Un testigo protegido de la DEA denunció a Gustavo Petro por presunta extinción de dominio y lavado de activos ante la Comisión de Acusación de Estados Unidos

Un exnarcotraficante colombiano, testigo protegido de la DEA, ha denunciado formalmente al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

El denunciante, identificado como Juan Fernando Álvarez Meyendorff, afirma que ha rendido declaraciones ante fiscales en Estados Unidos sobre presuntos aportes irregulares a campañas políticas del mandatario y denuncia una persecución en su contra, impulsada por la Fiscalía General de la Nación, según documentos obtenidos por la revista colombiana Semana.

Álvarez Meyendorff fue un narcotraficante perseguido tanto en Colombia como en Estados Unidos.

“El señor presidente Gustavo Francisco Petro ha estado involucrado en el direccionamiento de los procesos de extinción de dominio y lavado de activos en contra de mi hermano y las personas cercanas a él. Este direccionamiento ha sido causado teniendo en cuenta que yo, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, soy testigo en contra de él en Estados Unidos”, se puede leer en uno de los archivos de investigación a los que accedió el medio mencionado.

Tras entregarse a las autoridades de Estados Unidos y cumplir condena, permanece en Estados Unidos bajo protección de la DEA y sostiene que su participación como testigo protegido de esa entidad lo ha convertido en blanco de investigaciones y medidas judiciales en su país natal.

El exnarco asegura que ha declarado en al menos 3 ocasiones ante fiscales de Nueva York sobre posibles financiamientos en dólares a las campañas de Gustavo Petro, según consta en la denuncia radicada. Sostiene que estos aportes habrían sido el motivo principal para impulsar acciones judiciales y esa supuesta persecución y la de sus familiares en Colombia.

Perfil del exnarco y su vínculo con la junta del narcotráfico

Juan Fernando Álvarez Meyendorff figuró como miembro de la llamada junta del narcotráfico, una organización criminal señalada por el propio presidente Petro como responsable de múltiples atentados y planes delictivos.

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación incluyó a los hermanos Álvarez Meyendorff en procesos contra esta red, según resoluciones conocidas por Semana.

Solo en un caso, la extinción de dominio superó los $2 billones en bienes incautados en las actividades del grupo. Las diligencias de la Fiscalía aparecen registradas en resoluciones de 2025, documentando el interés por unificar las investigaciones contra los miembros de la junta del narcotráfico.

“Unificación de casos relacionados con los ciudadanos Ignacio Álvarez Meyendorff y Juan Fernando Álvarez Meyendorff, y la denominada organización criminal Junta Directiva de Narcotráfico, (casos) que cursan en varias fiscalías adscritas a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos”, se lee en el documento obtenido por Semana.

En su testimonio, Álvarez Meyendorff insiste en que la persecución judicial por parte de las instituciones colombianas está relacionada con sus declaraciones rendidas a las autoridades estadounidenses como testigo protegido de la DEA.

Acusaciones de aportes a campañas y reacción del entorno de Petro

En el centro de las declaraciones de Álvarez Meyendorff están los señalamientos sobre aportes a campañas políticas de Gustavo Petro, supuestamente canalizados a través del empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente.

Según el denunciante, las entregas de dinero habrían ocurrido en una finca de Zipaquirá, municipio de procedencia de Gutiérrez Robayo, así como en reuniones adicionales. Ante estas afirmaciones, Gutiérrez Robayo negó cualquier vínculo con Álvarez Meyendorff y rechazó la existencia de reuniones destinadas a la entrega de fondos, según respondió a Semana.

Petro reiteró que cortó cualquier relación con Gutiérrez Robayo hace años y sostuvo que la conexión familiar no constituye un vínculo legal formal.

Las pesquisas en Estados Unidos habrían cobrado nuevo impulso tras la reciente inclusión del presidente colombiano en la Lista Clinton (Ofac), según las pesquisas citadas por el medio citado.

Álvarez Meyendorff advirtió que no puede entregar nombres precisos ni detalles de las investigaciones por tratarse de procesos sometidos a reserva judicial.

Irregularidades y procesos judiciales relacionados con el caso Meyendorff

Diversas denuncias, documentadas por Semana, señalan un ambiente procesal prolongado y enrarecido alrededor del caso de Álvarez Meyendorff en Colombia. La investigación sobre lavado de activos y extinción de dominio —conocida como macrocaso Meyendorff— lleva más de 13 años sin resolución definitiva y ha pasado por al menos seis fiscales, algunos investigados o condenados.

Según la defensa, el expediente presenta irregularidades como eliminación de registros, manipulación de pruebas y apertura de diligencias contra la abogada del exnarco por ejercer su derecho de defensa.

“Llama la atención que la Fiscalía actúe con tanta vehemencia y con tanto poder. Hace documentos, quita, borra todas las declaraciones de renta que se hicieron; las borraron con tanta ilegalidad, de una forma tan direccionada e instrumentalizada, con tanta confianza y con tanto poder”, explica Meyendorff en los documentos obtenidos por el medio citado.

Denuncian además la existencia de audios y actas que describen presuntos acuerdos internos en la Fiscalía para direccionar decisiones judiciales. Nuevas órdenes de extinción de dominio han impactado a la familia Álvarez Meyendorff.

El denunciante sostiene que estas acciones buscan acallarlo por su rol como testigo de la DEA en procesos estadounidenses, mientras el caso continúa sin resolverse en jurisdicciones colombianas.

Respuesta oficial del Gobierno y la Embajada en Washington D. C.

Ante la repercusión del caso, el Gobierno Petro y la Embajada de Colombia en Washington han rechazado que exista alguna investigación formal en Estados Unidos contra el jefe de Estado.

La representación diplomática, mediante un comunicado difundido el 20 de marzo, expresó que no ha recibido notificaciones sobre hechos distintos ni información que apoye la existencia de procesos abiertos.

En declaraciones recogidas por Semana, la Embajada subrayó que las acusaciones carecen de “fundamento jurídico y fáctico” y reafirmó la confianza en las versiones aportadas por funcionarios estadounidenses. Con esto, el gobierno se desvinculó de cualquier implicación en procedimientos derivados del testimonio de Álvarez Meyendorff.