Tras el alza en el precio de la gasolina en Colombia, el presidente Gustavo Petro reiteró su llamado a los usuarios de vehículos —incluidos automóviles y motocicletas que funcionan con gasolina, diésel o gas— a considerar la migración hacia opciones eléctricas, al señalar que esta alternativa podría reducir los costos en los hogares y facilitar el aprovechamiento de la energía solar para la recarga.
En su mensaje difundido a través de redes sociales, el mandatario insistió en la recomendación y planteó que “aconsejo a todos los usuarios de vehículos incluidos motos, a gas, gasolina o diésel, tratar de cambiarlos por vehículos eléctricos que se pueden cargar con la energía del sol de manera gratuita”.
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En la misma publicación, Petro añadió que se trata de “una inversión que genera ahorro para el hogar y aumenta el ingreso real de los que trabajan con su vehículos”, en referencia a quienes dependen del transporte para su actividad económica.
El pronunciamiento presidencial coincide con un momento en el que el costo de los combustibles ha vuelto a subir. El Gobierno nacional autorizó un incremento de 400 pesos por galón de gasolina, lo que llevó el precio promedio en varias ciudades del país a niveles cercanos o superiores a los 15.800 pesos.
La medida responde, según el Ministerio de Hacienda, a la necesidad de ajustar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que ha acumulado un déficit significativo por los subsidios que mantienen el valor interno por debajo del precio internacional.
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De acuerdo con las autoridades económicas, el ajuste también está relacionado con factores externos, especialmente la volatilidad del mercado internacional del petróleo, influenciada por tensiones geopolíticas en regiones productoras clave.
Este contexto ha encarecido el crudo y, en consecuencia, los derivados como la gasolina. El Gobierno ha explicado que la política de precios busca evitar un mayor desequilibrio fiscal, por lo que se han aplicado incrementos graduales en los últimos meses.
El alza no ha sido homogénea en todo el país. Ciudades como Villavicencio y Cali se mantienen entre las más costosas, mientras que otras como Cúcuta o Pasto conservan precios más bajos debido a dinámicas fronterizas y logísticas particulares.
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En ciudades intermedias como Medellín y Bogotá, el incremento se ha sentido directamente en los costos de transporte, lo que genera efectos en cadena sobre bienes y servicios.
En ese contexto, el discurso de Petro sobre la migración hacia vehículos eléctricos cobra relevancia, aunque también abre un debate sobre su viabilidad real en el corto plazo.
En Colombia, el mercado de carros eléctricos ha crecido de forma acelerada en los últimos años, con aumentos superiores al 80% en ventas recientes. Sin embargo, su adopción sigue limitada por factores como el precio, la infraestructura de carga y la cobertura desigual de estaciones de recarga.
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Las opciones más baratas en el mercado colombiano
Actualmente, el país ofrece una gama creciente de modelos eléctricos considerados “económicos” dentro de este segmento. Opciones como el Opel Rocks-e, el FAW Bestune Xiaoma o el BYD Seagull se han posicionado como alternativas de entrada, con precios que oscilan entre los 49 y 80 millones de pesos.
Aunque representan la categoría más accesible del mercado, siguen estando lejos del alcance de buena parte de los hogares colombianos si se comparan con vehículos de combustión tradicional.
Estos modelos ofrecen ventajas evidentes en eficiencia energética y costos de operación. El Opel Rocks-e, por ejemplo, está diseñado para trayectos urbanos cortos, mientras que el BYD Seagull puede alcanzar autonomías cercanas a los 380 kilómetros por carga.
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Sin embargo, sus limitaciones también son claras: algunos tienen menor potencia, espacio reducido o dependencias importantes de infraestructura de carga domiciliaria, algo que no todos los usuarios pueden instalar.
Además, aunque el crecimiento del parque eléctrico es notable, la infraestructura sigue siendo un cuello de botella. En Colombia existe aproximadamente un cargador público por cada 30 vehículos eléctricos, lo que obliga a muchos usuarios a depender de instalaciones privadas.
Este factor reduce la practicidad de la transición para quienes no cuentan con parqueadero propio o acceso a puntos de carga residencial.
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