
El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una denuncia formal que puso bajo la lupa el manejo financiero y administrativo de la campaña presidencial del general (r) Gustavo Matamoros, candidato en la contienda del 31 de mayo de 2026.
El documento revelado por la revista Semana solicita al organismo electoral una revisión institucional de las operaciones económicas y la estructura contractual empleada durante la precampaña y la actual campaña.
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Entre los puntos críticos se encuentra la gestión de la gerencia de campaña, que, según el denunciante, pasó de Óscar Alonso Vélez Rojas a Gustavo Matamoros Galvis, hijo del aspirante presidencial.
“Inicialmente, la gerencia de campaña habría sido ejercida por el ciudadano Óscar Alonso Vélez Rojas y, posteriormente, dicha función habría sido asumida por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato presidencial”, señala la denuncia.
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La denuncia también advierte la posible tercerización de servicios profesionales y de asesoría a través de una empresa presuntamente vinculada al propio Matamoros Galvis, lo que pondría en duda el uso de los recursos y la independencia entre quienes dirigen la campaña y quienes administran o contratan los recursos.
“Se tiene conocimiento de que diversos servicios profesionales y de asesoría relacionados con actividades de precampaña y campaña presidencial habrían sido tercerizados a través de una empresa o consultora presuntamente vinculada o representada legalmente por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis”, indica el denunciante.
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Según el documento que ahora estudia el CNE, existen dudas sobre la trazabilidad de los contratos, la transparencia en el reporte de ingresos y gastos electorales, así como la claridad en la identificación de la sede y la estructura administrativa de la campaña.
El denunciante advierte que la posible coincidencia de roles entre la dirección y la administración de la campaña podría obstaculizar la supervisión de los recursos y la contratación de servicios.
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“Los hechos anteriormente descritos ameritan verificación institucional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), particularmente respecto del adecuado cumplimiento de las normas sobre financiación, reporte, administración y control de campañas electorales”, indica el documento revelado por Semana.
Quienes formularon la denuncia pidieron específicamente que la autoridad electoral verifique la identidad del gerente de campaña, el responsable financiero y los contratistas seleccionados. También solicitaron un examen de los pagos realizados, además de una posible auditoría y la apertura de investigaciones electorales si se confirman irregularidades.
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La denuncia fue radicada el pasado 11 de mayo y, según lo conocido, exige que la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE analice los hechos y defina los siguientes pasos. Esta situación se da en la recta final hacia las elecciones, en la que las campañas intensifican sus actividades en todo el país.
En paralelo, Noticias Uno reveló el testimonio de un extrabajador de la campaña del hoy candidato que, ante la falta de salario durante enero y febrero, se vio forzado a abandonar su labor y buscar empleo como obrero de construcción para afrontar sus deudas.
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Francisco Javier Franco, comunicador audiovisual y que habría trabajado con el equipo del general (r), relató que él y otros integrantes generaban contenidos para redes sociales del candidato, bajo la promesa de un sueldo en dólares. Franco explicó que optó por renunciar a otro trabajo remoto, motivado por la oferta económica de la campaña.
“Me ofreció un sueldo en dólares. Yo tenía un trabajo, también era remoto, entonces yo estaba intercalando los dos trabajos, pero en vista de que el sueldo de la campaña era bueno, yo dije: “Voy a renunciar”, señaló el comunicador.
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La situación se agravó cuando, pese a continuar publicando materiales para la candidatura, los responsables de la campaña habrían asegurado que los fondos para los pagos llegarían en breve.
Los trabajadores habrían esperado varias fechas anunciadas, pero los recursos no se concretaron. El equipo recibió mensajes reiterados de tranquilidad, con la promesa de que los pagos serían efectuados una vez que se obtuvieran los fondos necesarios.
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“Van a pagar tal día, tal fecha. Y uno esperando esa fecha y uno hable y pregunte. No, nada, no pasaba nada. Pero tranquilos que van a pagar, si están consiguiendo los recursos”, señaló Franco al medio televisivo.
La falta de pago habría tenido consecuencias directas en la vida de los denunciantes. En palabras de Franco, debió afrontar deudas acumuladas en servicios de su vivienda y abandonar su profesión para desempeñarse en la construcción, ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.
A pesar del incumplimiento, Franco expresó que habría considerado trabajar como voluntario si desde un principio le hubieran planteado esa modalidad de colaboración. “Uno lo piensa y lo hace”, sostuvo, lamentando la forma en que se gestionó la relación laboral.
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