Colpensiones alerta que decisión del Consejo de Estado bloquearía el pago de pensiones a afiliados trasladados

El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones expresaron su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, al considerar que la medida afecta la operación financiera del sistema pensional y dificulta el pago de obligaciones a afiliados trasladados desde fondos privados al régimen público.

A través de un comunicado conjunto divulgado este 11 de mayo, las entidades señalaron que la decisión judicial impide trasladar a Colpensiones los recursos correspondientes a ciudadanos que ejercieron la oportunidad excepcional de traslado contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.

Según las entidades, los afiliados que decidieron trasladarse voluntariamente al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones podrían enfrentar dificultades en el reconocimiento y financiación de sus pensiones si los recursos permanecen en los fondos privados.

Gobierno advierte impacto sobre la sostenibilidad financiera

En el pronunciamiento oficial, las entidades afirmaron que la suspensión del decreto genera un impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano.

“No resulta financieramente sostenible, ni jurídicamente exigible, a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en un fondo privado”, señala el comunicado.

El Gobierno sostuvo además que la decisión del Consejo de Estado “bloquea” la operación del sistema, debido a que suspende en su totalidad el Decreto 415 de 2026 mientras la reforma pensional establecida en la Ley 2381 de 2024 continúa suspendida parcialmente por decisión de la Corte Constitucional.

En ese contexto, el Ejecutivo recordó que actualmente continúa vigente el régimen establecido por la Ley 100 de 1993, normativa que prohíbe que un afiliado permanezca simultáneamente en dos regímenes pensionales.

El comunicado también indica que los recursos objeto de controversia mantienen destinación exclusiva para la seguridad social y el pago de pensiones.

¿Qué suspendió el Consejo de Estado?

La decisión judicial suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, expedido por el Gobierno para reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

La medida fue adoptada dentro de cuatro procesos acumulados al expediente principal 1023-2026 y se produjo luego de que el despacho considerara necesario tramitar de manera urgente la solicitud de medida cautelar.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el decreto establecía plazos reducidos para ejecutar el traslado de recursos, situación que podía afectar la efectividad de una eventual decisión posterior de la jurisdicción.

El alto tribunal concluyó que el Gobierno habría excedido la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 de la Constitución, al ordenar que las Administradoras de Fondos de Pensiones trasladaran a Colpensiones los recursos de ahorro individual de los afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado prevista en la reforma pensional.

Según la providencia, la Ley 2381 de 2024 establecía que dichos recursos debían destinarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y no directamente a Colpensiones.

Asimismo, el Consejo de Estado indicó que la suspensión parcial de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional no facultaba al Ejecutivo para modificar mediante decreto el destino de esos recursos.

La providencia también recordó que el propio Gobierno había reconocido previamente, mediante el Decreto 1225 de 2024, que los recursos de las cuentas de ahorro individual debían continuar administrados por las AFP hasta la consolidación del derecho pensional o hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Reacción del presidente Gustavo Petro

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la medida adoptada por el Consejo de Estado y aseguró que la suspensión del Decreto 415 afecta directamente el derecho a la pensión de los trabajadores que decidieron trasladarse al sistema público.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que “el Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión” y sostuvo que la decisión “no debe ser permitida por el pueblo trabajador”.

Petro calificó la determinación judicial como una medida “inconstitucional” y aseguró que el alto tribunal estaría favoreciendo intereses económicos relacionados con los fondos privados de pensiones.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado también afirmó que impedir el traslado de los recursos hacia Colpensiones deja los ahorros de los trabajadores en manos de las AFP, pese a que los afiliados decidieron voluntariamente trasladarse al régimen público.

El mandatario mencionó además a sectores financieros y empresariales, señalando que la decisión beneficia a grupos económicos vinculados al sistema privado de pensiones. Asimismo, sostuvo que la Corte Constitucional tiene una “oportunidad histórica” frente al futuro de la reforma pensional y de los derechos de los afiliados.