Antes de las elecciones presidenciales, el Congreso no sesionaría y estaría en receso, según Angélica Lozano

El 31 de mayo de 2026, los colombianos tendrán que acudir nuevamente a las urnas para elegir a los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño, en reemplazo de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Mientras que los candidatos presidenciales ajustarán sus encuentros privados con sectores políticos y empresariales, hay una posibilidad de que el Congreso de la República pueda paralizar su desarrollo previo a la contienda electoral.

Así lo denunció la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) que, en diálogo con el medio digital Tercer Canal, advirtió las graves consecuencias que tendría el proyecto que aborda los contratos de prestación de servicios en el Estado colombiano y que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Para la legisladora independiente, los tiempos para que la iniciativa sea aprobada en el legislativo son muy limitados, y con el posible receso, enterraría las posibilidades de la propuesta que busca ampliar derechos a contratistas del Estado.

“Yo lo he presentado siete veces. Esta es la ocasión que más lejos llego. Si se aprobaba ayer (20 de mayo), podía ser ley en julio (...) La próxima semana, por una mala práctica del Congreso, no se sesiona porque dicen que, como el domingo (31 de mayo) hay elecciones, pues esta semana no vayamos a trabajar”, explicó la senadora al citado medio de comunicación.

Para Lozano, la posible suspensión de actividades pondría en riesgo la iniciativa, al considerar que solo faltarían tres semanas para que se culmine su periodo legislativo.

Sin embargo, al revisar en la agenda legislativa de la Cámara de Representantes, la Comisión Séptima no tendrá sesión, pero si habrán actividades en el recinto legislativo, desde la Comisión de Derechos Humanos, donde se hará un debate de control político sobre el accidente del avión de Avianca ocurrido en noviembre de 1989, hasta una sesión plenaria de la corporación legislativa.

En el caso del Senado, solo estarán citadas las comisiones Cuarta y Quinta, así como la plenaria que está agendada para el miércoles 27 de mayo, en la que está previsto a realizarse el debate sobre la Jurisdicción Agraria y Rural, otra de las iniciativas que está en peligro de archivarse en el Congreso.

Pelea entre Angélica Lozano y María Fernanda Carrascal

El origen de la controversia por el proyecto que busca ampliar derechos a contratistas del Estado ocurre desde el 20 de mayo, cuando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes decidió suspender el tercer debate de la propuesta, a raíz de unos desacuerdos con la congresista maría Fernanda Carrascal (Pacto Histórico).

Para Lozano la propuesta atiende una brecha laboral que afecta a más de un millón y medio de personas, y para Carrascal el texto es inconstitucional y puede consolidar formas de deslaboralización.

El dato que atravesó la discusión fue el universo de trabajadores afectados. Según la senadora Angélica Lozano, son más de un millón y medio de personas las que hoy trabajan sin cesantías, primas, vacaciones, remuneración y estabilidad laboral, además de asumir por su cuenta el pago completo de la seguridad social.

La suspensión del debate se produjo después de la ruptura del cuórum en la comisión. Según la senadora de Alianza Verde, Carrascal se retiró de la sesión y eso impidió continuar con el análisis del proyecto bajo las reglas del quórum parlamentario.

Lozano atribuyó a esa salida la frustración del avance legislativo. “Los perjudicados son un millón y medio de personas que trabajan sin cesantías, primas, vacaciones, remuneración y sin estabilidad”, sostuvo.

Ante las críticas, Carrascal rechazó que el problema central hubiera sido su retiro y afirmó que la controversia real está en la arquitectura jurídica del proyecto.

“El proyecto, tal como está construido, es abiertamente inconstitucional. En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaboralización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría”, indicó en un video publicado en sus redes sociales.

El proyecto había sido presentado en agosto de 2024 por Lozano y otros integrantes de la Alianza Verde. La iniciativa pretende extender a quienes hoy prestan servicios temporales al Estado garantías como cesantías, primas, vacaciones y estabilidad laboral.

La propuesta tiene como plazo hasta el 20 de junio para ser avalada en su totalidad en la Cámara de Representantes, en caso contrario, quedará archivada de forma definitiva.