieros en tres años”.

Según Castañeda, han pasado al menos seis agentes interventores en menos de dos años. En su evaluación, la salida adecuada no era liquidar la compañía, sino fondear el fondo empresarial de la Superintendencia para cubrir las obligaciones pendientes.

La respuesta más dura del sector llegó desde Andeg, que calificó la propuesta de Petro como “irresponsable e ilegal”.

El gremio advirtió que una liquidación sin resolver previamente las acreencias dejaría sin operador a más de 1,3 millones de hogares en la Costa Caribe y pondría en riesgo la estabilidad financiera del sistema.

Castañeda afirmó que al iniciar un proceso de liquidación Air-e no podría seguir prestando el servicio, comprando energía, vendiéndola a los usuarios ni facturando.

También sostuvo que el Gobierno no ha hecho gestión para encontrar un operador con la capacidad técnica y financiera para asumir la operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con las cifras citadas por Andeg, las empresas distribuidoras de energía del Estado son pequeñas y no tienen la capacidad para asumir una compañía que pierde entre $150 mil y $200 mil millones al mes. Para el gremio, una liquidación sin pago previo de las deudas enviaría la señal de que una empresa pública puede cesar operaciones sin honrar sus obligaciones.

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta también cuestionó la decisión y calificó de fracaso la intervención de Air-e. Según Acosta en su cuenta de X, tras 21 meses de control estatal el Gobierno optó por liquidar la empresa sin precisar cuál compañía asumiría el servicio para cerca de 1,2 millones de usuarios.

Acosta sostuvo que una eventual liquidación volvería a suspender las obligaciones pendientes de Air-e y podría precipitar un efecto dominó en el mercado eléctrico.

En esa misma línea, vinculó la decisión con el “apagón financiero” advertido por Contraloría General y Procuraduría, en un momento de presión sobre las finanzas del sector y de proximidad de una temporada de alta demanda asociada al fenómeno de El Niño.

Las alertas de los organismos de control ya se habían concentrado en el deterioro patrimonial de la compañía, los retrasos en giros y el riesgo de que comercializadoras y distribuidoras pierdan liquidez para comprar energía en bolsa o pagar a proveedores.

Tanto la Contraloría como la Procuraduría han advertido que esa asfixia presupuestal y la ineficacia administrativa en entidades intervenidas ponen en riesgo la continuidad del servicio.