La Contraloría General de la República emitió una nueva advertencia sobre la situación de Air-e, empresa encargada de la prestación del servicio de energía en varios departamentos de la región Caribe, al señalar que la intervención adelantada por el Estado ha estado marcada por un aumento en los costos operativos y una disminución de las inversiones necesarias para garantizar la calidad del servicio.
Según información divulgada por Revista Semana, el organismo de control expresó preocupación por los efectos financieros y operativos que ha tenido la medida aplicada a la compañía, luego de casi dos años de intervención estatal.
La entidad aseguró que el panorama actual incluye riesgos de insolvencia, pérdida de recursos públicos, deterioro progresivo de la infraestructura y posibles impactos sobre la estabilidad del mercado energético colombiano. Además, advirtió que las dificultades registradas durante este período han coincidido con una reducción en la capacidad de inversión y con mayores problemas para responder a las necesidades de los usuarios.
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De acuerdo con lo informado por Revista Semana, la Contraloría considera que la situación requiere una vigilancia especial sobre las actuaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Fondo Empresarial y la propia compañía intervenida.
Deterioro financiero y menor capacidad de inversión
Uno de los puntos que más preocupa al organismo de control es la caída del patrimonio de Air-e durante el proceso de intervención. Según el informe citado, la empresa pasó de tener un patrimonio cercano a los 2,2 billones de pesos a apenas 131 mil millones en un año, una reducción que supera el 90 %.
La Contraloría indicó que esta disminución afecta directamente la solvencia financiera de la compañía y limita su capacidad para ejecutar inversiones destinadas al mejoramiento del servicio. A ello se suma una cartera que supera los 6 billones de pesos, de los cuales más del 73 % corresponde a obligaciones con más de un año de antigüedad.
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El informe también señala que la empresa actualmente depende de recursos públicos para mantener su funcionamiento, una situación que, según la entidad, no se registraba antes de la intervención. Esta dependencia genera preocupaciones adicionales sobre la sostenibilidad financiera de la operación y sobre los costos que podrían trasladarse al sistema.
La advertencia sostiene que la falta de recursos destinados a infraestructura ha tenido consecuencias técnicas visibles, reflejadas en interrupciones recurrentes del servicio y en retrasos para ejecutar soluciones que permitan fortalecer las redes de distribución eléctrica.
Cuestionamientos por la calidad del servicio
La Contraloría también aseguró que la disminución de las inversiones ha impactado indicadores relacionados con la calidad del servicio. Entre ellos mencionó variables utilizadas para medir la frecuencia y duración de las interrupciones eléctricas, las cuales reflejan el comportamiento de la red frente a los usuarios.
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Según el organismo de control, estos resultados contrastan con avances que la compañía había reportado antes de la intervención, cuando algunos indicadores mostraban mejoras en la continuidad del servicio prestado a los habitantes de la región Caribe.
Otro de los aspectos mencionados en la advertencia es la ausencia de un plan integral que permita enfrentar de manera estructural la crisis financiera y operativa que atraviesa la empresa. La Contraloría indicó que no se evidencian acciones suficientes para resolver los problemas de fondo que afectan a la compañía.
El informe también hace referencia a diversas denuncias conocidas públicamente sobre la administración de Air-e durante la intervención. Entre ellas aparecen cuestionamientos relacionados con la creación de nuevos cargos administrativos en medio de la crisis financiera, investigaciones sobre presuntos sobrecostos en compras de equipos e insumos y señalamientos sobre posibles prácticas de nepotismo dentro de la organización.
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La advertencia se suma a otros llamados realizados por organismos de control sobre la situación de la empresa y abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de Air-e y la prestación del servicio de energía en la región Caribe, donde millones de usuarios continúan pendientes de las decisiones que adopten las autoridades frente a la crisis.
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