Por primera vez desde la creación del sistema, el gobierno de Gustavo Petro amenazó con el no pago de la mesada pensional en Colombia, invocando un fallo del Consejo de Estado que, según expertos del sector, no afecta los pagos actuales pero sí incrementa la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del régimen público.
La reciente decisión judicial dejó en suspenso el polémico decreto que obligaba el traspaso de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones.
El Gobierno sostuvo que la medida tiene consecuencias sobre la viabilidad del sistema, pero analistas aseguran que los pagos seguirán realizándose normalmente.
La magnitud del caso se refleja en el volumen de recursos y beneficiarios implicados. Asofondos indicó que cerca de 120.000 personas aprovecharon la denominada ventana de oportunidad prevista en la reforma pensional, trasladándose de entidades privadas a Colpensiones.
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Del total de los fondos en disputa, que ascienden a más de 25 billones de pesos, aproximadamente 24.000 afiliados ya obtuvieron el retiro, con ahorros individuales que suman alrededor de cinco billones de pesos.
Por su parte, el Consejo de Estado decidió intervenir tras advertencias de distintos actores del sistema sobre el impacto de movilizar de manera inmediata esa suma a Colpensiones.
Hasta el momento del fallo, estaba a punto de concretarse el traspaso de cinco billones de pesos, una cantidad que debía permanecer en los fondos privados conforme a lo previsto en la reforma.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, reiteró que el decreto gubernamental pretendía que las Administradoras de Fondos de Pensiones girasen a Colpensiones “más de 25 billones de pesos para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley”, dijo en declaraciones a El Tiempo.
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Velasco señaló que esto implicaría liberar recursos equivalentes del Presupuesto General de la Nación y socavar el ahorro pensional acumulado, agravando el equilibrio futuro de la reforma y de las cuentas públicas.
El fallido traspaso de $25 billones implicaba una alteración de la arquitectura financiera pensional en Colombia. La urgencia del Gobierno respondía a una coyuntura agravada: el régimen público de Colpensiones requiere cada año transferencias cercanas a $35 billones para atender sus obligaciones, demanda que creció por el incremento del salario mínimo del 23% en 2024, según datos aportados por la entidad.
Analistas consultados subrayaron posibles efectos de corto plazo en la sostenibilidad fiscal y en el rendimiento de los ahorros, y plantearon el riesgo adicional de utilizar estos recursos para gasto corriente, presionando aún más el gasto futuro en pensiones.
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Los expertos recordaron experiencias de otros países en los que, en contextos de crisis fiscal, los gobiernos recurrieron al ahorro previsional privado para equilibrar las cuentas: Fedesarrollo destacó los casos de Argentina, Hungría y Polonia como antecedentes que ilustran el dilema de fondo.
La suspensión del decreto significa que los recursos de los nuevos afiliados permanecen en los fondos privados hasta que consolidan la pensión y, sólo entonces, deben enviarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, mecanismo aún sin operar.
El Ejecutivo reaccionó señalando que la decisión judicial supone un “grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional” y advirtió sobre la posibilidad de interrumpir el pago de mesadas.
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No obstante, Juan Camilo Restrepo, economista citado en El Tiempo, aclaró que “en Colombia el Estado nunca ha dejado de pagar oportunamente las pensiones”. Recordó que el servicio de las pensiones deriva de los ingresos de la Nación y se encuentra previsto en el Presupuesto General.
La reforma vigente definió que los recursos de los afiliados que migran a Colpensiones solo pueden trasladarse después de consolidar el derecho a la prestación, y que el fondo especial que gestionará el dinero aún debe ser creado bajo la órbita del Banco de la República.
Según Restrepo, “este asunto deberá resolverse mediante una revisión del alcance del auto del Consejo de Estado que salió ayer o bien vía presupuesto mientras se ordena el fondo que va a manejar el Banco de la República”.
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La controversia sobre el traspaso de fondos privados a Colpensiones pone en evidencia la fragilidad de los equilibrios financieros en el sistema previsional colombiano y subraya la estrecha relación entre decisiones administrativas, sentencias judiciales y la estructura del gasto público.
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