Gobierno Petro no podrá acceder al informe de Medicina Legal de la necropsia del niño Kevin Acosta: esta es la razón por la que perdió la tutela

El Gobierno Petro perdió una tutela ante la justicia colombiana en su intento por acceder a documentos reservados sobre la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia A, que falleció tras dos meses sin recibir su medicamento. El fallo, obtenido por La FM, ratifica la reserva legal de los informes forenses y limita la intervención directa del Ejecutivo en investigaciones penales.

Según concluyó la justicia, el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, no tenía fundamento legal para reclamar los informes reservados del caso Kevin Acosta. La resolución determinó que el Instituto de Medicina Legal había atendido correctamente la solicitud y que solo una autoridad judicial puede acceder a esa información, lo que protege la reserva legal y niega el acceso al Ejecutivo.

El litigio se originó el 3 de marzo de 2026, cuando Rodolfo Enrique Salas Figueroa, secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud, solicitó la historia clínica y el informe de necropsia del menor al Instituto de Medicina Legal. La entidad respondió que esos documentos tenían carácter reservado y únicamente podían entregarse a la autoridad judicial competente. El proceso de necropsia no había finalizado y la documentación debía remitirse a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal una vez concluida.

Frente a la negativa, la cartera de Salud interpuso la tutela alegando vulneración del derecho fundamental de petición. El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá falló en 12 páginas que la actuación de Medicina Legal había sido diligente y que no existía afectación real del derecho reclamado.

El dictamen sostuvo que la entidad remitió la solicitud a la Fiscalía General de la Nación, que es la competente, reafirmando la reserva legal de los informes y la improcedencia de la acción presentada por el Ministerio de Salud.

La controversia generó choques directos entre el Ejecutivo y Medicina Legal. El 27 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, acusó al instituto de ocultar las causas de la muerte de Kevin, afirmando: “Medicina Legal es la que sabe por qué murió, y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregara”, según recogió el medio citado.

Sin embargo, la entidad, dirigida por Ariel Cortés, respondió que “el Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad para entregar los resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales”.

El Ministerio de Salud impugnó el fallo, y el caso pasó al Tribunal Superior de Bogotá. La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano debe decidir en segunda instancia, pero al cierre de este reporte aún no se había pronunciado, según confirmó la cadena de radio. Por su parte, el equipo jurídico de la familia de Kevin Acosta planea acciones legales contra el ministro Jaramillo.

Reacciones del Gobierno tras el fallo de tutela

El Gobierno nacional defendió su accionar, denunciando obstáculos para acceder a información fundamental. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro mantuvieron críticas hacia Medicina Legal, alegando impedimentos para esclarecer la verdad sobre el fallecimiento de Kevin.

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, reiteró a La FM que “los informes solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”. Subrayó que el Instituto únicamente puede actuar por mandato judicial, incluso en casos de alto impacto social.

La sentencia judicial respaldó la gestión de Medicina Legal y rechazó el argumento del ministerio de Salud sobre supuesta vulneración de derechos fundamentales al no entregarle la información.

A pesar del pronunciamiento judicial, desde el Ejecutivo se mantuvo la acusación de opacidad institucional. Esta postura ha prolongado la tensión entre el Gobierno y Medicina Legal por el acceso a documentos reservados.

Exigencias de reparación y acciones legales de la familia

La familia de Kevin Acosta no ha desistido en su búsqueda de reparación. Respaldados por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, iniciaron procedimientos de conciliación y formularon demandas contra el Estado colombiano. El miércoles 27 de mayo de 2026 está prevista una audiencia de conciliación, paso previo para exigir judicialmente una indemnización.

Familiares reclaman una reparación de más de $1.800.000.000, según información de La FM. El monto busca dividirse entre todas las personas afectadas, entre ellas la madre, Yudy Katherine Pico, las hermanas, el hermano y la abuela materna. La citación oficial involucra al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Salud, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y Nueva EPS.

La Procuraduría comprobó el daño material por la interrupción de la vida productiva del niño y la pérdida de ayuda económica futura para la familia. Los abogados defensores ven la conciliación como el camino más ágil y eficaz para conseguir una reparación, como explicó William Mejía en diálogo con el medio citado.

La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, enfatizó que “el sistema de salud defraudó a Kevin Arley” y aconsejó evitar la revictimización de la madre, previamente señalada por las autoridades antes del fallecimiento de su hijo.