El caso de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que lleva desaparecida desde el miércoles 13 de mayo de 2026, ha reforzado la discusión sobre la falta de normativas para los centros de estética en Colombia.
De acuerdo con los videos recopilados en las cámaras de seguridad, se observa cómo la dama fue sacada de un establecimiento en el sur de Bogotá en estado de desorientación.
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El análisis de los registros de tránsito, revelados por El Tiempo, demuestra que el vehículo, con placas UCQ-340, pasó por dos peajes en la madrugada del 14 de mayo. Esto permitió confirmar que el último rastro del auto vinculado con la desaparición estuvo en Gachancipá, un hecho que orienta los esfuerzos de búsqueda en la región.

El registro de estos hechos ha impulsado la exigencia de diferentes sectores para que el Congreso apruebe de manera definitiva un proyecto de ley que, tras cinco intentos previos, busca establecer controles mínimos en un sector donde las irregularidades persisten y ponen en riesgo la vida de miles de personas.
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La queja para el Congreso
Lorena Beltrán, periodista y magíster en gobierno y política pública, considerada como líder de campañas públicas en defensa de la seguridad en procedimientos médicos estéticos en Colombia, manifestó su preocupación ante la disposición del Congreso de la República para debatir y avalar un proyecto de ley destinado a regular los requisitos y controles que deben cumplir los centros de estética y los responsables de procedimientos quirúrgicos.
En su relato, van cinco veces donde el legislativo no decide sobre la regulación de los establecimientos estéticos en el país, al considerar que estos sitios denominados como “clínicas de garaje” solo son clausuradas temporalmente para luego reincidir bajo otras formas.
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“Es importante hablar de prevención y autocuidado de quienes se someten a cirugías estéticas. Pero yo también me preguntaría dónde estaban las instituciones y las autoridades, porque hoy este caso escabroso pues pone la atención y el foco público en los sitios clandestinos, en las clínicas de garaje (...) han existido desde hace décadas y nada pasa. Las sellan una semana y a los pocos días cambian de razón social, les pintan la fachada y siguen operando como si nada”, comentó la comunicadora colombiana.

Asimismo, Beltrán consideró el actuar del legislativo como un hecho inaudito, recordando que Colombia es uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en el mundo.
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“No se trata solamente entonces de culpar al eslabón más débil de la cadena. Es inaudito que siendo Colombia uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en el mundo, no tengamos una ley que proteja a quienes deciden intervenir su cuerpo. Somos libres de modificar nuestro cuerpo, pero siempre en condiciones seguras”, indicó.
Por último, la periodista Lorena Beltrán reiteró su llamado al Congreso para que se dé prioridad a esta iniciativa para evitar que se presenten otros casos similares al de Yulixa Toloza. “Ojalá el Estado, el Congreso y la sociedad lo entienda. Colombia necesita cirugía segura ya”, puntualizó.
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Así va la investigación del caso de Yulixa Toloza
La cronología del caso de Yulixa Toloza expuso diversas negligencias y delitos asociados a la operación de la clínica clandestina.
Beauty Láser M.L., como se identifica el local clandestino de cirugías estéticas, funcionaba sin permisos y generaba más de 70 millones de pesos mensuales realizando procedimientos invasivos bajo la dirección de personas que, según la investigación, carecían de títulos médicos válidos.
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El establecimiento tenía como gestora a María Fernanda Delgado Hernández, con su pareja Edinson Torres también involucrado en la administración del local. Pese a la habitualidad del uso del vehículo por ambos, la propiedad legal pertenecía a Ramírez.
El día 13 de mayo, Toloza acudió al centro para someterse a una lipólisis láser, pero durante la intervención, testigos señalaron que recibió una segunda dosis de ketamina debido a un dolor intenso.
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A partir de ese momento, comenzaron los síntomas de deterioro: desorientación, pérdida de movilidad e incluso incontinencia, síntomas descritos por Amalia Pardo, amiga y acompañante de la víctima.
Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, entre 2025 y mayo de 2026 se reportaron 282 quejas sobre irregularidades en servicios estéticos en la ciudad, de las cuales 194 estaban asociadas a sitios clandestinos.
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Esta cifra, revelada en las horas posteriores a la desaparición de Toloza, acentuó la crisis y motivó la convocatoria de una mesa técnica nacional para analizar los mecanismos de inspección, vigilancia y control sanitario a los que deben someterse estos centros.
La Superintendencia Nacional de Salud, a su vez, solicitó explicaciones a las entidades responsables y catalizó el debate público sobre la eficacia real de la supervisión estatal.
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