
La ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz entregó sus primeras declaraciones luego de recuperar la libertad por decisión judicial, tras considerarse vencidos los términos del proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En su intervención, habló de amenazas en su contra, de un presunto atentado previo a su captura y reiteró su disposición de continuar el proceso judicial, aunque pidió garantías de seguridad.
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Ortiz salió de prisión el lunes 11 de mayo, luego de que un juez de control de garantías ordenara su libertad inmediata al concluir que los plazos legales para mantenerla privada de la libertad habían sido superados sin que avanzara el juicio oral. El caso en su contra está relacionado con el expediente de la Ungrd, en el que la Fiscalía la señala como presunta intermediaria en un entramado de entrega de sobornos vinculados al manejo de recursos públicos.

El despacho judicial determinó que desde la radicación del escrito de acusación habían transcurrido “329 días, término que evidentemente está por encima de los 240 días que establece la ley procesal penal“. Con base en ese cálculo, el juez concluyó que el tiempo máximo permitido se encontraba excedido y ordenó su libertad.
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El caso avanzó a juicio oral el 10 de abril, después de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara en segunda instancia la negativa a la solicitud de preclusión presentada por la defensa. Antes, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ya había rechazado el cierre del proceso y ordenado su continuidad.
Las primeras declaraciones de Sandra Ortiz en libertad

En entrevista con el programa ‘Aquí y ahora’ de La FM, Ortiz centró sus declaraciones en tres puntos: su seguridad personal, un presunto atentado previo a su detención y su intención de continuar enfrentando el proceso judicial.
Sobre su situación actual, afirmó: “Le pedí hoy el favor a mi juez que garantice mi seguridad”. Agregó que, antes de su captura, ya había denunciado hechos que pusieron en riesgo su vida: “antes que me imputaran, tres meses antes me hicieron un atentado. Yo denuncié por tentativa de homicidio ante la Fiscalía”.
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También aseguró que incluso durante su reclusión contó con medidas especiales de protección: “estando privada de mi libertad también tenía seguridad especial, aparte de la guarnición. Yo era la única privada de la libertad que tenía custodios solo para que estuvieran pendientes de mi seguridad”.
Ortiz reiteró su decisión de continuar el proceso judicial, aunque pidió garantías al Estado: “Seguridad, voy a afrontar este proceso, este triste momento de mi vida y pido dos cosas, seguridad y garantías procesales”. En esa misma línea añadió que su solicitud también incluye a su entorno familiar: “seguridad para mí, para mi familia”.
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“Falso positivo” y denuncias de presiones: la postura de la defensa sobre el caso

En entrevista con el mismo medio de comunicación, el abogado de Sandra Ortiz, Mauricio Camacho, confirmó que la exconsejera habría sido víctima de un atentado previo a su captura. Según explicó, el hecho estaría siendo investigado por la Fiscalía: “Le cambiaron las mangueras a un carro último modelo y el carro tuvo problemas de frenos, ese proceso está activo en la Fiscalía Seccional de Tunja”.
Camacho agregó que el contexto del proceso ha generado riesgos adicionales para su defendida: “La única mujer que le ha dado la cara a la administración de justicia, eso genera ampollas y también riesgos. Hoy tiene mucho temor por la seguridad de ella y de su pequeña hija”.
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También afirmó que la defensa ha enfrentado dificultades para acceder a información dentro del proceso: “Muchos jueces nos negaron en principio el acceso a mucha información reservada. (...) Pero sí se siente digamos, entre comillas, el matoneo por lo que ella representaba para el presidente Gustavo Petro”.
En su intervención, el abogado sostuvo que “lo que construyeron alrededor del caso específico de Sandra Ortiz es un verdadero ‘falso positivo’. Ella es una mujer absolutamente inocente”, y señaló que eventuales responsabilidades dentro de la investigación podrían involucrar a “personas del Gobierno y más personas de otras orillas”.
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