La Procuraduría General de la Nación suspendió a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta e inició una investigación disciplinaria en su contra tras su actuación dentro del caso relacionado con la solicitud de suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.
La decisión abrió un nuevo capítulo de tensión institucional en torno a las competencias de la Comisión de Investigación y Acusación y los límites de actuación de sus integrantes.
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En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso y lanzó una nueva crítica dirigida a la congresista y a quienes han estado vinculados jurídicamente a su actuación.
A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que “es lamentable que la codicia lleve a los seres humanos a destruir incluso su propia vida”, añadiendo que, si se está frente a un posible prevaricato, el origen de una conducta que se desvía de su propósito inicial podría estar relacionado con intereses personales o económicos.
En su mensaje también cuestionó la labor del abogado Hollman Ibáñez, a quien calificó como un “mal consejero jurídico de la oficina de un candidato”, reavivando así la polémica en torno a la actuación de la congresista.
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La Procuraduría adoptó la medida de suspensión hasta el 20 de julio de 2026, al considerar que la permanencia de Arizabaleta al frente de la Comisión de Investigación y Acusación podía interferir con el debido proceso disciplinario en curso contra el jefe de Estado.
El documento conocido por el medio señala que la decisión busca garantizar el respeto a las competencias legales del Congreso y preservar la correcta administración del proceso.
El mismo reporte indica que la sanción tendría efectos directos sobre el ejercicio del cargo de la congresista, ya que abarcaría el tiempo restante de su periodo legislativo.
Además, se precisa que Arizabaleta no fue reelegida para el periodo 2026-2030, lo que implica que no volvería a ocupar funciones de liderazgo en la comisión en el próximo ciclo legislativo.
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La Procuraduría advirtió que permitir su permanencia en el cargo podría afectar principios fundamentales del proceso disciplinario, llegando incluso a señalar riesgos asociados al reconocimiento de la dignidad humana dentro del ejercicio institucional.
La entidad consideró que la congresista habría actuado por fuera de sus competencias al ordenar la suspensión provisional del presidente, una decisión que, según el Ministerio Público, no está dentro de sus atribuciones.
La actuación que dio origen a la controversia se produjo cuando Arizabaleta solicitó la suspensión del presidente Petro hasta el 21 de junio de 2026 a las 16:00, argumentando presunta participación en política.
Sin embargo, la Procuraduría reiteró que este tipo de decisiones no pueden ser adoptadas de manera unilateral por una congresista, sino que deben seguir el trámite constitucional establecido, en el que la Cámara acusa y el Senado juzga al jefe de Estado.
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En esa línea, el organismo disciplinario sostuvo que la actuación podría constituir una falta grave, incluso con posibles implicaciones de prevaricato por acción, al haberse emitido una medida sin competencia legal y sin remitir el asunto a la instancia correspondiente dentro del Congreso.
La suspensión fue adoptada con ponencia del procurador delegado Esiquio Sánchez, quien además ordenó la apertura de una investigación disciplinaria formal.
En el auto se advierte que la medida cautelar contra el presidente Petro, al haber sido emitida sin las formalidades legales, impacta derechos fundamentales relacionados con la participación democrática y el ejercicio de la representación política.
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Por su parte, la defensa del presidente Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
El mandatario ordenó presentar una denuncia contra la congresista por presunto prevaricato por acción y otros posibles delitos asociados a la actuación.
El abogado calificó el episodio como una posible “vía de hecho” y advirtió que, desde su perspectiva, se trató de una actuación que podría tener implicaciones penales y políticas más amplias.
Carranza también aseguró que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación preliminar y practicó diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido, mientras el equipo jurídico del Gobierno ha solicitado aclaraciones y nulidades frente a la decisión adoptada por la congresista.
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Sin embargo, la controversia no ha terminado. Gloria Arizabaleta defendió su actuación en Blu Radio e insistió en que la suspensión del presidente seguía vigente y que su decisión simplemente fue trasladada a revisión dentro de la Comisión de Acusaciones. La congresista reiteró que no se ha retractado y que considera que su actuación se ajusta al procedimiento establecido.
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