Inseguridad en las carreteras de Colombia deja 68 conductores muertos y más de 140 carros incinerados durante el Gobierno Petro

Debido a los atentados terroristas que se han registrado recientemente en las carreteras de Colombia, diferentes entidades del sector del transporte han emitido alertas sobre una crisis de inseguridad en las vías principales del territorio nacional.

Al respecto, la Asamblea Nacional del Transporte (ANT), expuso que entre agosto de 2022 y abril de 2026, el gremio reportó un panorama marcado por asesinatos, destrucción de vehículos, bloqueos masivos, extorsión y millonarias pérdidas económicas que afectan la cadena de suministro y el abastecimiento en el país.

Las cifras recopiladas por el observatorio de la asamblea hablan de 68 transportadores que han sido asesinados en las vías colombianas durante el periodo señalado, víctimas de acciones criminales que, de acuerdo con el gremio, se han intensificado en los últimos meses.

Desde la asamblea afirman que identificaron que el tránsito por las carreteras nacionales se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo para quienes ejercen el oficio de transportar bienes esenciales.

El informe detalla que 142 vehículos de carga fueron incendiados o destruidos en hechos vinculados a paros armados y represalias de grupos ilegales; además, se contabilizaron más de 2.950 bloqueos en vías nacionales, situación que restringió el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo para miles de conductores y empresas dedicadas al transporte.

De acuerdo con la ANT, la piratería terrestre y la extorsión se manifiestan en la recepción de más de 5.200 denuncias de saqueos, robos de mercancía y cobros ilegales o “vacunas” por parte de organizaciones al margen de la ley.

El impacto económico de estos hechos se traduce en una afectación acumulada que supera los 14 billones de pesos, según la asamblea, el gremio se ha unido para advertir que esta cifra refleja el daño directo sobre el patrimonio de los transportadores y sobre la infraestructura logística y la cadena de suministro nacional, por lo que la organización denuncia que estos hechos afectan el abastecimiento regular de alimentos y productos de primera necesidad en diferentes regiones.

Desde la asamblea mencionaron que el panorama más crítico se localiza en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, identificados por la ANT como el epicentro de la crisis de seguridad vial en la actualidad.

En estos territorios del suroccidente colombiano, el informe revela que 24 conductores han perdido la vida en las carreteras en los últimos años; además, 58 vehículos de carga han sido incinerados o destruidos en la región, lo que equivale a más del 40% del total nacional sobre casos de esta índole.

Sobre la crisis de inseguridad solo enfocada en esta región, se afirma que las perdidas superan los cinco billones de pesos, una consecuencia directa de la operación sistemática de redes de extorsión, secuestro exprés y cobro de “vacunas”, crímenes que afectan cotidianamente a los transportadores y a las empresas del sector.

La Asamblea Nacional del Transporte sostiene que la criminalidad actúa con impunidad en estos corredores viales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores en todo momento.

En el comunicado, la Asamblea Nacional del Transporte enfatiza que los transportadores y sus familias se han convertido en víctimas directas del conflicto armado y la violencia en el país.

“Transitar por las carreteras ha dejado de ser un derecho para convertirse en una profesión de altísimo riesgo”, es parte del documento en el que se exige que las autoridades y el Gobierno nacional aseguren un “transporte digno, seguro y justo”.

Es por ello que en la parte final resaltan la labor de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; sin embargo, resaltan que el esfuerzo de las autoridades en el terreno resulta insuficiente sin directrices claras y eficaces desde el nivel central del Gobierno Nacional.