Fondos privados demandaron decreto que traslada $25 billones a Colpensiones y el ministro de Trabajo respondió: “Se quedan con su dinero”

Los fondos privados de pensiones presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para suspender el decreto que ordena trasladar cerca de $25 billones de ahorros de trabajadores a Colpensiones.

Las administradoras sostienen que la medida es ilegal y que afecta a quienes no se cambiaron de régimen pensional, es decir, a millones de afiliados que siguen en el sistema privado.

El decreto fue expedido el 23 de abril de 2026 y reglamenta la Ley 2381 de 2024. La norma obliga a trasladar los recursos de las personas que aprovecharon la llamada “ventana de oportunidad”, una opción que permitió cambiarse de régimen aun estando cerca de la edad de pensión. Según cifras del documento técnico, 127.167 afiliados hicieron ese traslado.

De ese grupo, una parte ya está pensionada y otra está próxima a cumplir los requisitos. El dinero que se ordena mover corresponde a los ahorros acumulados en sus cuentas individuales y al fondo de garantía de pensión mínima. El documento estima que el total a trasladar asciende a cerca de $27 billones.

En su demanda, los fondos advierten que la medida puede generar efectos en cadena. En el documento de justificación se afirma que “el decreto 0415 genera un doble choque secuencial”. Esto significa que el impacto se produciría en dos momentos distintos, ambos relacionados con el manejo de las inversiones.

El primer efecto ocurre dentro de los mismos fondos. Para cumplir con el traslado, las administradoras tendrían que reorganizar sus inversiones. El informe explica que esto “obligaría a las AFP a vender títulos participativos para rebalancear su portafolio”. En cifras, se calcula que esa venta podría estar entre $0,46 billones y $3,59 billones.

Dicho de forma simple, los fondos tendrían que vender acciones y otros activos en poco tiempo. Cuando muchos venden al mismo tiempo, el precio puede bajar. Según el documento, esto “genera una presión vendedora sobre el mercado accionario” y podría afectar la rentabilidad de los ahorros de quienes siguen en el sistema privado.

El segundo efecto se daría después, cuando Colpensiones reciba los recursos. Como esa entidad necesita dinero para pagar mesadas, tendría que convertir esos activos en efectivo. El informe lo describe así: “Una venta de $27 billones en TES en un lapso corto crearía un choque de oferta”.

Esto significa que habría más títulos en venta de lo habitual. Cuando eso pasa, los precios bajan y las tasas suben. El documento calcula que esa situación podría desvalorizar los portafolios entre $25,2 y $30,6 billones. Es decir, afectaría el valor de los ahorros de otros afiliados.

Además, el informe advierte que los recursos dejarían de generar rendimientos futuros. Según los cálculos, si ese dinero siguiera invertido, produciría cerca de $3,79 billones adicionales. Al trasladarse, esos rendimientos se perderían porque los recursos se usarían para pagar pensiones actuales.

Otro punto que menciona el documento es el impacto en las finanzas públicas. Allí se señala que el efecto total “supera los $43 billones en pasivo pensional adicional”. En términos sencillos, esto significa que el Estado asumiría más obligaciones a futuro sin contar con esos recursos como respaldo.

Los fondos sostienen que estos efectos no dependen de decisiones voluntarias, sino que son consecuencia directa del decreto. También afirman que la medida cambia la forma en que se financian las pensiones, usando ahorro acumulado para cubrir pagos actuales.

La respuesta del Gobierno a la demanda

Desde el Gobierno, la respuesta llegó a través de la red social X. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la decisión y cuestionó la posición de las administradoras privadas.

“Los fondos privados quieren mantener su control y usufructo de los ahorros de los 120 mil trabajadores que se trasladaron a Colpensiones, incluyendo a los 25 mil que ya reciben sus mesadas pensiónales del Fondo Público. Se liberan de los ahorradores, pero se quedan con su dinero. ¡Vea pues!”, escribió.

El Gobierno sostiene que el traslado es necesario porque los recursos deben acompañar al trabajador que cambió de régimen. Es decir, si una persona decide pensionarse en el sistema público, su ahorro debe pasar a ese sistema.

El caso ahora queda en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir si suspende o mantiene el decreto mientras se estudia su legalidad. Entretanto, continúa el debate sobre los efectos de la medida y su impacto en el sistema pensional.