Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera exige a Colombia eliminar aranceles y reactivar comercio con Ecuador

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera reclamó la eliminación de los aranceles impuestos al comercio con Ecuador y el restablecimiento pleno del intercambio binacional. La solicitud cobró fuerza luego de que el gobierno ecuatoriano derogara la denominada “tasa de seguridad”, medida que había originado el conflicto comercial entre ambos países y motivado la respuesta de Colombia.

En un comunicado emitido desde Ipiales, Nariño, el gremio expresó su “profunda preocupación e indignación” por la falta de decisiones del Gobierno tras la actuación de Ecuador. Según advirtió, la continuidad de las restricciones comerciales del Decreto 455 está generando pérdidas económicas, desempleo, cierre de negocios e incertidumbre para miles de trabajadores que dependen de la actividad fronteriza. Además, sostuvo que mantener las medidas actuales afecta la integración regional y el cumplimiento de los compromisos asumidos entre ambos países.

“La frontera no puede seguir siendo rehén de la burocracia, víctima de la lentitud administrativa, de los cálculos políticos o de decisiones alejadas de la realidad económica de la región”, reclamó el Comité, e insistió en que la espera solo genera más incertidumbre para las familias fronterizas. Además, recordó que durante meses el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente que “una vez Ecuador retirara sus medidas, Colombia actuaría de manera inmediata en el mismo sentido. Ecuador cumplió. Colombia aún no”.

El comunicado advirtió que la integración andina no puede aplicarse de manera selectiva ni estar condicionada por intereses distintos al bienestar de los ciudadanos. “No hacerlo sería enviar un mensaje preocupante: que la palabra presidencial no vale y que los compromisos adquiridos ante la frontera pueden ser ignorados sin consecuencias”, alertó el Comité.

El gremio recalcó que la frontera “no está pidiendo privilegios”, sino “respeto por los acuerdos internacionales, respeto por la palabra empeñada, y sobre todo, respeto por el derecho al trabajo de miles de colombianos que hoy continúan pagando las consecuencias de decisiones políticas que nunca debieron afectar a los pueblos fronterizos”.

En otro tramo del comunicado, enfatizaron: “La historia recordará quiénes defendieron el derecho al trabajo y quiénes prefirieron guardar silencio mientras una región entera pagaba las consecuencias”.

El impacto económico de la guerra arancelaria

De acuerdo con información recogida por la agencia EFE y la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, antes del conflicto transitaban diariamente entre 300 y 320 camiones de carga por el puente internacional de Rumichaca. Durante los meses en los que se mantuvieron los aranceles, esa cifra cayó a cerca de 40 vehículos diarios, afectando el intercambio de exportaciones e importaciones y la dinámica económica de la frontera. Las estimaciones del sector indican que la crisis generó pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares en la balanza comercial entre ambos países.

Antecedentes de la disputa comercial

El conflicto se originó el 21 de enero de 2026, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso la imposición de una “tasa de seguridad” a los productos colombianos. La medida, que buscaba reforzar el control fronterizo y combatir el narcotráfico, se aplicó desde el 1 de febrero y tuvo aumentos escalonados hasta alcanzar el 100% en mayo.

En respuesta, Colombia implementó aranceles diferenciados de 35%, 50% y 75% sobre 191 líneas de productos ecuatorianos, además de restringir el ingreso de artículos como arroz y banano, y suspender de forma temporal la interconexión eléctrica, según reportes de la agencia EFE.

Las repercusiones económicas se reflejaron en ambos lados de la frontera: las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia retrocedieron cerca del 20% y las importaciones desde Colombia cayeron aproximadamente un 40% en los primeros cuatro meses del conflicto, según el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo.

Avances y posturas oficiales

Luego de que Ecuador acatara las órdenes de la Comunidad Andina (CAN) y eliminara el gravamen, el gobierno de Colombia anunció que retiraría sus medidas arancelarias en reciprocidad. La Cancillería confirmó que el decreto sería firmado el 1 de junio, tras la formalización de la decisión ecuatoriana mediante la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0051-RE.

Según Blu Radio, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, Oliva Díaz Granados, indicó que el Ministerio de Comercio ya inició el trámite para derogar las tarifas, un proceso que incluye la recolección de firmas del presidente y varios ministros.

De acuerdo con el medio, Díaz puntualizó que Colombia debe acoger el mandato de la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como ya lo hizo Ecuador, para evitar posibles incumplimientos de las normas supranacionales del bloque regional. Calificó el episodio como uno de los más graves en la relación bilateral y sostuvo que “la guerra arancelaria nunca debió presentarse”.

Peticiones y advertencias del gremio

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera sostiene que la integración andina no puede aplicarse de manera selectiva ni estar supeditada a intereses políticos. En su comunicado, advirtió que “la frontera ya cumplió su parte, los trabajadores ya hicieron los sacrificios, Ecuador ya cumplió, ahora le corresponde a Colombia”.

El mensaje es contundente: “Exigimos que el Gobierno Nacional actúe con coherencia frente a los compromisos asumidos públicamente y proceda sin más dilaciones a eliminar los aranceles recíprocos, restableciendo plenamente las condiciones de libre comercio que durante cincuenta y siete años han caracterizado la relación entre dos naciones hermanas y miembros de la Comunidad Andina”.

El gremio también remarcó que la crisis comercial dejó como enseñanza la necesidad de fortalecer la Comunidad Andina y modernizar sus mecanismos, para evitar que futuras diferencias políticas afecten el comercio y la integración regional. Además, recomendó que las empresas evalúen acciones legales para impedir la repetición de medidas similares.