Comunidades afro e indígenas bloquean vía férrea en La Guajira y exigen reparación por impacto minero

En la madrugada del 24 de mayo de 2026, organizaciones comunitarias afrodescendientes y representantes de pueblos originarios bloquearon la vía férrea, a la altura del puente en Albania, La Guajira, para exigir la reparación integral, reubicación y reconstrucción del Pueblo Tabaco y otras comunidades afectadas por la minería en la región.

La acción, encabezada por el Consejo Comunitario Bárbaros Hoscos Negros Cimarrones de Tabaco, el Consejo Comunitario de Familias Afrocolombianas de Chancleta (Conechan) y otras agrupaciones, hace parte de la Semana Global contra Glencore y el proyecto minero Cerrejón, uno de los más grandes de América Latina.

Las organizaciones participantes demandan la implementación de sentencias judiciales, como la Sentencia 329 de 2017 y la T-704 de 2016, que ordenan la reparación y reubicación del Pueblo Tabaco tras el despojo sufrido por la expansión minera en la zona.

Según los manifestantes, el cumplimiento de estas decisiones resulta indispensable para garantizar la restitución del territorio, la reconstrucción física de los pueblos y la recuperación de la flora y fauna ancestrales.

El comunicado divulgado por la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz (Msmea-P) detalla que las exigencias incluyen la reubicación y reasignación de territorios propios conforme a las nuevas realidades de la diáspora del Pueblo Tabaco, el repoblamiento de especies autóctonas y la reconstrucción del tejido social, cultural y espiritual. Además, solicitan la reconversión económica y productiva del nuevo territorio y la construcción participativa de un Plan de Vida.

A la movilización se suman otras comunidades que solicitan un estudio sobre los impactos de la minería en la población de Albania, Hatonuevo y Barrancas, así como la indemnización inmediata por daños en viviendas, sistemas hídricos, salud y medio ambiente.

Entre las demandas se encuentra la entrega de territorios ancestrales a comunidades Wayuu desplazadas, la restitución de predios expropiados y la devolución de sitios ceremoniales y espirituales a pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo.

“El Cerrejón no es progreso, es despojo de territorios ancestrales”, afirmaron en el comunicado, en el que también expresaron que las comunidades insisten en que la minería ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de familias y la afectación de ecosistemas vitales.

“Agua para La Guajira, no más carbón que contamina la vida”, sostuvieron en el escrito, en el que responsabilizan a Glencore de los daños sociales y ambientales.

La protesta también busca que la sociedad civil, organizaciones sociales y otros consejos comunitarios respalden la exigencia de reubicación y reconstrucción para comunidades como Manantial, Tabaco, Vereda Caracolí, Palmarito, Zarahita, Roche, Chancleta, Oreganal, Tamaquito II, Nuevo Espinal, Patilla, Barrancón, Equimana y Puerto Arturo.

Por último, entre los llamados de la jornada resalta el pedido de “cierre justo de la mina, por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos originarios y afros”, así como la exigencia de una “transición energética justa y reconversión laboral para la región”.

Esto dijo el director de Indepaz: “La dignidad de los pueblos no puede seguir enterrada bajo el carbón”

El director de Indepaz, Leonardo González Perafán, expresó en su cuenta oficial: “La dignidad de los pueblos no puede seguir enterrada bajo el carbón”. Sus palabras acompañan la movilización de comunidades afro, indígenas y campesinas en La Guajira, quienes insisten en que “la defensa del territorio, del agua y de la vida no puede seguir siendo tratada como un obstáculo al desarrollo”.

González Perafán subrayó que las demandas actuales no son privilegios, sino el resultado de años de lucha por derechos históricos, sentencias incumplidas y garantías mínimas.

“No puede hablarse de transición energética mientras persistan comunidades desplazadas, territorios fragmentados y daños ambientales sin reparar”, afirmó el director de Indepaz, recordando que “la justicia ambiental también es justicia social”.

El dirigente insistió en que escuchar a las comunidades implica reconocer décadas de impacto ambiental, social y humano por el modelo extractivo. “La protesta social en defensa del territorio es legítima y constitucional”, recalcó.

González Perafán concluyó que La Guajira no debe seguir entregando carbón mientras persistan reclamos por agua, reparación y condiciones dignas, advirtiendo que cada exigencia refleja historias de despojo y daños que no pueden seguir invisibles.