Más de 1.300 desplazados en El Tarra por enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc

Más de 1.300 personas han abandonado sus hogares en la zona rural de El Tarra, en la región del Catatumbo, durante los últimos días. El éxodo responde al temor por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc, quienes buscan el control de corredores estratégicos para sus actividades ilegales.

Autoridades locales han confirmado que la disputa se concentra en rutas utilizadas para el tráfico de drogas, hidrocarburos y el manejo de cultivos ilícitos.

El secretario de seguridad de Norte de Santander, George Quintero, recordó que el interés de las agrupaciones armadas sobre el Catatumbo radica en “el tema de los cultivos ilícitos, del narcotráfico y los hidrocarburos”.

Según el funcionario, los grupos buscan apoderarse de “puntos importantes donde quieren tener control para poder tener poderío económico en esta zona”. El territorio, caracterizado por su topografía montañosa, facilita el movimiento de estas redes ilegales y complica la presencia institucional.

Los desplazamientos masivos se intensificaron después de dos incursiones armadas registradas la semana pasada. Una de ellas ocurrió en la vereda Km 84, mientras que la otra tuvo lugar en el corregimiento Filo Gringo. En ambos casos, los habitantes reportaron ataques con explosivos lanzados desde drones, lo que aumentó el temor y forzó la salida colectiva hacia áreas más seguras.

Las autoridades mantienen seguimiento a la situación humanitaria y han solicitado apoyo adicional para atender a los afectados.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advirtieron sobre la vulnerabilidad de las familias desplazadas, mientras que la violencia persiste en la zona. “La preocupación crece cada día”, afirmaron líderes comunitarios, quienes insisten en que el Estado debe intervenir para frenar la crisis.

Ataque con dron en Puerto Catatumbo dejó un muerto y desató desplazamiento masivo

Un ataque con explosivos, presuntamente lanzados desde un dron, sacudió la vereda Puerto Catatumbo, en la zona rural de El Tarra, municipio de Norte de Santander. Las autoridades locales informaron este martes 2 de junio de 2026 que el hecho dejó como saldo una persona muerta y otra herida.

Según el reporte preliminar, la víctima mortal sería un adulto mayor, mientras que las circunstancias exactas del ataque aún están bajo investigación, debido a las dificultades de acceso y comunicación en el área.

La Personería Municipal de El Tarra condenó el hecho y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. En un comunicado oficial, la entidad lamentó la pérdida y las consecuencias que el episodio generó para la comunidad.

“Estos actos constituyen una grave afectación a los derechos fundamentales de la población civil”, señaló la Personería, insistiendo en que los habitantes no deben verse involucrados ni convertidos en objetivos dentro del conflicto armado.

El organismo hizo un llamado a los actores armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y eviten acciones que pongan en peligro a la población. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta ante el desplazamiento masivo registrado en la región del Catatumbo.

Durante la jornada, se reportó la salida forzada de 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas, que abandonaron veredas como Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo. Las familias buscan resguardarse ante el temor de nuevos hechos violentos y posibles enfrentamientos.

De acuerdo con la Defensoría, los desplazamientos se adoptaron como medida de autoprotección frente a los riesgos persistentes en el territorio.

La entidad señaló que, en lo corrido de 2026, el Catatumbo ha registrado 13 eventos similares, con un total de 2.447 personas desplazadas, sobre todo en los municipios de El Tarra y Tibú. “La preocupación crece cada día”, expresaron líderes comunitarios.

La Defensoría solicitó a las autoridades nacionales y locales garantizar atención humanitaria integral e inmediata para las familias afectadas. Por último, pidieron fortalecer la prevención y la protección en la zona, reiterando que los grupos armados deben cumplir con sus obligaciones frente al respeto y la protección de la población civil.