Corte Constitucional evidenció sobrecupos, hacinamiento, fallas en salud y graves condiciones de reclusión tras inspección en cárceles del país

La Corte Constitucional adelanta una serie de inspecciones judiciales en establecimientos penitenciarios, carcelarios y centros de detención transitoria en diferentes regiones del país, con el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes estructurales emitidas en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.

Las diligencias buscan constatar en terreno las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad, especialmente en materia de hacinamiento, sobreocupación, infraestructura, salud y acceso a servicios básicos.

Inspecciones en el sistema penitenciario y centros de detención

La Sala Especial de Seguimiento ordenó una ruta de inspecciones que incluye establecimientos a cargo del INPEC y centros de detención transitoria administrados por autoridades locales y la Policía Nacional.

El objetivo de las visitas es verificar el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

La ruta inició en los departamentos de La Guajira, Santander y Cesar, y continuará en Boyacá y Bogotá, donde se tienen programadas nuevas diligencias en establecimientos como La Picota, El Barne y Cómbita.

Riohacha: sobreocupación superior al 100 % y permanencias prolongadas

En el centro de detención transitoria conocido como el antiguo “CAIMEG”, en Riohacha, la Corte verificó que 280 personas se encuentran recluidas en un espacio con capacidad aproximada para 130, lo que representa una sobreocupación superior al 100%.

Durante la inspección también se constató que:

• Algunos patios diseñados para 12 o 15 personas albergan más de 50 internos
• La totalidad de la población supera el límite legal de 36 horas en centros transitorios
• Existen casos de permanencia de hasta cinco años

Asimismo, se evidenciaron condiciones relacionadas con falta de acceso a salud, limitaciones en infraestructura y deficiencias en servicios básicos.

En el recorrido se observaron instalaciones eléctricas expuestas, humedad, insuficiencia de baterías sanitarias y uso de espacios comunes para actividades de descanso, alimentación y almacenamiento de pertenencias.

Nuevo establecimiento de Riohacha: avance de obra del 99%

La Corte también inspeccionó el nuevo establecimiento penitenciario de Riohacha, que registra un avance cercano al 99% en obras civiles y 85% en ejecución general.

El proyecto contempla una capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad, incluyendo pabellones para mujeres, población indígena Wayúu y áreas de atención especializada.

Según la información suministrada por la corte, su puesta en funcionamiento se realizará en dos fases entre 2026, con el apoyo de la USPEC y el traslado progresivo de población desde el actual establecimiento.

Bucaramanga: hasta 154 personas en espacios para 20

En la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, la Corte verificó la presencia de 154 personas privadas de la libertad en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 personas.

Se identificaron además las siguientes situaciones: permanencias de hasta dos años en un centro de carácter transitorio, uso de zonas no habilitadas para la reclusión, como antiguos parqueaderos, deficiencias en ventilación, acceso a agua potable y baterías sanitarias y restricciones en visitas familiares en algunos casos.

La inspección también registró inquietudes sobre la calidad de la alimentación y limitaciones presupuestales para su suministro.

Girón: hacinamiento moderado y programas de resocialización

En la Cárcel y Penitenciaría de Girón, la Corte verificó la presencia de aproximadamente 2.600 personas privadas de la libertad, con un nivel de hacinamiento cercano al 7%.

El establecimiento cuenta con espacios destinados a educación, formación laboral y programas de resocialización, como talleres, aulas, bibliotecas y convenios con instituciones educativas.

Sin embargo, también se reportaron dificultades en suministro de medicamentos, seguridad interna y presencia de elementos prohibidos e ingreso de objetos ilícitos mediante drones

Valledupar: hacinamiento superior al 500% en centro transitorio

En el centro de detención transitoria “La Permanente”, en Valledupar, la Corte constató que 349 personas permanecen recluidas en un espacio con capacidad para 70, lo que representa un nivel de hacinamiento superior al 500%.

Adicionalmente:

• 328 personas cuentan con boleta de traslado a cárceles del orden nacional
• Se registran permanencias desde 2023 y 2024
• No hay personal médico permanente
• Se reportaron dificultades en la entrega de medicamentos

También se evidenciaron fallas en la realización de audiencias virtuales, con más de 1.000 diligencias judiciales no realizadas durante 2025 por problemas técnicos y logísticos.

La Tramacúa: problemas estructurales y fallas en servicios

En la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como “La Tramacúa”, la Corte identificó problemas relacionados con altas temperaturas en los pabellones, fallas en sistemas hidráulicos y sanitarios inundaciones y rebosamiento de baterías sanitarias y limitaciones en la atención en salud.

Las autoridades penitenciarias informaron sobre la instalación de medidas de mitigación como polisombras y estudios técnicos para mejorar la ventilación.

Asimismo, se reportaron deficiencias en la oferta de programas educativos y de resocialización.

Próximas diligencias en Bogotá y Boyacá

La Corte continuará con la ruta de inspecciones en los próximos días en:

• La cárcel La Picota, en Bogotá
• El establecimiento El Barne, en Boyacá
• El establecimiento de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá

Estas diligencias hacen parte del seguimiento al cumplimiento de las órdenes estructurales emitidas por la Corte Constitucional en materia penitenciaria.