Corte Suprema reconoció como presuntas víctimas a la Ungrd, el Invías y la Contraloría, dentro del proceso contra exministros del Gobierno Petro

En la mañana del miércoles 29 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia avanzó en el proceso judicial contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al reconocer como presuntas víctimas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Contraloría General de la República. La decisión se produjo en el marco de la diligencia adelantada ante la Sala Especial de Primera Instancia.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación presentó la acusación formal contra los exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes deberán enfrentar un juicio por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con la Ungrd. Según el ente acusador, ambos habrían integrado una “organización delincuencial” orientada a influir en decisiones del Congreso mediante el uso indebido de recursos públicos.

De acuerdo con la investigación, el supuesto objetivo de estas actuaciones habría sido destrabar proyectos clave del Ejecutivo. En ese contexto, se habrían comprometido aproximadamente $612.000 millones del erario.

Reconocimiento de las entidades como presuntas víctimas

Tras un receso cercano a cinco horas, la Sala Especial de Primera Instancia analizó la solicitud de acreditación presentada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Vías y la Contraloría General de la República. Finalmente, determinó que las tres entidades cumplen con los criterios para ser reconocidas como presuntas víctimas dentro del proceso.

Según lo expuesto por la Sala, la acusación señala que los exministros habrían convertido a la Ungrd “en una herramienta para comprar congresistas”, lo que implicaría una utilización indebida de la entidad con fines políticos. En ese sentido, se indicó que la institución habría sido “instrumentalizada” para lograr favores o fines políticos, situación que, de acuerdo con el análisis judicial, pudo ocasionar perjuicios a la entidad.

En relación con el Invías, la Sala detalló que el presunto direccionamiento de contratos hacia congresistas no obedeció a criterios técnicos. En cambio, se habría tratado de un intercambio irregular de beneficios. “No respondió a una planificación técnica (...) sino a un intercambio ilícito de beneficios”, señaló la corporación al justificar su decisión de incluir a esa entidad como presunta víctima.

Asimismo, la Sala consideró que existen fundamentos suficientes para reconocer a la Contraloría en esta misma condición, en atención a los posibles impactos sobre los recursos públicos y la función de control fiscal. “Son claros los motivos de legitimidad que le asisten a las entidades públicas aquí representadas para querer intervenir en este juicio”, indicó la Sala, al referirse a los riesgos derivados del presunto compromiso irregular de recursos y al impacto institucional generado por el caso.

Argumentos de la defensa

Durante la diligencia, los representantes legales de los exministros manifestaron su oposición al reconocimiento de estas entidades como víctimas. Los abogados Alejandro Carranza y Rosa Elena Suárez cuestionaron los argumentos presentados por las instituciones y por la Fiscalía.

Carranza sostuvo que el exministro de Hacienda no habría tenido conocimiento sobre los efectos de su presunta actuación en relación con los recursos de la Ungrd. Además, planteó dudas sobre la actuación de la Contraloría en el seguimiento de los hechos investigados.

Por su parte, Suárez afirmó que los representantes de la Ungrd y del Invías basaron su solicitud en “un relato impreciso” y que no presentaron pruebas suficientes para sustentar su acreditación como víctimas más allá de lo señalado por la Fiscalía. También hizo referencia a los montos mencionados en la investigación, relacionados con presuntos sobornos y pagos irregulares al Congreso.

En el desarrollo de la audiencia, los exministros también se pronunciaron. Ricardo Bonilla indicó que no tuvo relación con la disposición de recursos de las entidades involucradas. “Yo no soy, como ministro de Hacienda, ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al Ministerio de Hacienda”, afirmó.

A su turno, Luis Fernando Velasco se dirigió al representante de la Contraloría durante la diligencia y expresó: “Haga un mínimo esfuerzo por reflexionar sobre los contratos endilgados y que no caiga en el juego narrativo de la Fiscalía”.

El proceso judicial continuará bajo la dirección del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, encargado de la ponencia del caso, en el que los exfuncionarios deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.