Un video grabado con cámara oculta en el sector de Unilago, en la localidad de Chapinero, reveló la existencia de un mercado ilegal de bases de datos personales en Bogotá. Según lo expuesto por el concejal Julián Espinosa durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, esta práctica estaría facilitando la labor de grupos dedicados a la extorsión.
El registro audiovisual muestra cómo un vendedor ofrece listas con información detallada de ciudadanos, incluyendo nombres completos, números de cédula, teléfonos y nombres de las empresas para las que trabajan.
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“Esta empresarial viene con 24.850 registros”, asegura el sujeto, que comercializa la base de datos por $100.000. Las listas se envían por WhatsApp o correo electrónico a quienes las adquieren.
En las imágenes, también se evidencia la venta de bases de datos de pensionados en Colombia, con 18.800 registros y a un costo de $200.000. “Si quiere ir a la fija, la de pensionados, a ellos les puede vender lo que sea”, afirma el vendedor, que presume de tener clientes frecuentes que rentabilizan este tipo de información.
Extorsión telefónica y digital: cifras y métodos
Durante la presentación ante el Concejo, Espinosa advirtió que “lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”.
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Con base en cifras oficiales citadas por el concejal, en lo que va de 2026 se registraron 441 casos de extorsión en la capital; de estos, 214 se realizaron mediante llamadas telefónicas y 96 a través de redes sociales.
Estos datos reflejan que el 71% de los casos de extorsión en Bogotá involucran canales de contacto directo, como llamadas o redes sociales, lo que sugiere el uso de bases de datos filtradas. “Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, cuestionó el concejal en su intervención.
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La denuncia destaca que entre los afectados se encuentran ciudadanos comunes, adultos mayores y personas naturales con empresas registradas legalmente, que reciben llamadas sospechosas, mensajes de números desconocidos y grabaciones automatizadas.
Deterioro de la seguridad y retos para la Administración distrital
La exposición pública de la venta de datos personales se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la ciudad. De acuerdo con datos citados por Espinosa, la tasa de homicidios en Bogotá superó las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura: en 2024, la meta era de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero el año cerró en 15,3; en 2025, con una meta de 12,9, la cifra alcanzó 14,7.
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Las lesiones personales también mantienen cifras elevadas, con 18.607 casos reportados, y los hurtos en Transmilenio siguen por encima de los 10.000 incidentes anuales. Además, los registros de incidentes en la línea de emergencias 123 muestran un aumento en riñas, maltrato y otros hechos que afectan la convivencia.
“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”, afirmó el funcionario ante el Concejo de Bogotá.
Falta de avances en infraestructura penitenciaria
Espinosa también cuestionó la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán respecto a proyectos clave de seguridad. En particular, mencionó la ausencia de avances en la construcción de la Cárcel Distrital II, cuyo predio fue entregado por el Gobierno Nacional en 2024, pero actualmente no cuenta con un proyecto en ejecución.
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El contrato para estudios y diseños, por más de $5.196 millones, fue terminado sin que exista una iniciativa concreta para ampliar la capacidad carcelaria del Distrito. “Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad sigue sin ampliar su capacidad carcelaria”, concluyó Espinosa durante el debate.
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