
Nueve de cada diez personas que trabajan limpiando casas, cocinando y cuidando hogares ajenos en Colombia son mujeres. Y de todas ellas, apenas una de cada siete aporta al sistema pensional.
Esos son algunos de los datos que entrega el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana sobre el trabajo doméstico remunerado, un sector que emplea a más de 703.000 personas en el país y que arrastra una de las tasas de informalidad más altas del mercado laboral colombiano.
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El panorama que describen las cifras es el siguiente: entre el 70% y el 83% de las trabajadoras domésticas no tiene acceso a seguridad social. Eso quiere decir que si se enferman, si quedan sin trabajo o cuando lleguen a la vejez, la gran mayoría no contará con ningún respaldo formal del sistema. El dato sube aún más entre las mujeres migrantes: en ese grupo, la informalidad puede alcanzar el 98%.
Para entender la magnitud del problema, vale la pena detenerse en qué significa trabajar sin seguridad social. Una persona sin afiliación a salud, pensión ni riesgos laborales no tiene con qué pagar una hospitalización sin endeudarse, no acumula semanas para jubilarse y no recibe ninguna compensación si sufre un accidente mientras trabaja.
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En el servicio doméstico, esa es la situación de la mayoría. Alrededor del 80% de las trabajadoras del hogar se encuentra en condición de informalidad, según el mismo informe.
Los ingresos también están por debajo de lo que marca la ley. El ingreso promedio mensual de una empleada doméstica en Colombia es de $926.361, una cifra que está por debajo del salario mínimo legal vigente. El 62% gana un salario mínimo o menos.
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En zonas rurales, la situación es más aguda: el 65% de las trabajadoras percibe menos de la mitad del salario mínimo. Eso equivale a decir que en el campo, la mayoría de estas mujeres gana menos de $600.000 al mes por trabajos que demandan esfuerzo físico y jornadas largas.

A eso se suma la duración de las jornadas. Las empleadas domésticas trabajan en promedio 41,6 horas semanales, con días que pueden extenderse hasta 11 horas. Cerca del 26,8% supera las 48 horas semanales, un porcentaje que se concentra sobre todo entre quienes viven en la casa donde trabajan, una modalidad conocida como trabajo interno. Más horas no se traducen necesariamente en mejores ingresos.
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El acceso a pensión es uno de los puntos más críticos del informe. Solo el 14% de las trabajadoras domésticas cotiza al sistema pensional. Eso significa que el 86% restante llegará a la vejez sin una pensión contributiva, lo que trasladará esa carga, tarde o temprano, al sistema de subsidios del Estado o directamente a las familias de esas mujeres.
Hay que recordar que la Ley 2466 de 2025 establece que la formalización de las empleadas domésticas en Colombia ya no es opcional, sino una obligación legal estricta que exige la suscripción de un contrato de trabajo por escrito y el registro obligatorio en el sistema de seguridad social (Pila).
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Bajo esta normativa, se elimina la validez de los acuerdos verbales para este sector; si no existe un documento firmado, la ley presume automáticamente que el vínculo es un contrato a término indefinido.
Además, los empleadores deben garantizar el pago completo de salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y caja de compensación, facilitando incluso que aquellas trabajadoras que laboran por días realicen aportes bajo la modalidad de tiempo parcial sin perder sus beneficios en el régimen subsidiado.
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Organizaciones como CARE Colombia adelantan campañas para visibilizar estas condiciones bajo el mensaje #ElTrabajoDomésticoEsTrabajo, con el propósito de poner la formalización y la protección social en la agenda pública. El llamado apunta a empleadores, al Estado y a la sociedad en general, en un sector donde las deudas laborales acumuladas se miden en décadas.
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