Estas son las 15 reformas con las que el Gobierno de De la Espriella planea transformar la justicia penal en Colombia

Fuentes de alto nivel del Gobierno de Abelardo de la Espriella detallaron a Infobae Colombia que la agenda de reformas para la justicia penal estará centralizada en el despacho del nuevo ministro, Iván Cancino, que recibió el encargo de liderar directamente el proceso desde su llegada al cargo.

El plan, que comenzó como un conjunto de borradores técnicos, ahora toma la forma de una hoja de ruta con efectos estructurales para el sistema penal y las instituciones judiciales del país.

El paquete de reformas abarca 15 directrices estratégicas que, según lo confirmado por miembros del equipo de transición, serán la base de la gestión de Cancino y del enfoque del ejecutivo en materia de justicia. La administración de Abelardo de la Espriella asumirá así el control de la agenda, desplazando la iniciativa desde los órganos técnicos hacia el núcleo del poder político.

Principales cambios propuestos para el sistema penal

Entre las transformaciones planteadas figura la eliminación de la audiencia de imputación, con el objetivo de agilizar el paso hacia la etapa de acusación. De acuerdo con información obtenida por Infobae Colombia, esta modificación permitiría que una persona investigada avance directamente hacia la acusación formal, sin la necesidad de una diligencia previa donde la Fiscalía comunica los delitos atribuidos.

Otra de las directrices clave consiste en una reingeniería de la estructura judicial: un mismo juez controlaría el proceso desde la acusación hasta la audiencia preparatoria, mientras que un juez o tribunal distinto se encargaría del juicio oral. Este cambio busca garantizar independencia entre las etapas del proceso y fortalecer la imparcialidad en los fallos.

La agenda también contempla la reducción o retiro de la intervención del Ministerio Público en el proceso penal ordinario. El personal sería reubicado en áreas de alta prioridad social, con el fin de optimizar los recursos humanos del Estado.

Supervisión judicial y fortalecimiento institucional

El plan incluye la creación de un órgano jurisdiccional independiente dedicado a investigar y acusar penalmente a los administradores de justicia, con el objetivo de equilibrar el poder procesal y promover la transparencia interna en el sistema.

En materia de capacitación, el Ministerio de Justicia se plantea desarrollar un programa nacional para fiscales y policía judicial, enfocado en impedir que errores procedimentales deriven en libertades indebidas. Según información obtenida por Infobae Colombia, se buscará blindar el trabajo de estos funcionarios a través de formación técnica intensiva.

Además, se estipula que cuando la Fiscalía solicite la absolución de un procesado, el juez deberá decretarla de manera inmediata, preservando los recursos de las víctimas y acortando los tiempos procesales.

Medidas patrimoniales y depuración normativa

El paquete de reformas prevé que en delitos contra el patrimonio, las medidas no privativas de la libertad solo se concederán si el procesado garantiza el 50% de la pretensión económica de la Fiscalía. Esta medida apunta a reforzar la reparación y asegurar que los intereses económicos de las víctimas estén protegidos.

Por otra parte, se propone una revisión profunda del Código Penal para eliminar conductas que el Gobierno considere innecesarias para la persecución penal. El objetivo es aliviar la saturación del sistema carcelario y enfocar los esfuerzos del Estado en crímenes de mayor impacto social.

Justicia negociada, restaurativa y ofensiva contra el lavado de activos

La administración de De la Espriella fortalecerá los preacuerdos judiciales bajo criterios de proporcionalidad entre la colaboración del procesado, el daño causado y la reparación de la víctima. También se planea ampliar la cobertura de Casas de Justicia y mecanismos de justicia restaurativa en los territorios, promoviendo soluciones alternativas y restaurativas para conflictos penales.

El combate al lavado de activos figura como un eje prioritario con el despliegue de una estrategia interinstitucional de máxima severidad contra las finanzas ilícitas y el blanqueo de capitales. Además, el fortalecimiento institucional y financiero de la Defensoría del Pueblo será garantizado, reforzando su capacidad para proteger los derechos ciudadanos.

Cambios en organismos asesores y control sobre la JEP

El documento conocido por Infobae Colombia señala que se realizarán modificaciones en la conformación de los comités y comisiones asesoras del Gobierno nacional en materia de política criminal. A la vez, el Ministerio de Justicia adoptará una postura de veeduría crítica frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), supervisando sus resultados y decisiones.

Finalmente, el despacho ministerial buscará establecer un diálogo fluido, constructivo y de respeto con las altas cortes del país, con el propósito de armonizar la gestión judicial y garantizar la coordinación institucional en todos los niveles.

Iván Cancino, quien encabeza el empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, asumirá la responsabilidad de implementar este plan desde el primer día de gestión.