Defensoría lanzó alerta por la libertad de prensa en Colombia: aumentan agresiones a periodistas y crece el riesgo de informar

Ejercer el periodismo en Colombia se convirtió, cada vez más, en una actividad marcada por la presión, la exposición y el riesgo. Desde redacciones tradicionales hasta reporteros independientes que trabajan en regiones apartadas o en plataformas digitales, la preocupación por las garantías para informar volvió a encenderse tras el último pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

La entidad presentó un nuevo balance sobre la situación de la libertad de prensa en el país y el panorama que describe no es alentador. Según el informe, el ejercicio informativo atraviesa un momento especialmente delicado, con un aumento en las agresiones contra periodistas, nuevas formas de intimidación y un entorno cada vez más hostil para quienes cubren temas de interés público.

Las alertas no se quedan en percepciones. Detrás del llamado institucional hay cifras que reflejan una tendencia preocupante y que vuelven a poner sobre la mesa un debate de fondo, qué tan protegido está hoy el derecho a informar en Colombia y qué tan segura es la labor de quienes ejercen el periodismo en medio de un clima de polarización, violencia digital y creciente desinformación.

Uno de los datos que más llamó la atención proviene de la Fundación para la Libertad de Prensa. De acuerdo con su registro, durante 2025 se documentaron 469 agresiones contra periodistas en el territorio nacional, una cifra que evidencia la presión constante que enfrentan comunicadores en distintas regiones del país. Los casos incluyen amenazas, intimidaciones, estigmatización, bloqueos al acceso de información, hostigamientos en redes sociales y otras formas de violencia que, aunque no siempre se traducen en ataques físicos, terminan afectando el desarrollo de investigaciones periodísticas y la libertad editorial.

A este panorama se suma otro indicador internacional. La organización Reporteros Sin Fronteras ubicó a Colombia en el puesto 115 entre 180 países evaluados en su clasificación global de libertad de prensa, una posición que refleja los desafíos estructurales que sigue enfrentando el ecosistema informativo nacional.

Para la Defensoría, el deterioro no puede analizarse únicamente desde las agresiones tradicionales. El fenómeno evolucionó y hoy incorpora nuevas formas de censura y presión, especialmente en escenarios digitales.

Campañas de desprestigio, ataques coordinados en redes sociales, difusión de información manipulada y señalamientos públicos forman parte del nuevo escenario que enfrentan muchos periodistas, particularmente quienes investigan temas relacionados con corrupción, conflicto armado, contratación pública o estructuras de poder local. En su pronunciamiento, la entidad fue contundente al recordar el valor democrático del oficio. “Sin libertad de prensa, no hay democracia sólida ni participación informada”.

La frase resume una preocupación que va más allá de las salas de redacción. Cuando un periodista es intimidado o silenciado, no solo se afecta a quien produce la información. También se limita el acceso ciudadano a hechos de interés público y se debilitan los mecanismos de control social sobre quienes ejercen poder. Las advertencias de la Defensoría coinciden con los análisis realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente desde su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Según el organismo internacional, los ataques contra periodistas suelen tener un objetivo claro: generar miedo y enviar mensajes de advertencia al resto del gremio. “La violencia contra periodistas (...) funciona como un mecanismo de intimidación para silenciar la prensa”, recogió el informe.

En Colombia, esa presión se siente tanto en grandes ciudades como en zonas apartadas donde muchos comunicadores trabajan con recursos limitados y bajo riesgos adicionales derivados del control territorial de actores ilegales o de tensiones políticas locales. A esto se suma, según distintos organismos, un ambiente de baja tolerancia a la crítica y una creciente estigmatización pública hacia medios y periodistas, una dinámica que puede aumentar la exposición y vulnerabilidad de quienes ejercen la labor informativa.

Por eso, la Defensoría insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una agresión. La entidad planteó la necesidad de fortalecer esquemas de prevención, protección y seguimiento. “La protección de la libertad de prensa debe ser integral”, reiteró.

Además, hizo un llamado a quienes interactúan diariamente en plataformas digitales para asumir una responsabilidad colectiva frente al debate público. La entidad pidió reglas claras de moderación, políticas transparentes y acciones concretas para enfrentar la violencia digital y la desinformación.