Abogado de Gustavo Petro anunció demanda contra Gloria Arizabaleta, la congresista que pidió suspender al presidente: “Ha tenido intereses oscuros”

Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para presentar una denuncia contra la congresista Gloria Arizabaleta por los delitos de prevaricato por acción, presión indebida y otros.

El jurista, en declaraciones a la prensa nacional, manifestó que la actual presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes habría incurrido en faltas graves, tras emitir un auto en el que solicitaba la suspensión del mandatario nacional hasta el 21 de junio, día de la segunda vuelta presidencial.

Inicialmente, el abogado cuestionó la postura de la representante, luego de que se conociera el documento a la opinión pública.

“El día de ayer (10 de junio) nos sorprendió la postura de la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien expidió un auto que, antes de notificarlo a las partes, lo que hizo fue filtrarlo a la prensa más o menos a las 8:00 a. m. (...) Ella después dijo que es que le habían tomado el auto del celular sin permiso, luego dijo que es que se le había ido en un correo, en fin, cosas que no son explicables realmente para la presidente de una Comisión de Acusaciones”, declaró Carranza a los medios de comunicación.

Así mismo, el abogado del jefe de Estado colombiano catalogó la actitud de Arizabaleta como un golpe de Estado y remarcó que hizo solicitudes a las entidades vinculadas en el proceso.

“Ordena la suspensión del presidente, le da órdenes al Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), diciéndole que tiene que desvincularlo, que no tiene que pagarle más. Y además, dice que es un auto de impulso y que no procede ningún recurso contra él. Eso lo denomino jurídicamente como una vía de hecho, pero políticamente creemos que es un golpe, un intento de golpe de estado”, comentó.

Intereses ‘oscuros’

Igualmente, detalló que existieran intereses particulares para, según él, perjudicar la figura presidencial. “Cuando fuimos al fondo, nos dimos cuenta, pues, que realmente aquí habían cosas mucho más oscuras”, indicó.

También, denunció que la representante intentó negociar políticamente para influir en procesos judiciales y políticos, incluida la suspensión del presidente, tanto que hasta recibió comunicaciones para ello, pero que no aceptó finalmente.

“Vamos a contarle a la Sala de Instrucción de la Corte, las ocasiones en las que se intentó que el suscrito pudiera enviar mensajes o servir como un vehículo o un enlace, frente a lo cual siempre me negué y me rehusé a conocer incluso las pretensiones o las peticiones, porque los abogados no estamos para ser vehículos de negociaciones extrañas o para ser utilizados como una especie de mecanismo de mediación”, recalcó.

Ante esta situación, Alejandro Carranza mencionó que el presidente Gustavo Petro ordenó presentar las acciones correspondientes contra Gloria Arizabaleta.

“El señor presidente de la República, antes de sus palabras desde la ONU, me dio la instrucción precisa de formular denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en contra de la señora representante (...) se formuló una recusación ante esta comisión por las razones que acompañan tanto los recursos como la denuncia y que hacen absolutamente inexequible, desde el mismo momento de su expedición, esa supuesta suspensión”, complementó.

La denuncia de Alejandro Carranza se suma a la decisión emitida por la Procuraduría General de la Nación, que determinó la apertura de una investigación preliminar, así como la suspensión provisional de Gloria Arizabaleta hasta el 20 de julio de 2026.

En el auto, la Procuraduría sostuvo que la representante “pudo incurrir en la falta gravísima prevista en el artículo 65 del CGD (Código General Disciplinario), por cuanto su conducta podría adecuarse al delito de prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del Código Penal”.

El órgano de control justificó la suspensión en la necesidad de “preservar el debido proceso en la actuación disciplinaria que se surte en contra del primer mandatario, así como asegurar el acatamiento a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.