La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilitación de nueve integrantes de la Policía Nacional por el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó en Sincelejo (Sucre, Colombia).
Entre los uniformados sancionados se encuentra el coronel retirado Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien fue además condenado a 29 años de prisión por su responsabilidad en los hechos.
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De acuerdo con el fallo emitido por el órgano de control, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2022, donde los agentes policiales detuvieron a tres jóvenes en ese sector de la capital colombiana.
Las víctimas, falsamente señaladas de pertenecer al grupo armado Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC), fueron torturadas y ejecutadas con disparos y golpes, según las sentencias disciplinarias y penales que califican el caso como una grave violación de derechos humanos.
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La investigación detalla que, tras el homicidio de un patrullero atribuido a la organización ilegal, que para la fecha había implementado un “plan pistola”, la Policía desplegó un operativo en el sector Las Palmas.
Los jóvenes —Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo— fueron interceptados en motocicleta, retenidos bajo una acusación falsa y trasladados en un vehículo oficial de la Policía.
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Durante el trayecto hacia la Clínica María Reina de Sincelejo, el entonces comandante operativo Núñez les disparó mientras estaban esposados. Informes médico-forenses citados por Blu Radio señalaron que las muertes fueron violentas y resultado de lesiones y disparos, lo que evidenció tortura y un estado de indefensión.
Sanciones disciplinarias y penales
El fallo disciplinario más reciente ratificó la destitución e inhabilitación por 19 años para ejercer cargos públicos al coronel retirado Núñez.
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Ocho policías más recibieron sanciones:
- Capitán Cristian Alberto Betancur Salamanca (15 años de inhabilitación)
- Patrullero Eduard de Jesús De la Rosa (13 años)
- Patrullero Uber Guillermo Mieles Arroyo (13 años)
- Patrullero Bernardo Pontón Mercado (13 años)
- Patrullero Leila Carolina Ávila Pestana (13 años)
- Patrullero Diana Marcela Puerta Rodríguez (13 años)
- Patrullero Santiago Garavito Díaz (11 años)
- Rafael Paz Barboza (11 años)
En su momento, Núñez aceptó la autoría de los asesinatos y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para declarar contra los demás implicados. Por su confesión, además de la condena de prisión, fue sancionado con una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales de 2022.
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El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo le negó cualquier beneficio de suspensión de pena o detención domiciliaria, por lo que permanecerá bajo custodia en un centro penitenciario del Inpec en Bogotá.
Según la Procuraduría, varios de los uniformados sancionados decidieron no intervenir para evitar el crimen, teniendo oportunidad real de hacerlo. Esta omisión, explicó la Procuraduría en el fallo, los llevó a ser considerados corresponsables de graves violaciones de derechos fundamentales.
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El dictamen disciplinario también reconoció como víctima a Cindy Paola Sierra Monterroza, hermana de José Carlos Arévalo, y notificó a los sancionados que la resolución no admite recurso alguno.
Alteración de pruebas y repercusión social del caso Chochó
Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría evidenciaron un intento sistemático de encubrimiento, pues los responsables trataron de alterar pruebas y presentar a las víctimas como miembros del Clan del Golfo para legitimar la acción policial.
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El proceso disciplinario exigió un análisis desde la perspectiva de derechos humanos por las “agresiones infligidas”, las cuales, según la Procuraduría, “superaron el ámbito del servicio policial y vulneraron derechos fundamentales como la vida e integridad personal”.
La destitución e inhabilitación de los implicados se suma a la condena penal contra Núñez y a procesos judiciales contra otros policías. El caso ha tenido un fuerte impacto público y motivó que organizaciones de derechos humanos y ciudadanos renovaran el debate sobre el abuso de poder, la violencia institucional y las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
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A raíz de las sanciones y los hechos probados, se han puesto de manifiesto profundas fracturas en la relación entre la sociedad y la Policía, impulsando una demanda social de justicia y reformas en los protocolos de la fuerza pública.
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