Gobierno Petro insiste en trasladar $25 billones de las administradoras privadas a Colpensiones: radicó petición ante el Consejo de Estado

El Gobierno nacional presentó el lunes 4 de mayo de 2026 un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para revertir la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de cerca de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones, en el contexto de la reforma pensional promovida por el Ejecutivo.

La decisión fue anunciada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien defendió la actuación del Gobierno junto con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Según el alto funcionario, el recurso busca restablecer la aplicación del decreto al considerar que la suspensión judicial compromete la operatividad del sistema público de pensiones y el flujo de recursos necesarios para su sostenibilidad.

Sanguino advirtió que la medida cautelar adoptada por el alto tribunal afecta el propósito central de la reforma.

“Con el Decreto 415 de 2026 está en juego la estabilidad del sistema pensional de Colombia y el derecho a una pensión digna”, afirmó. En su intervención, también explicó que la decisión del Gobierno responde a una lógica de coherencia del sistema: “cuando una persona se traslada de régimen, sus recursos también deben hacerlo”, señaló.

El ministro insistió en que la suspensión parcial del decreto genera un desequilibrio estructural. “Hoy Colpensiones ya está asumiendo obligaciones de miles de afiliados trasladados, pero sin recibir los recursos que deberían financiarlas. Esto pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y, en últimas, el pago de las pensiones”, afirmó Sanguino, quien además sostuvo que el Estado no puede asumir nuevas cargas sin el respaldo financiero correspondiente.

El recurso fue presentado luego de que el Consejo de Estado ordenara, el pasado 28 de abril, la suspensión provisional del capítulo del decreto que establecía el traslado inmediato de recursos de afiliados que habían migrado del régimen privado al público, incluso en los casos en que aún no cumplen con los requisitos de edad o semanas cotizadas para jubilarse.

El punto más controvertido del decreto es el Capítulo 5, que obligaba a las AFP a transferir los ahorros de los afiliados a Colpensiones, medida que fue cuestionada por múltiples demandas. Entre ellas se encuentran acciones interpuestas por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) y por los fondos privados Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos, además de una acción de tutela que en conjunto suman trece recursos judiciales.

De acuerdo con los demandantes, el decreto excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo al modificar sustancialmente la administración de los recursos pensionales sin que exista una consolidación del derecho pensional.

También advierten que el traslado masivo de recursos podría generar efectos financieros irreversibles y afectar la estabilidad del sistema.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que del total en disputa, aproximadamente $20 billones corresponden a afiliados que aún no cumplen los requisitos para pensionarse, mientras que $5 billones pertenecen a cerca de 20.000 personas que ya están recibiendo su pensión bajo el régimen público. Asofondos ha solicitado que el Consejo de Estado declare la nulidad total del decreto, al considerar que vulnera el marco legal vigente.

En su defensa, el Gobierno sostiene que la suspensión genera un impacto directo sobre la liquidez de Colpensiones, entidad que debe asumir nuevas obligaciones sin contar con la totalidad de los recursos previstos en la reforma.

Según el Ejecutivo, el sistema quedaría limitado a recibir únicamente los $5 billones correspondientes a pensionados activos, mientras que los $20 billones restantes quedarían congelados en las AFP hasta nueva decisión judicial.

El ministro Sanguino fue enfático en señalar que la decisión judicial se adoptó sin una valoración integral del impacto social y financiero. “La decisión judicial exprés que frenó parcialmente el decreto fue tomada sin escuchar a las entidades, sin un análisis técnico completo y sin ponderar el impacto sobre millones de colombianos”, aseguró.