Defensa de Santiago Botero denuncia presunto montaje y presenta queja disciplinaria contra comisario de familia de Cartagena

La defensa del excandidato presidencial Santiago Botero anunció la radicación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el comisario de familia de Cartagena, Amin Francisco Sanabria Aislant, por presuntas irregularidades dentro del proceso VCF-038-2026, relacionado con denuncias por violencia intrafamiliar.

La información fue dada a conocer por la abogada Diana Paola Chavarro, quien aseguró que las acciones judiciales buscan esclarecer hechos que, según su versión, habrían comprometido principios fundamentales del debido proceso.

“Hoy informo que hemos radicado una queja disciplinaria contra el comisario de familia Amin Francisco Sanabria Aislant por presuntas actuaciones contrarias a la imparcialidad, la reserva del expediente, la transparencia, el debido proceso y la proporcionalidad”, manifestó la jurista en un video.

En un comunicado público, la defensa indicó que esta es la primera de varias acciones jurídicas que impulsará para demostrar lo que calificó como un “montaje” contra Botero.

El origen del conflicto, según la defensa

La defensa sostiene que el caso surgió a raíz de una negociación fallida de divorcio y liquidación patrimonial.

De acuerdo con Chavarro, durante las conversaciones se habrían planteado exigencias económicas que incluían una manutención mensual de 36 millones de pesos de manera vitalicia para Manuela Echeverri, incluso en caso de iniciar una nueva relación sentimental; una cuota superior a 5 millones de pesos mensuales para el hijo de la pareja; la renovación periódica de vehículos; un seguro de vida por un millón de dólares; y la entrega de un apartamento ubicado en Cartagena.

Según el comunicado, dicho inmueble tendría un valor cercano a los 20.000 millones de pesos y no haría parte del patrimonio conyugal.

Para la defensa, estos elementos evidencian que la controversia tiene un componente principalmente económico y patrimonial.

Cuestionamientos al proceso

La queja presentada ante la Procuraduría incluye una serie de presuntas irregularidades atribuidas al funcionario denunciado.

Entre ellas se mencionan declaraciones públicas a medios de comunicación durante el operativo realizado en el caso, supuestamente antes de que Botero fuera notificado formalmente; la presunta divulgación de actuaciones reservadas; la filtración de información relacionada con testigos; y posibles inconsistencias en los registros del procedimiento.

Asimismo, la defensa solicitó investigar la supuesta divulgación de un auto reservado que contendría pruebas que, según sostiene, no reposaban dentro del expediente.

“Las acusaciones han venido cambiando”

Otro de los argumentos expuestos por la defensa está relacionado con la evolución de los señalamientos contra Botero.

Según Chavarro, las versiones conocidas públicamente sobre los hechos han variado de manera significativa desde el inicio de la controversia.

“Las acusaciones han cambiado de manera sustancial. Se pasó de hablar de armas y violencia a una supuesta violencia económica”, afirmó.

La defensa sostiene que inicialmente se hicieron referencias a armas de fuego y hechos de violencia, mientras que posteriormente el enfoque se trasladó hacia presuntas conductas relacionadas con violencia económica. A su juicio, este aspecto debe ser evaluado por las autoridades competentes.

“No existe una sola decisión definitiva”

La representante legal también insistió en que actualmente no existe una decisión judicial o administrativa definitiva en contra de Santiago Botero.

“A la fecha no existe una sola decisión definitiva contra mi representado. Lo que sí existe es una controversia patrimonial convertida en escándalo nacional, frente a la cual ejerceremos todas las acciones jurídicas necesarias para demostrar la verdad”, manifestó Chavarro.

La defensa agregó que existen hechos que deben ser investigados, particularmente aquellos relacionados con la actuación de algunos funcionarios que han intervenido en el proceso.

Por ahora, la Procuraduría deberá evaluar la queja disciplinaria presentada y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal. Mientras tanto, las actuaciones relacionadas con el caso continúan su curso ante las autoridades competentes.