El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron una de las decisiones más grandes relacionadas con fotomultas en Colombia, luego de detectar presuntas irregularidades en millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024.
La investigación involucra a 37 organismos de tránsito del país y podría terminar con la revocatoria de más de 5,8 millones de multas que habrían sido impuestas sin cumplir los requisitos técnicos exigidos por la ley.
Según explicó el Gobierno nacional durante una rueda de prensa, las irregularidades fueron detectadas en sistemas de fotodetección que operaron sin contar con los conceptos técnicos obligatorios expedidos por el Instituto Nacional de Metrología, documento necesario para validar legalmente las cámaras.
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Qué encontraron las autoridades
La Superintendencia de Transporte reveló que revisó 533 cámaras autorizadas en el país y encontró múltiples inconsistencias en la operación de varios sistemas de fotomultas.
De acuerdo con la investigación, 12 organismos de tránsito comenzaron a operar cámaras sin contar con concepto técnico de desempeño, mientras que otros siete funcionaron utilizando conceptos expedidos a terceros.
Además, 18 entidades habrían obtenido esos permisos después de haber iniciado la operación de los sistemas de fotodetección.
Las irregularidades estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
Por esa razón, el Gobierno advirtió que millones de comparendos podrían perder validez jurídica.
Más de 5,8 millones de multas serían anuladas
En total, la investigación revisa cerca de 7,6 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024.
De esa cifra, el Ministerio de Transporte aseguró que 5.832.906 multas quedarían sin validez por las presuntas fallas detectadas en los sistemas tecnológicos utilizados por los organismos investigados.
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Uno de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con los comparendos que ya fueron pagados por los ciudadanos.
Las autoridades indicaron que existen 1.582.398 fotomultas canceladas por conductores, lo que representa un recaudo superior a 1,05 billones de pesos.
Ahora, esos recursos podrían tener que ser devueltos a los afectados si las investigaciones concluyen que las sanciones fueron impuestas irregularmente.
Además, los organismos de tránsito involucrados podrían enfrentar sanciones económicas superiores a 2,1 billones de pesos.
Cali, Medellín y Bogotá aparecen entre las ciudades con más casos
El informe oficial mostró que Cali es la ciudad con mayor cantidad de comparendos bajo investigación, con cerca de 2,7 millones de fotomultas cuestionadas.
Le siguen Medellín, con más de 717.000 comparendos; Bogotá, con cerca de 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000 multas.
La lista también incluye municipios y departamentos como Bello, Itagüí, Sabaneta, Villavicencio, Montería, Palmira, Popayán, Santa Marta, Soledad, Zipaquirá y Santander de Quilichao, entre otros.
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Cómo funcionaría la devolución del dinero
El Ministerio de Transporte aclaró que las devoluciones no se harán automáticamente y que cada ciudadano deberá iniciar un proceso para reclamar el dinero pagado.
El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, explicó que los afectados tendrán que presentar acciones contra el organismo que impuso la fotomulta.
Incluso, sugirió que una de las alternativas podría ser la presentación de acciones populares colectivas entre ciudadanos afectados.
Las autoridades publicaron un listado oficial con las fechas y ciudades donde se habrían impuesto comparendos irregulares, con el objetivo de que los conductores puedan verificar si fueron afectados.
Gobierno defiende la legalidad del proceso
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la investigación busca proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que las fotomultas sean utilizadas como mecanismos de recaudo por fuera de la ley.
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“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, afirmó la funcionaria.
El Ministerio insistió en que las cámaras de fotodetección seguirán funcionando siempre y cuando cumplan con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por la normatividad colombiana.
Mientras avanzan las investigaciones, millones de conductores permanecen atentos a lo que ocurra con uno de los mayores escándalos relacionados con comparendos electrónicos en el país.
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