Hombre que recibió seis puñaladas en un bar de Bosa tras reclamar envases de cerveza enfrenta trabas para denunciar a su agresor

La noche del 9 de mayo, la tranquilidad de un bar en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, se vio interrumpida cuando Jeisson Polanía, administrador del establecimiento, fue atacado con arma blanca por un cliente al que no conocía.

Según relató el propio Polanía a Noticias RCN, el incidente comenzó cuando pidió la devolución de los envases de cerveza antes del cierre del local. En ese momento, el cliente respondió con violencia:

“Solamente por pedir el envase de vuelta, esta persona me pega una patada en la cara. Se me estalla el lente de contacto. Me paro y trato de reaccionar, ahí es cuando me agarra a puños en todo el cuerpo”, declaró el afectado ante el medio.

El conflicto escaló rápidamente. Tras la agresión inicial, el cliente sacó un cuchillo y le propinó seis puñaladas a Polanía, que terminó hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Dos de las heridas afectaron una arteria en el antebrazo izquierdo, lo que obligó a una cirugía vascular de emergencia. Tres heridas adicionales en los dedos requirieron intervención quirúrgica. “Todo fue en cuestión de segundos, yo me paré, reaccioné y me propinó puñaladas”, agregó la víctima.

Obstáculos para formalizar la denuncia

Tras el violento episodio, el administrador intentó interponer una denuncia penal ante las autoridades judiciales. Sin embargo, según explicó en declaraciones recogidas por el noticiero citado, los funcionarios le solicitaron el nombre y número de cédula del atacante para poder dar trámite a la denuncia.

“Yo no conozco a la persona que me agredió, él nunca había ido al bar. La gente dice que nunca lo habían visto. Voy a interponer la denuncia y me piden el nombre y cédula de la persona, no tengo de dónde sacarla”, sostuvo Polanía.

A pesar de contar con grabaciones de las cámaras de seguridad del local, donde quedó registrado el momento del ataque y el rostro del agresor, el proceso judicial permanece suspendido por la falta de datos de identificación.

El afectado expresó su indignación ante la imposibilidad de avanzar en la investigación: “Lo que quiero en este momento es que esto no quede impune y que él se haga responsable de todo lo que me hizo”, reclamó.

La familia del administrador también solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Bogotá que inicien una investigación de oficio utilizando los materiales audiovisuales disponibles. El objetivo es identificar al responsable y establecer su paradero para que responda ante la justicia por el delito de lesiones personales o tentativa de homicidio.

Frente a la persistencia de hechos como el sucedido en Bosa, familiares y allegados de la víctima esperan que la difusión del caso en medios de comunicación contribuya a que las instituciones empleen herramientas como el reconocimiento facial o labores de vecindario para dar con el paradero del agresor.

Contexto de inseguridad y aumento de la violencia en Bogotá

El caso de Jeisson Polanía se produce en un entorno marcado por un incremento en los hechos violentos en Bogotá. Con base en datos del Observatorio de Seguridad, citados por la concejal Diana Diago del partido Centro Democrático, los casos de lesiones personales en la ciudad aumentaron un 29,1% durante el primer bimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

La edil cuestionó la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por la administración distrital, señalando que “Hoy Bogotá es más violenta que hace un año. Los ciudadanos no solo enfrentan inseguridad, sino agresiones constantes en sus propios barrios, sin que exista una respuesta clara y contundente por parte del Distrito”.

Las localidades más afectadas por este tipo de delitos, según las cifras oficiales, son Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar. Uno de los patrones identificados en la ocurrencia de estos hechos señala que los sábados por la noche y los domingos en la madrugada concentran el 12,3% de los ataques, lo que evidencia la ausencia de controles eficaces justamente en los horarios de mayor riesgo.

Ante el aumento de la violencia, la administración de Bogotá destinó más de $66.000 millones anuales a la contratación de cerca de 1.700 personas en el programa de “gestores del orden”.

Según la concejal Diago, los resultados de esta iniciativa no demostraron avances concretos en la reducción de delitos ni en la mejora de la convivencia ciudadana. “Mientras la administración tiene previsto destinar más de $50.000 millones a esta iniciativa, los resultados son inexistentes. Hoy las cifras demuestran que no han servido para resolver los problemas de convivencia, y por el contrario, la violencia sigue creciendo en toda la ciudad”, afirmó.