Tribunal se negó a determinar si Armando Benedetti es “apto mentalmente” para ser ministro, pero será investigado por ataques contra la magistrada Cristina Lombana

El Consejo de Estado ratificó la permanencia de Armando Benedetti al frente del Ministerio del Interior, tras resolver en segunda instancia la demanda que buscaba anular su nombramiento.

La decisión confirma el fallo previo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respaldando la continuidad del funcionario.

La Sección Quinta del alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, determinó que los fundamentos presentados en la demanda no cumplían con los requisitos legales para retirar del cargo a Benedetti.

El tribunal precisó que las acusaciones sobre supuestas inhabilidades físicas o mentales, basadas en comportamientos atribuidos a adicciones, no corresponden al control de nulidad electoral.

El magistrado estableció que tales señalamientos deben canalizarse a través de los mecanismos disciplinarios pertinentes y no dentro de un proceso electoral. El documento judicial remarcó que el análisis de la idoneidad física o mental del demandado, especialmente cuando se sustenta en presuntas adicciones, es competencia exclusiva del derecho disciplinario.

“La Sala tampoco abordará el estudio de los argumentos que apuntan a demostrar que el demandado no era apto física ni mentalmente para ocupar el cargo de ministro, afirmación que, se insiste, se basó concretamente en los supuestos comportamientos relacionados con adicciones al alcohol y sustancias alucinógenas, toda vez que tal censura correspondería ser analizada de acuerdo con las normas propias del derecho disciplinario, y no a través del medio de control de nulidad electoral”, señala el fallo.

El demandante alegaba que la aceptación pública de Armando Benedetti sobre problemas de alcoholismo y adicciones lo inhabilitaba para ocupar un cargo en el Ejecutivo, un argumento que el Consejo de Estado no avaló.

“Los comportamientos que eventualmente constituyan faltas disciplinarias no se erigen como causal de nulidad electoral, dado que aquellas se investigan y sancionan a través de un proceso reglado y autónomo previsto en la referida normativa, cuando el servidor público incurra en cualquiera de las conductas que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones”, señaló el fallo.

Acusaciones adicionales y enfoque de género

Durante el proceso, surgieron nuevas acusaciones en contra de Benedetti, como la supuesta agresión verbal hacia magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana.

Aunque el Consejo de Estado aclaró que estas conductas no pueden resolverse en el proceso que pedía su salida del Gobierno, sí enfatizó la responsabilidad de las autoridades judiciales de actuar con perspectiva de género y diligencia reforzada para la protección de las mujeres.

En consecuencia, la sala compulsó copias a la Procuraduría para que investigue estos hechos, ya que es el órgano encargado de indagar en temas de comportamiento y ética de los funcionarios públicos.

“La Sala no puede pasar por alto que en la alzada la parte actora expuso que el demandado agredió verbalmente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ‘sin el mayor respeto por la funcionaria y por su calidad de mujer’, razón por la cual, aunque esa manifestación no constituye un reparo que sea objeto de resolución en esta instancia procesal, es claro que las autoridades judiciales tienen el deber de adoptar las decisiones correspondientes desde una perspectiva de género y actuar con la debida diligencia reforzada para proteger a las mujeres”, se lee en el fallo.

Además, el alto tribunal advirtió de la importancia de que cualquier pesquisa o sanción se lleve adelante con enfoque de género, atendiendo a la protección y respeto hacia las mujeres en el ámbito institucional.

El Consejo de Estado dejó en claro que la continuidad de Benedetti en el Ministerio del Interior no fue afectada por las alegaciones presentadas en el proceso, aunque las denuncias sobre posibles comportamientos inapropiados deberán ser evaluadas por los entes disciplinarios competentes.