Álvaro Uribe sugirió que uno de los hombres que participó en ataque frente a su vivienda sería un portavoz de ‘Calarcá’: “Es alias Leopoldo”

El 19 de mayo de 2026 se registró un episodio de alta tensión política en Rionegro, Antioquia, frente a la vivienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el sector de Llanogrande, luego de una actividad convocada por organizaciones de víctimas y colectivos de derechos humanos que realizaron un mural alusivo a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.

El hecho, presentado como un ejercicio de memoria histórica, terminó escalando en medio de señalamientos políticos, presencia de distintos actores partidistas y denuncias cruzadas de hostigamiento, en un ambiente de alta polarización previo al calendario electoral.

En medio de la situación, el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que elevó una denuncia pública y pidió verificación a las autoridades sobre la identidad de uno de los asistentes al lugar.

En su publicación, Uribe escribió: “Ruego a las autoridades y a los medios verificar si este señor de barba blanca, que ayer llegó a hostigar a la puerta de mi casa, es alias Leopoldo Durán, guerrillero portavoz de alias Calarcá”, lo que de inmediato amplificó la controversia al introducir señalamientos directos sobre presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales.

A partir de esa declaración, el caso tomó una dimensión aún más compleja por la referencia a Leopoldo Durán, nombre asociado a Óscar Ojeda Erazo, quien ha sido mencionado en informes de seguridad como antiguo integrante de las extintas Farc y posteriormente vinculado a estructuras disidentes.

Según esos reportes, Ojeda Erazo firmó el Acuerdo de Paz de 2016, pero en años posteriores habría retomado actividades dentro de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), bajo la influencia de alias Iván Mordisco, lo que lo ha mantenido en el radar de las autoridades en medio de los procesos de negociación y confrontación armada.

El nombre de Ojeda Erazo volvió a aparecer en la agenda pública tras un episodio ocurrido en febrero de 2026, cuando fue capturado en el Guaviare bajo una notificación internacional tipo circular azul de Interpol.

Este mecanismo, sin embargo, no implica orden de captura sino solicitud de información a los países miembros, lo que llevó a su posterior liberación por parte de la Fiscalía General de la Nación al no existir requerimiento judicial vigente.

Este antecedente reforzó la controversia sobre su estatus jurídico, ya que combina su pasado como firmante del acuerdo de paz con señalamientos posteriores de reactivación insurgente.

Tras la publicación del mensaje, la jornada en las afueras de la residencia de Uribe se tornó más tensa. El mural, impulsado por colectivos de víctimas, hacía referencia a las 7.837 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública durante los gobiernos del expresidente, según cifras divulgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La intervención artística fue respaldada por organizaciones sociales y sectores vinculados al Pacto Histórico, aunque desde el entorno del exmandatario se interpretó como una provocación política directa.

Durante el desarrollo del evento se reportaron discusiones entre manifestantes, acompañantes del expresidente y autoridades locales. Uribe afirmó que algunos participantes habrían incurrido en daños a la propiedad y bloqueos del acceso a su vivienda, además de señalar la presencia de personas encapuchadas.

En ese contexto, el expresidente intervino directamente en el espacio del mural, cubriéndolo con pintura blanca, lo que intensificó el choque con los organizadores del acto.

El episodio generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. Desde el uribismo, figuras como el concejal de Medellín Andrés Rodríguez solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad del expresidente, mientras que la senadora Paloma Valencia cuestionó la organización del evento y sugirió posibles vínculos políticos en su convocatoria.

En contraste, el presidente Gustavo Petro defendió el derecho a la protesta y señaló que la realización de un mural no constituye por sí misma una amenaza, abriendo un nuevo debate sobre los límites entre la memoria histórica, la protesta social y la seguridad de figuras públicas.