Juez confirmó la libertad de tres investigados por contrato de helicópteros MI-17 de las Fuerzas Militares: habría irregularidades por más de 30 millones de dólares

El Juzgado 24 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmó el miércoles 27 de mayo que el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte y dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa seguirán en libertad dentro del caso por presuntas irregularidades en la contratación del mantenimiento de helicópteros Mi-17, mientras la Fiscalía General prepara el escrito de acusación por cuatro delitos y sigue pendiente la imputación a otros tres investigados.

La decisión judicial llegó en un expediente por un contrato de USD 32,4 millones, con varias ampliaciones y un anticipo del 50%. Así mismo, la audiencia de imputación contra el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y a los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie fue aplazada por quinta vez.

Los tres beneficiados con la decisión de segunda instancia son el coronel Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32; Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del ministerio.

El juez confirmó la negativa a imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad y, en el caso del coronel, concluyó que no existían elementos materiales probatorios suficientes para justificar una detención preventiva. La decisión también acogió los argumentos del abogado defensor Juan Felipe Criollo.

Por su parte, la Fiscalía General radicará en los próximos días el escrito de acusación contra Rincón Ricaurte, Mora Tamayo y Manrique Cabezas por falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.

De acuerdo con la Fiscalía General, los tres tuvieron una participación activa en las irregularidades alrededor del contrato No. 012 de 2024 firmado con Vertol Systems Company, una firma con sede en Estados Unidos. El caso se centra en la contratación para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército.

Durante la audiencia de imputación celebrada en diciembre, el delegado del ente investigador sostuvo: “El manual de contratación indicaba que debía cumplir o ejercer labor de evaluador”.

La Fiscalía afirmó además que, con apoyo en pruebas documentales y testimoniales, estableció que durante la búsqueda de oferentes hubo presiones para que el contrato fuera adjudicado a la empresa estadounidense pese a que no contaba con la experiencia requerida. En la misma audiencia, el fiscal dijo: “Se alteró el acto administrativo mediante el cual se justifica una contratación directa”.

El contrato fue firmado el 31 de diciembre entre el Ministerio de Defensa y Vertol Systems. Una investigación de El Tiempo reveló que una primera evaluación había concluido que Vertol no cumplía los requisitos técnicos para el mantenimiento y overhaul de las aeronaves, que permanecen en tierra en la base militar de Tolemaida.

Según el medio citado, fuentes del sector Defensa sostenían entonces que la partida presupuestal para financiar ese mantenimiento vencía el 31 de diciembre de 2024 y que el Gobierno de Estados Unidos había dado visto bueno a la contratación.

La investigación también alcanzó al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, a Carlos Martín Uribe Forero, representante de MI Series Personell & Parts, y a James Lester Montgomerie. La audiencia para imputarles cargos fue aplazada por quinta vez.

Según fuentes del proceso citadas por Semana, el más reciente aplazamiento obedeció a una dificultad de salud de Montgomerie. En ocasiones anteriores las demoras se explicaron por diferencia horaria y falta de traductora, por una excusa médica de Suárez Soto y por una ruptura procesal.

Sobre el papel de Mora Tamayo, la Fiscalía General sostuvo que ejerció presiones sobre un servidor público para obtener un beneficio. Ese beneficio consistía en influir sobre un supervisor que estaba dispuesto a iniciar un proceso sancionatorio por incumplimiento en la ejecución del contrato.

El fiscal del caso afirmó: “Pero se logró persuadir que ampliara un plazo que realmente estaba en potestad de él y en su momento tenía razón de no dar más plazos, pero logró ser persuadido por usted, doctor Hugo Alejandro Mora, y eso, pues, configura un tráfico de influencias porque, pues, allí no se pensó en el interés general y se estaba beneficiando a un tercero”.

La Fiscalía también señaló que Mora Tamayo y el coronel Rincón Ricaurte habrían buscado que se emitiera un concepto favorable dentro del Ejército para modificar la forma de pago y darle liquidez al contratista.

Por su parte, El Tiempo informó que Suárez Soto primero se excusó de asistir a la imputación por una cirugía de cambio de cadera y después alegó que tenía fuero por haber actuado como ministro encargado, asunto que está siendo dirimido por la Corte Suprema de Justicia.

En medio del proceso, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ha dicho que no se perdió un solo peso. Hasta ahora no hay ninguna persona detenida por este caso.