El presidente Gustavo Petro calificó de “extorsión” la suspensión ordenada por la representante Gloria Arizabaleta: “Como criminal, haciendo un delito”

Desde Nueva York, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro rechazó el auto de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, que propone una suspensión provisional en su contra por presunta participación política y lo enmarcó como un intento de sancionarlo por sus posiciones: “Y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado”.

El mandatario sostuvo que, aun en un proceso de ese tipo, existen límites constitucionales. “Sobre el presidente, no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución”, afirmó.

Petro llevó la discusión al terreno de las relaciones con el Ejecutivo y afirmó que las solicitudes de la congresista a miembros del Gobierno se habrían convertido en un mecanismo de presión. “Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones... que las hagan evidentes”, dijo.

En su declaración, el presidente diferenció las gestiones parlamentarias habituales de lo que consideró una conducta delictiva. “Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”, señaló.

Según Petro, el punto de quiebre se habría dado por requerimientos que, dijo, se negó a conceder. “Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así. Sé que es volver un gobierno criminal”, afirmó, y añadió: “Y otros han hecho lo mismo”.

El presidente aseguró que buscará que esas solicitudes queden formalizadas ante la Corte Suprema de Justicia. “Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí, no acepto”, dijo.

Petro cerró su postura con una negativa tajante a acceder a ese tipo de presiones: “No, no acepto eso porque es contradecir mis propios principios”.

Presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, ‘suspendió’ del cargo al presidente Gustavo Petro

La sorpresiva suspensión provisional de Gustavo Petro como presidente por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha reavivado el debate jurídico y político en Colombia. El documento, firmado por Gloria Arizabaleta y radicado a las 9:06 a. m., plantea la separación temporal de Petro debido a su presunta intervención en actividades políticas en vísperas de la segunda vuelta electoral prevista para el 21 de junio.

La medida generó de inmediato un clima de incertidumbre jurídica. Si bien la resolución invoca la infracción a las reglas de neutralidad que deben observar los funcionarios públicos, la suspensión no es definitiva ni automática: requiere aún la revisión tanto de la plenaria de la Comisión como de la Cámara de Representantes.

La clave de la controversia reside en la validez y alcance de la decisión. El congresista Alejandro Campo, integrante del Pacto Histórico, explicó en Blu Radio que la Comisión de Acusaciones “no ha tomado ninguna decisión contra el presidente Petro”.

De acuerdo con su testimonio, “ese documento lo sacaron de su oficina, de su correo, pero no existe en la Comisión ningún auto”. Campo insistió en que “una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”.

En términos concretos, la suspensión del presidente Petro surge tras acusaciones de haber infringido normas de neutralidad política, lo que lo obliga a apartarse temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones. No obstante, el proceso aún debe superar revisiones formales y carece de efectos inmediatos hasta que la Cámara de Representantes se pronuncie al respecto.

La situación añade un nuevo factor de tensión en el escenario electoral. El futuro inmediato del mandatario y de la institucionalidad colombiana permanece abierto, a la espera de una decisión con respaldo legal pleno.