Denuncian acoso y maltrato contra una adulta mayor y sus mascotas en un conjunto sin legalizar de Ibagué

“Los problemas de la señora comenzaron cuando la asociación de copropietarios, que no es una junta de acción comunal, sino una asociación civil sin la calidad jurídica de una propiedad horizontal, pretendió cobrarle coercitivamente cuotas de administración mediante un proceso ejecutivo”, fueron las palabras con las que Jorge Andrés Patiño Hurtado, apoderado en el caso y abogado con maestría en derecho del estado empezó a contarle a Infobae Colombia la situación que está viviendo una mujer con su mamá (señora de la tercera edad) y sus mascotas en Ibagué desde hace más de 10 años.

De acuerdo con el penalista, la historia cada vez es más grave y se ha convertido en un escenario de incertidumbre y maldad que la llevó a tener preocupación diaria por su hogar e incluso ha llegado a pensar que podrían atentar en contra de su mamá, razón por la que quiso dar a conocer los hechos ante los medios locales y nacionales.

Según el testimonio, cuando los papás de la denunciante se divorciaron, la casa familiar ubicada en El Palmar etapa 2, en Ibagué, quedó a nombre de la mamá tras la repartición de bienes. Luego surgió una disputa por supuestos pagos con la asociación que administraba los temas de la urbanización en esa época, lo que desató el conflicto.

“La urbanización El Palmar segunda etapa es un conjunto abierto conforme a la Ley 675 del 2001, solo los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada pueden constituir una persona jurídica, cobrar cuotas de administración, establecer zonas comunes y realizar cerramientos. Un conjunto abierto, por definición legal, no cumple ninguno de esos requisitos; sus vías, andenes y zonas verdes son espacio público, no zonas comunes y no le es aplicable ese régimen. Ese proceso concluyó con sentencia del 2014, en la que se determinó que la asociación no tiene la calidad que la norma exige para ejecutar cobros de administración, por tratarse de una facultad exclusiva de las propiedades horizontales debidamente constituidas. A pesar de esa sentencia, la asociación siguió operando como si fuera un conjunto cerrado. La señora (madre de la denunciante) se negó a pagar y esa negativa desencadenó más de diez años de hostigamiento“, explicó el representante de las víctimas a Infobae Colombia.

Después de que el juzgado entregó la casa, una comisaria de Picaleña acudió al predio con un señor y les dijo que la vivienda quedaba en secuestre porque había sido llevada al Juzgado 6.º Civil para ser embargada. Ante el temor de perderla y al creer que debían dinero por no pagar la supuesta administración, una tía les prestó la plata para saldar la deuda y realizaron una transacción de al menos siete millones de pesos, según recuerdan.

Días después, cuando se presentaron en el juzgado donde estaría el problema legal, la jueza Martha Jeannette López señaló que el cobro había sido ilegal porque no se trataba de un conjunto cerrado, sino de una urbanización abierta que fue cerrada y simplemente creó una asociación de copropietarios.

“El inmueble de propiedad de la señora (nombre completo de la mamá de la denunciante) no se encuentra afectado al régimen de propiedad horizontal, razón por la cual no se le puede citar como copropietaria, amén de que no tiene vínculo con la asociación actora. (...) De lo antedatado claramente se colige que el Conjunto Residencial (nombre del lugar) segunda etapa no está sometido a régimen de propiedad horizontal y, por lo tanto, no se le pueden aplicar las normas relativas al mismo. (...) No es un conjunto de casas cerrado sino abierto, entonces constituyó una asociación para el beneficio de todos, pero como asociación no se está obligado a pertenecer a ella y tampoco hay obligación de contribuir económicamente en el sostenimiento de la asociación", dice la juez en la sentencia radicada el 11 de abril de 2014.

En ese momento, la juez resolvió por “declarar probada la excepción, terminado el proceso, levantar las medidas cautelares y ordenar el archivo”; sin embargo, el dinero entregado nunca se le devolvió y desde ese momento inició un pleito, tanto legal como de convivencia entre las personas que querían la plata de la supuesta administración como con los propietarios que se acogieron a la orden del juzgado, pues otros vecinos se sumaron a separarse de la asociación.

“Le cierran los portones con llave, le dificultan la entrada y la salida, le han impedido el ingreso de ambulancias, las hostigan. Por estas razones, acudimos a la Dirección de Espacio Público de la Alcaldía, que constató la ocupación ilegal y profirió una resolución ordenando la restitución del espacio público, es decir, el retiro de los portones y cerramientos. Sin embargo, la propia administración municipal revocó esa resolución aduciendo una nulidad por indebida notificación a la administración del conjunto abierto y en su lugar abrió un proceso de concertación ante la Personería Municipal al amparo del artículo 51 de la Ley 2079 del 2021. Este proceso es el que se adelanta actualmente”, aseguró el abogado.

Aun con la sentencia en mano y las pruebas a su favor, la persona que asumió la cabeza de la supuesta administración empezó a expresar inconformidades con la forma de ser, la manera de vivir y la vivienda de la señora, según relató el abogado al que acudió la hija. De distintas maneras y con diferentes formas de maltrato, varios vecinos manifestaron su rechazo a que ella no quisiera pertenecer a la asociación ni hacer aportes económicos.

De acuerdo con la denuncia, sin importar quién ocupe ese cargo, la situación ha escalado: se habría incentivado la animadversión entre otros habitantes y cada vez serían más los insultos, ataques y amenazas contra la señora, con el argumento de que debería irse de la casa, abandonar el lugar o someterse a la supuesta administración y sus normas.

“Cochina, persona indeseable, tiene la casa sucia”, “Loca”, “Enferma”, “tiene problemas mentales”, “Yo le mandé a fumigar la casa”, “Con la manito quite las plantas de su casa”, “Malparida”, “Ahí viene la perrera municipal”, “Le voy a mandar a quitar los perros”, entre otras, serían los improperios que le lanzarían constantemente a la señora de la tercera edad.

Incluso, al parecer, en repetidas oportunidades han arremetido contra la hija de la señora cuando va de visita a la casa materna. Según la denuncia, le han dicho frases como: “hijueputa, malparida, necesita un hombre que la adoctrine, yo sí le doy una palmada”, “le quedó lindo el culo suyo”, “igual de loca a la mamá”, entre otras, por parte de residentes hombres y mujeres que habitan en el lugar.

Pero no solo eso. La víctima, que decidió denunciar “el calvario” ante los medios y por medio de sus abogados, comentó que en los últimos dos años han cambiado las personas a cargo de la administración y que cada una habría incentivado la burla, invitaría al bullying y habría maltratado verbal y psicológicamente a su mamá porque no paga la supuesta cuota legal.

Sin oportunidad de diálogo ni respuesta a los documentos enviados en los que pidieron respeto y relataron lo ocurrido, el abogado indicó que las víctimas han soportado discursos por parte de algunos integrantes de la asociación en los que aseguran que “la propietaria está loca”, “es sucia” y que el conjunto sí es cerrado. No obstante, hasta la fecha no se ha demostrado esa situación ni se han respetado los documentos legales que, según las víctimas, las amparan; por el contrario, “han iniciado una persecución”.

“Nuestra posición es que la concertación no puede convertirse en un mecanismo para convalidar una ocupación ilegal del espacio público ni que se convierta en motivo de hostigamiento”, aseguró el abogado.

Mientras tanto, el 13 de septiembre de 2024, el director de Espacio Público de Ibagué, John Ferley Amaya, envió un nuevo documento en el que indicó que “de las pruebas analizadas se constata la afectación permanente y grave del espacio público... hecho que impide la libre circulación y locomoción de sus habitantes... y en la dirección no reposa la expedición de resoluciones o certificaciones de registro de las personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal”.

Sin embargo, esto no ha sido motivo para que los vecinos de la casa ni la persona en cabeza de la asociación respeten la decisión tomada. Según la denuncia, por el contrario, se incrementaron los maltratos y se buscaron distintos medios para agredirlas y dañarlas, como los insultos mencionados y el presunto maltrato a sus mascotas.

Cuando la mamá de la denunciante saca a los perros a realizar sus necesidades en un espacio que, según los documentos legales, es público, comienzan los gritos de “perros hijueputas, cochina, recoja la mierda, loca, por qué no se va señora, sucia, está enferma, nadie la quiere”, entre otros, según confirmaron a Infobae.

Además, aunque tienen conocimiento de que las fumigaciones en los conjuntos cerrados (si estuviera constituido así) deben realizarse periódicamente y con aviso previo, e incluso con autorización, de manera constante aplican en el antejardín de su casa un supuesto químico para plagas que, según la denuncia, en realidad ha sido glifosato. Esto ocurrió pese a que les han pedido que no lo hagan y han advertido que estarían envenenando a sus mascotas, poniendo en riesgo su vida y la salud de las propietarias.

“Han fumigado las áreas públicas con herbicidas de uso agrícola sin aviso ni personal idóneo. Esas fumigaciones, según certificación veterinaria, han causado daño a la salud de sus mascotas. Le prohibieron sacar sus perros al espacio público. Sobre esto último, el artículo 117 de la Ley 1801 del 2016 prohíbe restringir el tránsito de mascotas, incluso en los conjuntos cerrados legítimos. Con mayor razón, es improcedente en un conjunto abierto donde esas áreas son espacio público”, explicó el abogado a este medio.

Al problema se sumó un hombre que se mudó al conjunto que se habría tomado el espacio público, que ha dicho ser abogado. Según la denuncia, desde la puerta de su casa —ubicada a dos viviendas de la de la afectada— grita improperios tanto a la señora como a sus mascotas, especialmente cuando la ve sola. Indicaron que el fin de semana del 17 y 18 de mayo de 2025 la hija tuvo que salir al escuchar la situación y solo así el hombre guardó silencio.

En su momento, el vecino argumentó que su hijo, de unos siete años, estaba siendo “traumatizado” por los ladridos de los perros, y que no puede pasar por el lugar porque supuestamente lo atacan. Sin embargo, el apoderado de la denunciante sostuvo que “eso jamás ha pasado” y que los animales “siempre están guardados tras las rejas del jardín”, y aseguró que tienen pruebas.

Según el testimonio, cada vez serían más las acciones similares, las advertencias, la persecución y los malos ratos. Por esa razón solicitaron una medida de protección ante la Policía, que, hasta el momento, no habría sido efectiva. El abogado representante afirmó que la violencia de género habría aumentado y que ahora incluso un hombre que les dijo tener el cargo de pastor en una iglesia también estaría atacando a la adulta mayor.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían escalado al punto de temer que pueda pasar a mayores, como ataques personales, represalias o violencia directa, especialmente porque la adulta mayor vive sola en la casa de Ibagué. También señalaron que el jueves 21 de mayo de 2026 el celador del lugar realizó acciones que generaron temor en la familia.

“Un familiar de la señora, al intentar hablar con uno de los residentes que se empeñan en hostigarla, fue retenido y amenazado por el portero. Respecto de este incidente, no me corresponde la clarificación penal de los hechos, pero lo que este episodio demuestra es el grado de control ilegal que ejerce esta asociación mediante la vigilancia privada. Un vigilante que retiene a una persona, le impide salir, le toma fotos y lo amenaza con un arma blanca, no está prestando seguridad, está ejerciendo control coercitivo sobre la movilidad en un espacio que es público. Eso es exactamente lo que hemos denunciado, que un grupo de personas sin habilitación legal se apropió del espacio público, impuso un régimen de cobros y restricciones que no les corresponde y ha sometido a una persona de la tercera edad a más de una década de hostigamiento por negarse a pagar lo que la justicia declaró improcedente", puntualizó Jorge Andrés Patiño Hurtado, apoderado en el caso y abogado con maestría en derecho del estado.

Ante esta situación el llamado es nuevamente a las autoridades correspondientes, pues el abogado aseguró que hasta la fecha ya se han realizado reuniones y se ha pedido la intervención inmediata de la Policía, Casa de la Justicia, Personería de Ibagué, la oficina de Espacios Públicos de la ciudad, entre otros mecanismos, pero hasta la fecha no hay una solución con la que se dé certeza de protección y seguridad para la señora agredida, sus familiares, ni mucho menos “que haya una solución ante el problema” que generó el cerramiento.