Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, denunció penal e internacionalmente a Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por presunta financiación a grupos paramilitares.
En rueda de prensa, Cepeda informó que su equipo jurídico radicó la denuncia señalando tres delitos: concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, y precisó que la acusación incluye pruebas recientes sobre la relación de de la Espriella con la organización narcoparamilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Cepeda aseguró que los hechos presentados superan las investigaciones previas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la Comisión de la Verdad. Indicó que la denuncia aporta documentos y testimonios que buscan esclarecer si de la Espriella tuvo una participación directa en las AUC.

“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, declaró.
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En su pronunciamiento, el candidato menciona a la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), presidida por de la Espriella en los años 2000, como organización clave en la denuncia. Según Cepeda, Fipaz operó en momentos en que las AUC mantenían actividades y fue caracterizada por la Comisión de la Verdad y sentencias judiciales como un instrumento para ampliar la influencia de los paramilitares.
“Fipaz fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a las AUC. Es decir que De la Espriella habría jugado el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares”, sostuvo Cepeda.
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Cepeda detalló que la denuncia incluye posibles vínculos de de la Espriella con jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque (alias “Ernesto Báez”), Uber Enrique Banquez (alias “Juancho Dique”), Juan Pablo Sánchez Morales, Hugues Rodríguez (alias “Comandante Barbie”) y Juan Carlos Sierra (alias “El Tuso”).
Explicó que Mancuso declaró en 2024 ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la relación entre Fipaz y las AUC. Además, destacó declaraciones públicas de de la Espriella en las que expresó apoyo a Mancuso.
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En el caso de Báez, Cepeda citó que este recurrió a de la Espriella para acercar sectores sociales y buscar influencia universitaria a favor de las AUC. También señaló que, según una sentencia judicial, la candidatura de Sánchez Morales habría sido definida en un foro de FIPAZ con respaldo de Báez.
Sobre Juancho Dique, Cepeda recordó que la Corte Suprema de Justicia ordenó en octubre de 2013 investigar a de la Espriella por una presunta oferta de dinero destinada a que el jefe paramilitar guardara silencio en Justicia y Paz. El comunicado advierte que no se ha encontrado la compulsa de copias de esa decisión en la Fiscalía.
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Respecto a Rodríguez (alias “Barbie”), Cepeda afirmó que de la Espriella no solo lo representó ante la justicia, sino que también se benefició de la adquisición de un bien de propiedad del paramilitar.
En la denuncia se incluye la declaración de Sierra (alias “El Tuso”), quien acusó a de la Espriella de solicitar 4.000 millones de pesos a jefes paramilitares para influir con sobornos en la Corte Constitucional. “Un quinto hecho relevante en esta trama es la declaración del señor Juan Carlos Sierra alias El Tuso, quien acusó a De la Espriella de haber pedido a los jefes paramilitares 4000 millones de pesos, para influir con sobornos ante la Corte Constitucional para que sus delitos fueran considerados políticos y no concierto para delinquir”, afirmó Cepeda.
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El comunicado también señala que fuentes ubican a de la Espriella como actor en la elección del fiscal Mario Iguarán en 2005, con el propósito de garantizar impunidad para jefes paramilitares. Mancuso y Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”) declararon que participaron en sobornos para esa elección.

Iván Cepeda indicó que durante la gestión de Iguarán se archivaron investigaciones por concierto para delinquir y lavado de activos antes de que la Corte Suprema ordenara su reapertura.
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Cepeda solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo explicar la ausencia de investigaciones y resultados sobre esas compulsas de copias. Finalmente, indicó que la denuncia ante la Corte Penal Internacional busca que se revisen posibles crímenes tipificados en el Estatuto de Roma que no han sido investigados en Colombia.
“Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia, sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, concluyó Cepeda.
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