
El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo confirmó que firmará en los próximos días un decreto que eliminará en Colombia el costo para modificar el componente sexo en el registro civil e incorporará las categorías “trans” y “no binario”, una decisión que busca ajustar los documentos de identidad a la identidad de las personas y cumplir la sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional.
La medida podrá aplicarse en más de 1.220 oficinas del país, luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil adecuara sus bases de datos y sistemas técnicos en un proceso que, según el texto fuente, comenzó en 2024. Esa actualización permitirá que el cambio también se refleje en la cédula y en la tarjeta de identidad.
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El cambio elimina el requisito vigente de acudir a una notaría y hacer el trámite mediante escritura pública, un procedimiento que hoy tiene costo para el ciudadano.
Con el decreto, las personas trans y no binarias podrán solicitar la corrección directamente en las oficinas de registro asignadas.

La nueva normativa modificará la estructura del registro civil, que hasta ahora solo contempla las opciones “hombre” y “mujer”. Con la incorporación de “trans” y “no binario”, quienes se identifiquen bajo esas categorías podrán pedir que esa información quede consignada en sus documentos oficiales.
Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es remover barreras administrativas que afectan la vida cotidiana de estas personas. La falta de coincidencia entre la identidad y los documentos oficiales, de acuerdo con la cartera, generaba obstáculos en servicios de salud, trámites laborales y procesos pensionales.
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Cuervo explicó que cualquier persona podrá modificar en el registro civil de nacimiento la casilla de identidad de género. En una declaración citada por el medio digital Minuto60 el ministro dijo: “Voy a firmar un decreto que hemos querido llamar el decreto de diversidad que le va a permitir a las personas trans y no binarias a reformar de manera gratuita en el registro civil esa casilla de que es mujer, hombre, puede poner no binario o persona trans”.
El ministro también describió el alcance práctico de la medida. “No se imaginan el impacto que eso tiene y la cantidad de situaciones de documentación y tramitología que le resuelven a una persona que simplemente tiene la orientación de no binaria”, manifestó Cuervo.
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La decisión se adopta en cumplimiento de la sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó al Gobierno nacional adecuar el sistema de registro civil para reconocer la identidad no binaria.
En marzo de 2026, según el Ministerio de Justicia, ya se había publicado un borrador de regulación para recibir comentarios de la ciudadanía.
Ese borrador contemplaba la inclusión de las categorías “no binario (NB)” y “trans (T)” en el registro civil, la cédula y la tarjeta de identidad. El ministro también indicó que la iniciativa fue divulgada de manera informal como “Decreto Binario” y “Decreto SER”.
Minuto60 consultó a la Registraduría Nacional porque, según ese medio, a finales de 2025 el jefe de la entidad Hernán Penagos había anunciado que la casilla con identidad de género se implementaría durante 2026.
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La entidad respondió que esas casillas ya existen dentro de los marcadores de sexo del esquema de identificación ciudadana y que fueron implementadas en cumplimiento de la misma sentencia.
Ante esto la Registraduría señaló: “El Ministerio con el Decreto está dando cumplimiento al numeral Quinto de la sentencia respecto de modificar el contenido de primer inciso del artículo 2.2.6.12.4.3. del Decreto 1227 de 2015, y las normas que correspondan a su tenor, en el sentido de incluir la categoría “no binario” entre los marcadores de sexo en el esquema de identificación ciudadana, adicionalmente, el decreto incluye la categoría T”.
Así mismo, Cuervo dijo que el Ministerio de Justicia también prepara otro decreto para modificar la distribución de tutelas dentro de los distritos judiciales. Según esa explicación, la idea es que en las principales ciudades no se concentre la radicación de tutelas y que esos procesos puedan enviarse a otros municipios para descongestionar los despachos judiciales.
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