
El lunes 25 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado sobre una decisión judicial en Cartagena en contra de una mujer de 23 años que fue acusada del delito de explotación sexual infantil. El caso tomó relevancia a nivel nacional, teniendo en cuenta que la víctima era su propia hija, una menor de edad.
De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue resultado de la cooperación internacional entre Colombia y autoridades estadounidenses. Además, el caso fue ampliamente rechazado por la comunidad, debido a la gravedad de las pruebas presentadas.
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Tras la verificación de los hechos por parte del ente acusador, la mujer fue enviada a prisión preventiva en Cartagena luego de que se confirmara que, entre mayo y noviembre de 2025, la detenida facilitó a un ciudadano estadounidense material audiovisual ilícito de su hija menor a cambio de dinero.
La medida fue dictada para salvaguardar la integridad de la víctima y asegurar el proceso penal, en medio de las investigaciones coordinadas entre autoridades de ambos países.
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Las investigaciones comenzaron tras una alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos en diciembre de 2025, cuando un ciudadano estadounidense fue capturado en Medellín. En ese momento, las autoridades hallaron en sus dispositivos electrónicos videos y fotografías de una menor compartidas en redes sociales.
El hallazgo permitió reconstruir la secuencia delictiva, debido a que el extranjero sostuvo conversaciones con la madre desde Cartagena y recibió en varias ocasiones archivos íntimos de la niña, que la mujer decidió enviarle a cambio de dinero.
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El comunicado de la Fiscalía resaltó que el proceso estuvo marcado por una activa cooperación judicial internacional. Además, se indicó que la colaboración con autoridades estadounidenses fue clave para identificar la red delictiva y consolidar la acusación.

La alerta internacional permitió a las autoridades colombianas acceder a información relevante descubierta en Estados Unidos, pues se considera que sin esta alianza hubiera sido imposible determinar la responsabilidad de la mujer.
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El intercambio de elementos materiales probatorios entre ambos países terminó con la expedición de la orden de detención y la acusación formal en contra de la mujer que ahora está a la espera de que un juez determine cuánto tiempo pasará en prisión.
Finalmente, se explicó que la captura de la mujer se llevó a cabo el 28 de abril de 2026 en el barrio La Castellana de Cartagena, en una operación liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. Sin embargo, el caso se dio a conocer después de que se confirmara la medida de aseguramiento.
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El caso desató indignación en la capital del departamento de Bolívar y en todo el territorio nacional, en el que la comunidad exige que se haga justicia y se garantice el restablecimiento de los derechos de la menor afectada.

Delitos imputados en contra de la mujer que vendía contenido explícito de su hija
La Fiscalía le imputó a la madre delitos de pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual. Según la investigación oficial, la mujer habría participado en al menos seis hechos en los que compartió videos y fotos de la niña a cambio de beneficios económicos.
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Durante las audiencias de control de garantías, la acusada negó su responsabilidad en los cargos. Aunque el juez consideró la gravedad del caso y el riesgo para la víctima, por lo que decidió imponer la prisión preventiva mientras continúa la investigación bajo reserva judicial.
La resolución judicial reitera la necesidad de proteger a los menores en el territorio nacional. Por ello, la acusada enfrentará el proceso penal en un centro penitenciario.
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