Tras la salida del general Erick Rodríguez del Ejército, el ministro de Defensa negó que se trate de represalias: “Tienen el respaldo”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó que la salida del general Erick Rodríguez del Ejército Nacional constituya una represalia y aseguró que los uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “tienen el respaldo” de la cartera.

La salida de Erick Rodríguez del servicio activo se produjo tras más de tres décadas en la institución. Según el Ministerio de Defensa, la decisión fue oficializada el martes 9 de junio mediante un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y el propio Pedro Sánchez.

En medio de especulaciones sobre las causas del retiro y su contexto, el ministro de Defensa enfatizó: “Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal. Bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional”.

Pedro Sánchez reiteró que denunciar delitos, amenazas o cualquier afectación a la seguridad “no solo es un derecho, sino un deber constitucional de los integrantes de la Fuerza Pública”.

También destacó que “nuestros militares y policías tienen el respaldo para actuar con honor, transparencia y apego a la Constitución y la ley”.

El ministro Sánchez recalcó la reserva absoluta y la importancia de la denuncia para combatir el crimen, invitando a la ciudadanía a utilizar líneas oficiales para reportar situaciones que amenacen la seguridad.

Rodríguez, oriundo de Bucaramanga, ingresó al Ejército Nacional a los 16 años y desarrolló una carrera de 35 años en la que ocupó cargos clave, como comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, comandante de la Primera División del Ejército, jefe de Operaciones y segundo comandante del Ejército Nacional, además de subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Su formación académica abarca estudios en Ciencias Militares, Administración de Empresas y especializaciones en política y seguridad internacional, incluyendo programas en la Universidad Externado de Colombia, el King’s College London y el Royal College of Defence Studies del Reino Unido.

La salida del alto oficial fue notificada formalmente luego de que participara en un consejo extraordinario de seguridad en el departamento del Meta, donde expuso reportes de inteligencia sobre el control social ejercido por grupos armados ilegales en zonas rurales. Estas declaraciones generaron debate político y administrativo sobre el alcance de la información expuesta. A partir de ese momento, el nombre de Rodríguez permaneció en el centro de la discusión nacional.

El oficial advirtió sobre presiones de disidencias armadas, identificadas con alias Iván Mordisco y “Calarcá”, hacia comunidades campesinas en el Meta, coincidiendo con el calendario electoral. Según documentos de inteligencia militar, estas estructuras imponían mecanismos de carnetización y control sobre la población civil, con miras a influir en procesos electorales y restringir la movilidad de las tropas oficiales. Uno de los informes citados documentó la imposición de fondos comunes a las comunidades rurales de Caquetá para organizar y financiar mesas de votación autónomas, además de exigir certificados electorales y advertir posibles sanciones y desplazamientos forzados.

En su mensaje de despedida, Rodríguez agradeció la oportunidad de servir al país durante más de 35 años: “Estoy agradecido con el Todopoderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los 16 años de edad”. También manifestó gratitud hacia los soldados y expresó su disposición a volver a recorrer el camino militar.

La decisión de retiro generó preocupación dentro de las Fuerzas Militares, ya que las declaraciones de Rodríguez tenían respaldo en informes de inteligencia, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y reportes de organismos nacionales e internacionales.

La Alerta Temprana 013-25 de la Defensoría había advertido sobre riesgos en Meta, Guaviare y Caquetá, señalando que el constreñimiento a la población no era un fenómeno reciente. A pesar de que la información aportada por Rodríguez coincidía con los hallazgos de los organismos de inteligencia, el Gobierno nacional mantuvo su decisión de retiro, formalizando la salida a través del decreto firmado por Gustavo Petro y Pedro Sánchez.