La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, afirmó que “si son más de 100 procesos, no veo cómo puede ser una estrategia política”, en referencia a las investigaciones preliminares abiertas contra el presidente Gustavo Petro.
La funcionaria consideró que la magnitud del número de investigaciones refleja el llamado de atención de múltiples sectores al mandatario, en el contexto de la polémica por su presunta participación en la campaña electoral.
Llamado de atención desde la MOE y el contexto de la investigación
Durante una atención a medios, Barrios subrayó que la MOE no emite opiniones sobre procesos específicos, aunque reconoció que la organización ha recibido insistentes solicitudes de diversos sectores para pronunciarse sobre la actuación del jefe de Estado en la contienda presidencial.
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“Antes de la primera vuelta presidencial, teníamos insistencia desde diferentes sectores para que la MOE hiciera llamados de atención a la presunta participación en política del presidente de la República”, explicó la directora.
Barrios puntualizó que, mientras las advertencias de la MOE constituyen llamados de atención simbólicos, las acciones de las autoridades tienen efectos legales directos. “Tengo entendido que el señor presidente de la República tiene bastantes procesos abiertos en la Comisión de Acusaciones por presunta participación en política”, precisó la funcionaria. En su concepto, la existencia de más de un centenar de investigaciones preliminares descarta la tesis de una estrategia de persecución política impulsada desde un solo sector.
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Medida de suspensión provisional y debate legislativo
El 10 de junio, la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, firmó un auto para ordenar la suspensión provisional de Petro por presunta violación del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que prohíbe la intervención de servidores públicos en actividades políticas.
La medida tiene carácter temporal y busca impedir que el presidente influya directamente en los días finales de la campaña, hasta el 21 de junio, fecha en la que se celebrará la segunda vuelta presidencial.
Dentro de la propia Comisión, varios congresistas manifestaron dudas sobre la viabilidad legal y operativa de la suspensión. El documento requiere la aprobación de la plenaria, un trámite considerado inviable en la coyuntura legislativa actual. De hecho, algunos miembros recordaron que iniciativas similares ya se analizaron en el pasado y se descartaron por falta de consenso jurídico.
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Desequilibrio electoral y reiteración del llamado institucional
La directora de la MOE advirtió que la participación activa del presidente en la campaña genera un desequilibrio en la contienda presidencial. “Genera completamente un desequilibrio en la contienda”, sentenció Barrios, que insistió en que la prohibición de intervenir en política aplica para todos los funcionarios, incluidos alcaldes, gobernadores, ministros y secretarios de despacho.
La funcionaria recordó que la MOE ha exhortado al presidente a retomar su rol institucional como jefe de Estado, en al menos cinco o seis comisiones de seguimiento electoral.
“Nosotros hicimos al Presidente de la República un llamado hace más o menos unas cinco o seis comisiones de seguimiento electoral invitándolo a volver al lugar de la representación de la identidad de todos los ciudadanos colombianos”, expresó Barrios. Ese llamado se ha repetido en múltiples espacios institucionales, sin respuesta efectiva hasta el momento.
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Proceso ante la Comisión de Acusaciones y futuras decisiones
En relación con la suspensión provisional, Barrios señaló que el curso de la investigación y cualquier decisión sobre el mandatario deberá definirse en el Congreso. “Frente a cualquier investigación o proceso que haya en el Congreso de la República, pues serán los congresistas quienes tendrán que definir en la Comisión de Acusaciones la ruta a seguir”, explicó.
Mientras la Comisión de Acusaciones analiza la presunta violación de las normas de neutralidad por parte del presidente, la discusión sobre el alcance de la intervención política de los funcionarios públicos y la efectividad de las medidas cautelares se mantiene abierta en el escenario legislativo.
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