El representante legal de Coosalud EPS, Julián Quintana, denunció que la convocatoria a la asamblea extraordinaria realizada en la entidad fue ilegal y no produce efectos jurídicos, tras la remoción del interventor que la citó. El pronunciamiento se presentó luego del comunicado de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), que informó sobre presuntas irregularidades y un bloqueo en la asamblea de accionistas programada en la sede de la EPS en Cartagena.
Según la información oficial, la Supersolidaria indicó que, en cumplimiento de una convocatoria formal, acudieron a las instalaciones de Coosalud EPS el representante legal de Coosalud Cooperativa, accionista mayoritaria; un delegado de la Superintendencia de Sociedades y una delegada de la Superintendencia Nacional de Salud.
El acceso fue negado por instrucción directa de Jaime González y Diana Bolaños, conforme reportó el personal de seguridad del edificio. Además, la Superintendencia resaltó que el acceso biométrico del interventor saliente había sido removido unilateralmente, sin proceso formal de entrega de la administración.
En su comunicado, la Superintendencia de la Economía Solidaria advirtió: “La negativa de ingreso a una asamblea debidamente convocada puede afectar el ejercicio de los derechos de los accionistas, obstaculizar las funciones de las autoridades competentes y profundizar la crisis de gobernabilidad de una entidad que administra recursos públicos del sistema de salud”. El organismo expresó que las medidas adoptadas buscan proteger los recursos que deben estar al servicio de la salud de los colombianos.
En respuesta a estos señalamientos, Julián Quintana, representante legal de Coosalud, manifestó en sus redes sociales: “Siguen mintiendo la Supersolidaria. La convocatoria a la asamblea es ilegal: la hizo un interventor removido por el Tribunal de Bolívar. Ya lo denunciamos ante Fiscalía y Procuraduría. Un acto ilegal no produce efectos. Según la decisión judicial, solo la Junta Directiva de Coosalud puede cambiar al representante legal, no la asamblea”.
Quintana explicó que la denuncia fue remitida a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con declaraciones recogidas por Blu Radio, Quintana aseguró que, tras el fallo judicial, el interventor fue removido de manera inmediata y carecía de competencia para convocar una asamblea extraordinaria.
“El interventor fue removido inmediatamente, entonces no podía tomar ninguna decisión. Después de la decisión del juez, el interventor lo que hace es citar a una asamblea extraordinaria, sin tener la facultad y la competencia para ello, porque él ya no era interventor. Entonces ahí hay un tema, primero, de ilegalidad, de irregularidad, lo cual también lo puse en mi denuncia”, detalló Quintana según el medio.
El representante legal de Coosalud también señaló que, según la decisión judicial, la entidad debe ser entregada nuevamente al representante inscrito ante las autoridades, identificando a Jaime González como la persona que debe asumir la representación. Por este motivo, desde la administración se comunicó a los accionistas que la asamblea convocada quedaba sin efecto y se levantaba debido a la ilegalidad de la convocatoria.
“Se mandó un comunicado a los accionistas diciendo que se levantaba o se aclaraba que no había asamblea, porque la convocatoria era ilegal. Esa fue la explicación, no se le ha negado nada a nadie, pero tampoco podemos convalidar una ilegalidad surtida por el interventor”, agregó Quintana.
En su comunicación pública, Quintana reiteró que la Junta Directiva de la EPS es la única facultada para modificar la representación legal de la entidad, conforme a la decisión judicial vigente. Así, la administración de Coosalud EPS sostiene que la asamblea convocada por el interventor removido no tiene validez y que todas las actuaciones derivadas de la misma carecen de efecto jurídico.
La Superintendencia de la Economía Solidaria, por su parte, afirmó que continuará actuando en el marco de la ley y documentando cada hecho relacionado con el caso. El organismo subrayó la importancia de esclarecer quiénes estarían interesados en impedir la instalación de la asamblea de accionistas en Coosalud y anunció que mantendrá las medidas para garantizar la protección de los recursos públicos en el sistema de salud colombiano.
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