Al menos 48 personas murieron en un enfrentamiento entre disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Guaviare a finales de mayo de 2026, en donde la participación directa de alias Iván Mordisco generó alarma entre las autoridades locales.
La masacre ocurrió en San José del Guaviare cuando dos facciones armadas rivales, lideradas por Iván Mordisco y Calarcá, protagonizaron choques que dejaron decenas de muertos y heridos, y sumieron a la comunidad en una crisis.
La masacre de al menos 48 disidentes en el Guaviare se produjo entre los días 24 y 26 de mayo, durante combates que enfrentaron a los grupos armados de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá.
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La violencia causó el confinamiento de más de 900 civiles, quienes quedaron sin agua, alimentos y energía; mientras el miedo por la presencia de minas antipersonales y la falta de ayuda oficial incrementaron la crisis humanitaria.
Según lo determinó Semana, luego de acceder a los archivos oficiales, el enfrentamiento comenzó el 24 de mayo alrededor de las 1:30 p. m., cuando más de 250 combatientes bajo órdenes de “Iván Mordisco” intentaron emboscar a los hombres de “Calarcá”.
En las primeras horas, más de 14 muertos fueron apilados en la escuela La Siberia y exhibidos como “trofeo de guerra”, según testimonios recogidos por el medio mencionado.
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La facción de Calarcá afirmó que su enemigo sufrió 50 bajas y varios heridos, mientras que el propio grupo perdió dos hombres y otros dos quedaron heridos.
Además, capturó a una mujer como prisionera de guerra, cuyo paradero es desconocido.
Otra integrante, conocida como la “Negra”, terminó gravemente herida y recibió atención médica improvisada en el mismo lugar.
La escuela convertida en hospital de guerra
La escuela La Siberia, que antes funcionaba como centro educativo, fue transformada en un hospital improvisado tras los combates.
En su interior se observaban charcos de sangre e instrumentos quirúrgicos dispersos, señales del nivel de violencia y de que había, al menos, una persona con conocimientos en enfermería entre los hombres de Calarcá.
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Los cadáveres quedaron amontonados en el edificio y el grupo de “Calarcá” se apoderó de cuatro ametralladoras, 49 fusiles —R-15, AK-47 y Dragunov—, cientos de proveedores y más de 10.000 cartuchos, y así aumentó su arsenal en medio de la disputa.
De acuerdo con el medio mencionado, los disidentes, durante la retirada, exigieron a los habitantes que les proporcionaran sábanas, toallas y camillas para evacuar a sus heridos e improvisar apósitos. Tras ello, los pobladores cortaron toda comunicación y permanecieron en sus casas.
Crisis humanitaria en Guaviare tras la masacre
La ofensiva armada derivó en un confinamiento estricto para más de 900 personas, quienes quedaron sin acceso regular a agua, alimentos y energía eléctrica.
El miedo a las minas antipersonales limitó aún más la movilidad y la llegada de ayuda. Solo dos días después, una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y los bomberos de San José del Guaviare pudo ingresar a la zona.
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Tuvieron que recorrer 140 kilómetros en lanchas rápidas por el río Guaviare, en un trayecto de seis o siete horas.
La comisión recuperó los cuerpos y los preparó para su traslado al área urbana. Pese a la gravedad de la situación, la respuesta institucional se mantuvo limitada debido al peligro persistente y la desconfianza, según reseñó Semana.
Disputa entre disidencias y el control del narcotráfico
El origen del enfrentamiento radica en la disputa territorial entre las disidencias de las Farc por el control de las rutas del narcotráfico en la región.
La cadena ilícita de la cocaína es su principal fuente de financiación: cada kilo de base de cocaína en Guaviare se negocia entre 2,6 y 2,8 millones de pesos (menos de USD 800).
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Estos grupos armados controlan tanto la producción como el tráfico de drogas; además de trasladar combatientes desde departamentos como Cauca, Nariño y Urabá, y expanden su presencia en zonas. Aunque existen órdenes de captura contra varios líderes, la capacidad de intervención de las autoridades es muy limitada, lo que perpetúa la violencia y la inseguridad en comunidades rurales.
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