Violencia, control armado y desinformación marcan la alerta por riesgo extremo electoral en 139 municipios

Un total de 139 municipios colombianos fueron clasificados en riesgo extremo electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, según el informe más reciente de la Misión de Observación Electoral (MOE).

La jornada se desarrollará con una cobertura parcial de observadores en los territorios identificados como más problemáticos, lo que plantea desafíos inéditos para la vigilancia del voto y la protección de garantías democráticas.

Cobertura limitada en los focos de mayor riesgo

La MOE, organización civil independiente que realiza seguimiento a los procesos electorales en Colombia desde hace dos décadas, desplegó 2.523 observadores en 31 departamentos y 452 municipios.

Este operativo asegura la vigilancia del 77% del potencial electoral nacional, de acuerdo con el último informe presentado por la entidad a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales.

Sin embargo, el alcance disminuye cuando se analizan los territorios más críticos. Para estas elecciones presidenciales, la MOE identificó 368 municipios con factores de riesgo, pero solo podrá cubrir 210 de ellos.

La brecha se amplía en los municipios clasificados en la categoría más alta: de los 139 en riesgo extremo, solo se garantizará presencia en 90, lo que equivale al 65% de esa franja. Así, 49 municipios en riesgo extremo llegarán a las urnas sin observadores de la MOE el 31 de mayo.

La organización divide el riesgo electoral en cuatro niveles: sin riesgo, medio, alto y extremo. En los municipios de riesgo medio habrá observadores en 59 de los 125 priorizados, y en riesgo alto, en 61 de 122. El déficit de cobertura afecta principalmente a los territorios donde la violencia política y el control de actores ilegales presentan mayor incidencia.

Violencia y amenazas sobre el proceso electoral

Los datos recopilados por la MOE evidencian el trasfondo de la preocupación: entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, se registraron 565 hechos de violencia contra liderazgos vinculados al ciclo electoral presidencial.

Aunque el número representa una reducción del 24,7% frente al período correspondiente al ciclo de 2022, se observa un incremento del 6,3% en la violencia dirigida específicamente contra actores políticos, que concentran el 59,3% del total de incidentes.

De los 565 casos, 335 tuvieron como blanco directo a líderes políticos. La violencia letal se incrementó 18,9% respecto al ciclo anterior, lo que convierte a los asesinatos en el indicador más grave dentro de la dinámica de agresión.

Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 21 de mayo de 2026, la MOE documentó 63 hechos concretos de afectación al proselitismo político en 21 departamentos. Antioquia, Norte de Santander, Bogotá y Santander concentran el 57% de esos incidentes.

Las formas más comunes son daños a material de publicidad electoral (24 casos), ataques a sedes de campaña (17) y hostigamiento a activistas y militantes (11). Medellín y Bogotá encabezan la lista de municipios con mayor número de incidentes.

Otra preocupación central es la circulación de contenidos falsos y narrativas desinformativas en redes sociales, que podrían sembrar dudas sobre la transparencia del proceso y aumentar la desconfianza ciudadana.

Las zonas más afectadas y el rol institucional

El informe de la MOE señala que las alertas más graves se concentran en departamentos como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Arauca y el Catatumbo, donde persisten dinámicas asociadas al conflicto armado y estructuras ilegales que imponen restricciones al ejercicio político. En estos territorios, el control territorial consolidado y la violencia selectiva limitan el pluralismo y excluyen a amplios sectores de la población.

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, advirtió que el país enfrenta “un escenario complejo marcado por violencia política, presencia de grupos armados ilegales, posibles presiones sobre votantes y campañas de desinformación que podrían afectar las garantías electorales”.

El Gobierno, a través del ministro de Defensa Pedro Sánchez, reconoció la existencia de 32 municipios con riesgo de afectación violenta y 38 con riesgo de delitos electorales graves, como la compra de votos.

El titular de Defensa subrayó que el Plan Democracia busca proteger a los votantes y la infraestructura del proceso, tanto física como cibernética. “Se está eligiendo la persona que concentra el mayor poder del Estado… nuestro enfoque es prevención, protección y respuesta”, declaró Sánchez.

Durante el año en curso, las operaciones de seguridad permitieron neutralizar a 1.543 integrantes de grupos criminales. El costo ha sido alto: 41 militares y policías murieron y 272 resultaron heridos, de acuerdo con el reporte oficial.